Irregularidades e impunidad, el factor común de las minas de Alfonso González Garza “El Mupo”

Por Teresa Jiménez

Coahuila.- Con los dos trabajadores de hoy en El Mezquite, al menos 18 personas han muerto durante las operaciones mineras ligadas al empresario Alfonso González Garza “El Mupo” desde 2011 a la fecha, tiempo en el que las irregularidades y la impunidad total han sido el factor común.

El 3 de mayo de 2011 murieron 14 trabajadores y un adolescente resultó mutilado en el Pozo 3 de un predio denominado Santa María I, cuyos dueños eran Beneficios Internacionales del Norte, S.A. de C.V. (BINSA), empresa constituida por el hijo de “El Mupo”: Melchor González Vélez, “El Chorín”, y su esposa Hilda Griselda Montemayor Marines.

Sin embargo, “El Chorín”, operaba con la concesión minera que tenían en conjunto su padre González Garza y su socio Jesús María Chuma Montemayor Seguy, quienes pagaron unos cuantos miles de pesos por el título, la apertura de la mina y obras de exploración, pero no contaban con estudios geológicos.

A pesar del siniestro, “El Mupo” continuó operando concesiones y sumando tragedias: un año después, el 18 de mayo de 2012, otro minero falleció luego de que se inundó el pocito en el que trabajaba, ubicado el ejido Pueblo Nuevo, también en Sabinas.

Más recientemente, el 6 de abril de 2017, Pedro Gómez Salazar, de 53 años, falleció aplastado por rocas en la mina de “El Mezquite”, antes llamada Alpha Prime, en donde ese año ocurrieron tres incidentes relacionados con piedras que cayeron del techo, una de ellas a Lázaro Ernesto Villanueva Coronado, un joven de 19 años al que le cayó una roca en la columna dorsal.

A pesar de los siniestros, las autoridades cerraron temporalmente la mina y poco después fue reabierta.

Tanto “El Mupo” como su hermano Luis González Garza han gozado de numerosas concesiones mineras y muchas en alianza con los Montemayor, la familia del exgobernador de Coahuila Rogelio Montemayor Seguy.

En conjunto, son conocidos en la región carbonífera no solo por sus nexos con la política, sino porque los pozos en los que operan carecen de las normas mínimas de seguridad para los trabajadores, los mantienen en regímenes que saltan las obligaciones patronales y ni siquiera cumplen en materia medioambiental.