Cuando la inclusión se queda en discurso

Por Ana Castañuela 

Debido a la falta de inclusión, las personas con cualquier tipo de discapacidad se ven afectadas en el ejercicio pleno de algunos de sus derechos, entre ellos el del acceso a la justicia.

Las instituciones de justicia cuentan con las condiciones básicas de acceso para personas con discapacidad, pero no con las “suficientes”. 

Miguel Ángel Ruelas, director de Inclusión a Personas con Discapacidad del DIF Coahuila, y quien también tiene una discapacidad motriz, considera que “las personas con discapacidad no tienen acceso a las instancias de justicia en igualdad de circunstancias con respecto a los demás”. 

En Coahuila 135 mil 311 personas tienen alguna discapacidad, lo que representa el 4.3% de la población de la entidad en 2020, según datos del Censo de Población y Vivienda de ese año realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

El 9.6% de la población estatal tiene alguna limitación para realizar alguna actividad cotidiana, y el 1.1% algún problema o condición mental. 

El INEGI describe que el 47.9% de la cifra total de personas con discapacidad tiene dificultad para caminar, subir o bajar; 42.6% para ver; 20.1% para oír; 21.6% para bañarse, vestirse y/o comer; 16.1% para recordar y concentrarse: y 15% tienen dificultad para hablar o comunicarse. 

Entre los principales obstáculos de acceso a la justicia que enfrentan las personas en este tipo de condiciones se encuentran: restricciones al ejercicio de la capacidad jurídica, dificultades de accesibilidad física a las instalaciones de administración de justicia, como tribunales y comisarías de policía, y la falta de transporte accesible hacia y desde las instalaciones, según el protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

“Condiciones básicas”

En 2006 la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad reconoció en su artículo 13 el derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad, el cual determina que “los Estados Parte deben asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás”. 

El director de Inclusión a Personas con Discapacidad del DIF Coahuila expone que las dificultades del acceso a la justicia comienzan con la falta de departamentos especializados y necesarios en el Ministerio Público para la toma de declaraciones de personas con discapacidad, pues muchas veces no pueden acceder a los departamentos con facilidad.  

Destaca que las instituciones únicamente cuentan con las condiciones básicas de acceso para discapacitados, como las rampas para personas con discapacidad motriz o los cajones de estacionamiento. 

“Las instancias cuentan con las condiciones básicas de acceso para discapacitados. Sin embargo, deberían tener más intérpretes y una oficina especial de atención a personas con discapacidad en la planta baja, o un área a la que puedan acceder sin dificultad”, insiste. 

Explica que las personas con discapacidad visual tienen dificultad para acceder a los inmuebles, pues requieren de letreros en braille y una tira podotáctil para guiarse hacia el área en la que se brindan la atención. 

Ruelas resalta que es necesario que instancias como el Ministerio Público y el Poder Judicial cuenten un transporte público especial para personas con discapacidad, que abarque las rutas en las que se ubiquen las instituciones u oficinas, para darles la atención requerida.  

En 2019 la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza (PJECZ) firmó un convenio con la titular de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el Estado de Coahuila, en donde se estableció la adaptación y modificación de algunos edificios del Poder Judicial para la accesibilidad de personas con discapacidad. 

Entre las modificaciones que se implementaron destacan las rampas para personas con discapacidad motriz, espacios de estacionamiento con señalamientos, y elevadores para que las personas que tengan alguna discapacidad puedan acceder a todos los servicios que proporciona el Poder Judicial, según la titular de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género. 

Lenguaje de señas mexicano 

Las personas con discapacidad auditiva enfrentan la falta de formación profesional en lenguaje de señas mexicano de quienes se desempeñan en el área de la justicia. 

El artículo 13 de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad establece que para garantizar que estas personas tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados deben promover la capacitación adecuada de quienes trabajan en la administración de justicia, así como el personal policial y penitenciario. 

El Poder Judicial del Estado cuenta con un perito intérprete en lenguaje de señas mexicano en los municipios de Saltillo y Torreón, según la página web del PJECZ.  

Datos de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género del PJECZ muestran que en los últimos cuatro años no hubo un caso en el que se usó un intérprete de lenguaje de señas mexicano. 

El convenio que en 2019 firmaron la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación  y la PJECZ busca establecer contacto directo con personas que puedan fungir como traductores de lenguaje de señas durante cualquier procedimiento que lo requiera. 

Por su parte, la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género es el área encargada de dar capacitación a jueces y a todos los servidores del Poder Judicial para dar atención a personas con discapacidad. 

Además de la dificultad de acceso a los inmuebles y falta de capacitación, el protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad también destaca la dificultad para acceder a la asistencia y representación jurídica, la falta de información en formatos accesibles para la persona discapacitada y la falta de participación de la persona discapacitada en todas las fases de la administración de justicia. 

Miguel Ángel Ruelas habla de la importancia de contar con una impresora en Braille para las personas con discapacidad visual, pues “firman declaraciones sin saber exactamente si se tomó al pie de la letra lo que manifiestan en una demanda”. 

La empatía 

Como persona con discapacidad motriz y como profesional en el área de la discapacidad, Miguel Ángel subraya que es importante “no asustarse cuando tenemos enfrente una situación que involucre a una persona con discapacidad”, pues existen distintas vías y códigos para establecer la comunicación.  

“Muchas veces ponemos excusas de que no estamos preparados para atender personas con discapacidad, cuando lo que tenemos que tomar en cuenta principalmente es que es una persona, que la discapacidad es una condición y que todos nos comunicamos de una u otra forma, sepamos lengua de señas o no la sepamos”, expresa. 

Además, destaca la importancia de ser empáticos con quienes padecen de alguna discapacidad, y darles la atención necesaria y la confianza para que ellos puedan expresar su sentir. 

“La otra recomendación es ser empáticos con las personas que padecen de alguna discapacidad, porque todos de una u otra forma en alguna etapa de nuestra vida podemos vivir una condición de discapacidad (…) ¿Cómo me gustaría que me trataran si yo fuera el que tuviera la discapacidad?”, cuestiona. 

Considera que a pesar de que las instituciones públicas coloquen logotipos y se proclamen inclusivas, las barreras más difíciles de derribar son las psicológicas y culturales que la sociedad tiene en torno a la discapacidad. 

“No pensemos que la inclusión de las personas con discapacidad depende del número de rampas y cajones de estacionamiento que tengamos (…) La inclusión a las personas con discapacidad se va a dar cuando aprendamos a respetarlas”, finaliza. 

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