Vie. Mar 1, 2024

Ciudad de México.- La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la Cartera Institucional de Proyectos (CIP) y los indicadores que deberán formar parte de las bases generales del Anteproyecto de Presupuesto del Instituto para el ejercicio fiscal 2023, lo que incluye más de 900 millones de pesos para los comicios en Coahuila y el Estado de México el próximo año. 

En sesión extraordinaria, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, explicó que a pesar de que el 2023 es un año preelectoral, respecto a la elección federal 2024, “el presupuesto tiene un comportamiento de contención y el crecimiento en términos reales es marginal respecto al presupuesto 2022”.

Detalló que la Cartera Institucional de Proyectos del INE se compone de tres rubros: 780 millones de pesos para la organización del Proceso Electoral Federal 2024 que inicia en septiembre, un 15 por ciento menor al de 2017, a pesar de que entonces el Padrón Electoral era de 89 millones, frente a 97 millones de potenciales electores.

Así como los procesos electorales locales de Coahuila y el Estado de México, con un Padrón Electoral de 15 millones de electores y para el que se contemplan 915 millones de pesos, un millón de pesos menos que lo que se contempló para las seis elecciones de 2022 con un Padrón de 11 millones de electores. Y los recursos operativos que permitirán hacer frente a los compromisos institucionales del INE.

El padrón electoral, recalcó, sigue creciendo y los procesos electorales del próximo año involucran un costo inevitablemente mayor, porque el principal elemento de cálculo del costo de un proceso electoral, el número de electores involucrados aumenta considerablemente. 

“El INE ha estado realizando un ejercicio de contención no menor, que implica que, a pesar de la mayor carga de trabajo, no están aumentando los montos que se solicitarán a la Cámara de Diputados (…)”, puntualizó y expuso que en caso de que la Cámara baja quiera modificar las cifras “tendrá que hacerlo por mandato de la Suprema Corte de Justicia, una motivación reforzada”.

“Por primera vez van a tener que justificar las decisiones que tomen y no podrán continuar con esa lógica arbitraria ni discrecional de modificar sin ningún tipo de justificación pública los presupuestos de los órganos técnicos del Estado mexicano”, señaló Lorenzo Córdova. 

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