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Ciudad de México.– Con el inicio de este año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tendrá en la Magistrada Mónica Soto Fregoso su quinta titular. El anterior, el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, dejó la presidencia en medio de acusaciones, una de ellas la de permitir la injerencia de despachos de abogados en la vida interna de esta institución, como alertó el Magistrado Felipe de la Mata Pizaña.
La composición actual del Tribunal que vigilará las elecciones de este junio nació en 2016. Fue acordada por los senadores del PRI, PAN y PRD, como alertaron en su momento legisladores de oposición. El entonces Senador panista Roberto Gil Zuarth, mentor de Reyes Rodríguez y denunciado por usar su despacho Accuracy Legal como “mecanismo de extorsión y triangulación de recursos”, configuró a los cinco magistrados actuales. Ahora, el Senado inicia el año con el pendiente de renovar a los otros dos magistrados faltantes.
“Yo hice ese Tribunal, yo lo configuré, yo lo negocié con el Gobierno de (Enrique) Peña Nieto como Senador y con el hoy difunto Miguel Barbosa, coordinador del PRD. Hicimos ese Tribunal”, dijo en entrevista con Grupo Fórmula el Secretario particular del Presidente Felipe Calderón.
Como presidente de la Comisión de Justicia, el Senador panista Roberto Gil operó para que –tras una reunión de varias horas– la mayoría del pleno votara a Reyes Rodríguez, quien trabajó para él por años, Felipe de la Mata, Mónica Soto, Felipe Fuentes y Janine Otálora, quienes tomaron protesta el 20 de octubre de 2016.
Pocos días después, con ese mismo acuerdo partidista se aprobó la ampliación de su mandato hasta después de las elecciones de 2024. Pero recientemente, ante la falta de nombramiento de dos magistrados y conflictos dentro del Tribunal, hubo una rebelión interna e impusieron a Mónica Soto como su nueva presidenta.
Santiago Nieto, ahora precandidato de Morena al Senado por Querétaro, expuso a SinEmbargo las operaciones presuntamente ilícitas de Roberto Gil, de las cuales, dijo, hay constancia en las investigaciones que se llevaron a cabo desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y que él en su momento denunció ante la Fiscalía Anticorrupción de la FGR.
Apenas él mismo fue víctima del hostigamiento de ese despacho Accuracy Legal, ataque que el querétaro atribuyó a sus intenciones políticas de llegar a la Cámara Alta.
“Se trata de un despacho que sirve como un mecanismo de presión, de extorsión y de hostigamiento a partir de los movimientos del tráfico de influencias o se obtienen órdenes de aprehensión en contra de personas y después son perseguidos para que le paguen al despacho de Gil Zuarth y se acaben las controversias”, explicó en entrevista el abogado Nieto.
Un documento de la UIF al que tuvo acceso este medio lo explica a detalle: por un lado, supuestas triangulaciones de recursos públicos a través de gobiernos estatales y, por el otro, la extorsión a familias millonarias mediante ordenes de aprehensión creadas.
El gobierno del morenovallismo y de Miguel Barbosa en Puebla, así como el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas contrataron al despacho Accuracy Legal para generar operaciones simuladas (con materiales inexistentes) y con ello lavar dinero, planteó Nieto.
Solo en el caso del exaspirante presidencial panista García Cabeza de Vaca, dijo, la Unidad de Inteligencia de Tamaulipas y la Contraloría estatal presentó 52 denuncias, “en donde están incorporados tanto Roberto Gil como Javier Lozano”.
Las dependencias detectaron, entre otras irregularidades, un contrato por adjudicación directa por 9 millones de pesos del Gobierno de Tamaulipas a Accuracy Legal para servicios de “representación legal”.
Pero no existe la descripción pormenorizada de los servicios, las características, condiciones, rangos, tipos o escenarios que requiere un contrato legal, es decir, se presume una operación simulada para triangular los recursos.
El otro giro del despacho Accuracy Legal “es la extorsión”, incluso contra su propia familia, aseguró Nieto. El propio Roberto Gil habría liderado el hostigamiento, daños en propiedad ajena y amenazas contra la familia Adams, de McAllen, Texas. ¿Su delito? Una de sus integrantes estuvo casada con el cuñado del panista.
La familia Jenkins pasó por lo mismo, de acuerdo con la indagatoria de la UIF. Le solicitaron 720 millones de dólares a cambio de que le quitaran las órdenes de aprehensión que la Fiscalía General de Puebla solicitó y obtuvo en 2021 en contra de seis integrantes de la familia por presunto lavado de dinero de la fundación Mary Street Jenkins.
“Esos 720 mdd era el dinero total de la fundación Mary Street Jenkins, que había servido de base para generar la Universidad de las Américas en Puebla. No solamente la familia Jenkins fue afectada por este caso, sino también el abogado Virgilio Rincón y su despacho, lo que motivó la salida de los recursos en perjuicio de la UAP y de la sociedad poblana”, comentó Nieto al respecto.
En Tamaulipas hubo casos parecidos, compartió Nieto, quien apoyó en la campaña electoral del ahora Gobernador Américo Villareal. Por ejemplo, el del empresario Gabriel Maldonado, cercano al ex mandatario priista Eugenio Hernández, a quien se le exigió ceder un terreno de 40 mil hectáreas a cambio de que le quitaran órdenes de aprehensión.
