Desaparición y dolor de dos mujeres del ejido El Cambio

Por Valeria López Luévanos 

Cuando se habla sobre desaparición involuntaria de personas suele revisarse los números, las estadísticas, la temporalidad en que éstas se acumularon mayormente. Pero detrás de cada número hay historias de personas con nombre, rostro, hijos, hijas, responsabilidades, querencias, familias que guardan la esperanza de que regresen a casa o que por lo menos aspiran a un día saber qué fue lo que les sucedió y encontrar sus restos y por eso les buscan sin descanso.

El 15 de febrero de 2012 salieron del ejido El Cambio, de Matamoros, Coahuila, 11 personas a bordo de una camioneta cargada de muebles que allí se fabrican rumbo

a Reynosa, Tamaulipas. El objetivo de su viaje era vender sus muebles al llegar a su destino. Sin embargo, eso nunca sucedió.

El día 17 de febrero de ese año, a la altura del municipio de Díaz Ordaz, Tamaulipas, se toparon con un retén militar. Eso fue lo último que sus familiares supieron de ellos hasta el día de hoy.

El papá de Ximena (como llamaré a la chica que me contó su historia) desapareció en aquel viaje junto con su sobrino.

Ella era muy chiquita cuando se quedó sin su padre, de modo que su mamá tuvo que dedicarse completamente a trabajar para sostener económicamente la casa, para que a ella y a sus hermanas no les faltara nada.

Eso redujo la convivencia y debilitó su vínculo: el exceso de trabajo y responsabilidades no dio espacio para nada más. Desde entonces, para ella la vida ha sido un suplicio, un infierno del que a veces cree que nunca podrá salir.

Hace unos meses Ximena tuvo un intento de suicidio. La depresión y la ansiedad la acompañan desde que fue cada vez más consciente de lo que le sucedió a su papá. 

Cuando compara su vida con la de sus compañeras de escuela, sabe que la suya no podrá nunca ser igual, sabe que alguien le arrebató esa oportunidad y que además la han hecho blanco de burlas crueles producto de la insensibilidad de las personas que la rodean. 

En la secundaria la agredían y acosaban preguntándole si su papá estaba muerto, si era verdad que lo habían encontrado sin cabeza. ¿Qué tan normalizada debe estar la violencia entre las y los adolescentes para no dolerse de una situación tan terrible y además usarla para infligir dolor a alguien? Ximena lleva un tratamiento psiquiátrico que ha tenido que pagar con sus recursos. Una de sus hermanas intentó llevar terapia con la psicóloga que atiende a familiares de las víctimas de desaparición, pero el trato le resultó déspota e insensible y decidió dejarla.

En la misma comunidad vive Esther, una mujer mayor que se ha hecho cargo de sus nietos desde que su hija desapareció en el mismo viaje que el papá de Ximena. La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif ) se los quitó porque viven en una casa humilde, usando también el argumento de que ella es muy mayor para cuidarlos; y sumando a ello que su hijo es adicto a las drogas.

La violencia que han vivido en el hogar de Esther no hace más que agudizarse. Hace 11 años ella perdió a su hija, quien también era un pilar económico en casa, situación que agudizó su precaria situación económica. Probablemente su hijo empezó a consumir drogas después de que su hermana desapareció. Esther dice que su hijo le ha dicho que si él es la causa de que no dejen a sus nietos vivir ahí, él está dispuesto a irse.

Es entendible que la Pronnif quiera lo mejor para los niños, pero en este caso habrá que analizar si es mejor darle un acompañamiento integral a la familia, ofrecerles mejores condiciones de vivienda a través de los programas sociales del Estado, acompañamiento terapéutico o incluso ir introduciendo a los tíos que se pretende sean los nuevos cuidadores de los niños antes que arrebatarlos de golpe y porrazo del único vínculo estable que conocen después de que la violencia les arrebatara a su madre.

Si analizáramos detalladamente cada caso de desaparición que existe en esta comunidad, que es sólo un pequeño punto en el mapa de las desapariciones, podríamos encontrar una mejor solución para que las familias continúen con su vida. Es urgente que el Estado en su completitud, en todos los niveles y órdenes de gobierno, trabaje para reparar el daño.

Podríamos, por ejemplo, desde el municipio, hacer un acompañamiento puntual sobre cómo se encuentran al día de hoy las familias de cada una de las víctimas y ofrecer propuestas aterrizadas a su realidad para que el Estado procure cubrir los vacíos que existen. No sólo se trata de ofrecer una despensa. Las familias necesitan escucha y acompañamiento, necesitan saber que las instituciones de justicia están ahí mientras ellas siguen buscando entre los escombros de este desgarrado país.

Se habla poco de desapariciones, sobre todo si se considera que es un fenómeno que a muchos nos toca personalmente.

Casi me atrevería a asegurar que –en las clases populares de La Laguna, al menos– todas y todos conocemos a una persona que tiene un familiar desaparecido, o conocemos a alguien que conoce un caso de desaparición.

Estadísticamente en México hay hasta ahora aproximadamente más de 150 mil personas desaparecidas. En Coahuila se estima que hay alrededor de 3 mil 115, según el registro nacional. 

De acuerdo con los especialistas, hay un importante subregistro; es decir, la cifra real rebasa por mucho la oficial. Miles de personas jamás fueron reportadas como desaparecidas (por miedo, porque no había un familiar que hiciera el reporte, porque alguien decidió que no quedara rastro o porque sus cuerpos fueron enterrados en alguna de las múltiples fosas comunes que hay en México).

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