Y el más reciente: el caso de hostigamiento de Gil contra Santiago Nieto.
El diario Reforma y El País publicaron que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera es indagado por presunto lavado de dinero a través de una red de empresas que estableció con su cuñado, Sergio Humphrey, hermano de Carla Humphrey, Consejera electoral, esposa de Nieto y expareja de Gil Zuarth.
“Es información falsa, Sergio Humphrey es socio solamente de una de las 17 empresas, él no las constituyó, fueron constituidas por el despacho de Santiago Creel. Cuando se constituyó la primera empresa, el cuñado de Sergio Humphrey era Roberto Gil Zuarth y, cuando se constituye la última, en julio de 2019, no teníamos ningún contacto, no nos conocíamos”, aclaró Nieto.
Además, al igual que las operaciones simuladas con los gobiernos de Puebla o Tamaulipas, la acusación no menciona en qué consiste la defraudación, por qué había un mecanismo de lavado de dinero o cuánto es el recurso que supuestamente se dejó de pagar al SAT.
“Todas estas empresas están al corriente con sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo que me ha comentado mi cuñado, y ninguna se encuentra listada en el 69 del Código Fiscal de la Federación, es decir, el SAT nunca las ha considerado como empresas fachada o factureras”, añadió.
ACUERDO PARTIDISTA PARA TRIBUNAL
El jueves 20 de octubre de 2016, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, el Senado eligió a siete nuevos magistrados del Tribunal Electoral de cara a las elecciones de 2018.
Los legisladores de izquierda David Monreal y Layda Sansores –hoy gobernadores de Zacatecas y Campeche– acusaron que el órgano electoral quedó “cooptado por la partidocracia” porque, acusaron, durante el proceso de selección, liderado por el panista Roberto Gil, hubo un reparto de cuotas partidistas.
El caso más claro era la relación de amistad entre el aspirante Reyes Rodríguez y Gil. Reyes Rodríguez fue secretario técnico de la Comisión de Justicia del Senado de octubre del 2012 a febrero de 2013, cuando el panista era presidente de esa Comisión legislativa. Y también fue coordinador de asesores de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República de mayo a diciembre de 2011, cuando Gil era el brazo derecho de Calderón.
“Desconozco qué negociaciones políticas, acuerdos y pagos de favores se llevaron a cabo a lo largo de este proceso de selección; viciado y desaseado para la imposición de la gran mayoría de magistrados. Aunque no es nueva esta forma de negociación de los cargos en el Poder Judicial, pero sí asombra el descaro con el que ahora lo hacen, y ya no se aprecia pudor ni decoro y, peor aún, existen candidatos con claros vínculos partidistas”, aseguró en el pleno el Senador por Zacatecas David Monreal.
Durante su turno, la Senadora Layda Sansores ironizó en que los magistrados se eligieron “bajo la máxima jurídica de cuotas y cuates”. Y cuestionó la ampliación por más años de sus mandatos sin especificar los criterios de los periodos designados.
“Por qué unos tres, por qué otros seis, por qué otros nueve años, y pocos saben en qué sótano, en qué cantina o en qué yate se tomaron las decisiones”, acusó en tribuna.
Cinco días después, el coordinador del PRI, Emilio Gamboa Patrón; el coordinador del PAN, Fernando Herrera y el coordinador del PRD, Miguel Barbosa presentaron una iniciativa de reforma para ampliar el periodo de los magistrados. El dictamen fue presentado en el Pleno y aprobado por 68 votos a favor.
Santiago Nieto, quien en ese entonces dirigía la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales (Fepade), considera inconstitucional esa modificación una vez que ya habían tomado protesta ante el Senado. Pero tiene una hipótesis.
“¿Por qué lo hicieron? Viendo el crecimiento que estaba teniendo Andrés Manuel López Obrador, lo que buscaron fue blindar que pudieran tener siempre el control de las elecciones hasta 2024”, dijo en entrevista.
Además, los senadores Roberto Gil y Emilio Gamboa –con apoyo del Consejero jurídico Humberto Castillejos– construyeron una reforma constitucional en 2014 para que los magistrados de los tribunales electorales locales también fueran designados por el Senado, designaciones que también siguen pendientes.
“El objetivo –a juicio de Nieto– era controlar las elecciones del país y afectar la democracia buscando su propio beneficio”.
No obstante, los más de 30 millones de votos a favor del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador dieron mayoría a Morena en el Poder Legislativo,”lo que implicó que el plan original de este grupo de controlar el país vía los órganos electorales ya no se materializara”, dijo el precandidato Santiago Nieto.
Aunque el especialista en derecho electoral recomendó no bajar la guardia en la nueva constitución del Tribunal Electoral.
“En este momento hay personas que fueron impulsadas algunos por el PRI, otros por el PAN y eso tiene que cambiar. La nueva integración del Tribunal Electoral debe estar integrado por personas que actúen con imparcialidad, con criterios jurídicos, que no sean mecánicos perseguidores de la 4T como Reyes o como fue Lorenzo Córdova y Ciro Murayama (en el INE)”.
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