Falta garantizar derechos de trabajadoras del hogar

Ciudad de México.- En México, cerca de 2.5 millones de personas se dedican al trabajo del hogar de manera remunerada, de acuerdo con cifras de la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), de este total, solo 2.6% se encuentran afiliadas al IMSS, gozando de seguridad social y acceso a instituciones de salud. El sector ha avanzado mucho, pero falta mucho por hacer, como la implementación efectiva de las leyes.

En el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que se conmemora cada 30 de marzo desde 1988, se tiene el registro de que para febrero del 2024, ya son 62 mil 831 las personas trabajadoras del hogar que están afiliadas al IMSS. Aunque sí se refleja un avance, todavía el 97.4 por ciento de esta población está excluida de este derecho.

Esa conmemoración tiene como propósito promover el valor del trabajo del hogar y convocar acciones para reivindicar los derechos de quienes lo realizan, en su mayoría mujeres; sin embargo, solo el 39,9 por ciento tiene derecho legal a prestaciones de maternidad en efectivo. Además, solo el 13,4 por ciento recibe subsidios familiares.

Pese a las reformas aprobadas por el Congreso, todavía las personas trabajadoras del hogar -principalmente mujeres- son altamente vulnerables en términos laborales. En marzo del 2019, que inició el programa piloto para la afiliación de las trabajadoras del hogar al IMSS se contaba con poco menos de 5 mil registros.

El Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar (CACEH), organización no gubernamental fundada por Marcelina Bautista, dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos y laborales de personas trabajadoras del hogar, enfatizó que es momento de cambiar esta realidad y garantizar un trato justo para quienes se dedican a esas labores, pues es una de las ocupaciones más desprotegidas y mal remuneradas.

Este trabajo ha sido considerado como una actividad no productiva porque, según se ha pensado erróneamente, no aporta a la economía de nuestro país. Por ende, las personas que lo desempeñan viven diversas formas de discriminación laboral, la cual se suma a la discriminación por ser mujeres, por ser trabajadoras del hogar, por realizar un trabajo subvalorado.

La situación actual de los derechos de las trabajadoras del hogar en América Latina, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se estima que hay alrededor de 18 millones de trabajadoras del hogar en América Latina. Más del 70 por ciento labora en la economía informal, sin contratos formales ni protección.

Las trabajadoras del hogar suelen recibir salarios bajos en comparación con otros sectores laborales, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEM) de Brasil, el salario promedio de las trabajadoras del hogar es significativamente inferior al salario mínimo nacional. Cuando las jornadas laborales son extensas, a menudo sin límites claros entre el trabajo y el tiempo personal. Esto puede dar lugar a condiciones precarias y agotamiento físico y emocional.

Marcelina Bautista, oriunda de Nochixtlán, Oaxaca, y quien comenzó a laborar como trabajadora del hogar desde los 14 años de edad, indicó que a pesar de los avances legislativos en algunos países, como la inclusión en sistemas de seguridad social, las trabajadoras del hogar aún enfrentan barreras para acceder a la seguridad social y otros beneficios laborales.

Mencionó que en México, a partir de la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019, tienen derecho a:

Nueve horas de descanso nocturno continuo
Descanso diario de tres horas entre el horario matutino y el vespertino
Un descanso semanal de día y medio
Contar con una habitación cómoda e higiénica
Alimentación sana y suficiente
Pago anual de 15 días de salario por concepto de aguinaldo o parte proporcional, según sea el caso
Trato digno, respetuoso y amable
Respeto a su condición física, étnica, religiosa, económica y preferencia sexual.

En resumen, agregó, la precariedad laboral entre las trabajadoras del hogar en América Latina se caracteriza por la falta de protección legal y laboral, salarios bajos, jornadas laborales extensas, falta de acceso a la seguridad social y discriminación en el lugar de trabajo. Estos desafíos destacan la urgencia de implementar medidas efectivas para mejorar las condiciones laborales y proteger los derechos del grupo de trabajadoras del hogar.

Mencionó que en la mayoría de los países de América Latina, las condiciones son muy similares en cuanto a la cultura, por ejemplo, o el sistema jurídico. Los derechos de este sector laboral normalmente se encontraban en apartados especiales y por décadas fueron atendidos superficialmente, hasta que llegaron las mismas trabajadoras del hogar a hablar en su nombre y a organizarse para defender sus derechos.

Así, dijo, se originaría en 1988 la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (Conlactraho), conformada por mujeres de 11 países: México, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina. En su primer encuentro, las participantes establecimos dos acuerdos importantes:

Constituir una Confederación que uniera a todas las organizaciones y fuera la base de un movimiento latinoamericano de trabajadoras del hogar.

Que el día 30 de marzo fuera el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, para que en este día se divulgue la situación de discriminación y la violación a nuestros derechos.

Indicó que la Conlactraho se convertiría en la única organización que representara al movimiento latinoamericano y del Caribe de las trabajadoras del hogar; impulsa, desarrolla y fortalece la lucha por reivindicar y mejorar las condiciones de vida del sector. También, ha generalizado la denominación “trabajadoras del hogar” para el sector, rechazando los nombres peyorativos.

Marcelina Bautista, quien comenzó a organizar a sus compañeras para conocer y defender sus derechos laborales, precisó que la lucha histórica de las trabajadoras del hogar permitió la regulación de esta actividad; por lo tanto, la formalización y lo que presenta un régimen establecido en la ley, destacando el pago de un salario justo, la jornada de ocho horas, los periodos de descanso obligatorio y el acceso a la seguridad social obligatorio, entre otras prestaciones.

“Hemos avanzado mucho, pero falta mucho por hacer, pues la implementación efectiva de las leyes se enfrenta a problemáticas de resistencia a diario por parte de las trabajadoras como sector laboral en varios países, porque no se cuenta con difusión permanente o falta un marco jurídico hacía un trabajo digno como lo propone la Organización Internacional del Trabajo”, expresó.

Marcelina Bautista, quien en 2000 fundó el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar (CACEH), destaca el hecho de que la regulación del trabajo del hogar en América Latina no queda hasta allí, hacen falta esfuerzos de cada país para la implementación efectiva que ayude a eliminar las trabas que impiden la formalización de una relación laboral, basada en derechos y obligaciones de trabajo.

Todas las trabajadoras deben poder ejercer sus derechos humanos laborales sin discriminación, sin miedo a exigirlos. Lo que se pide es el cumplimiento de los derechos, ni más ni menos, lo que establece la Ley, precisó.

Grandes líderes del movimiento en AL

Conlactraho está representada por un secretariado de 7,000 integrantes de distintos países, mujeres que cuentan con trayectoria organizativa y experiencia laboral de más de 20 años como trabajadoras del hogar. Ellas se han destacado en sus países en la lucha por los derechos de las trabajadoras del hogar y han ocupado la secretaría general de la Conlactraho. A pesar de las dificultades, lograron grandes avances tanto a nivel nacional como internacional:

Aída Moreno Valenzuela. Chile, 1939-2021. Fundadora de Conlactraho, dedicó su vida al movimiento en su país y en América Latina.
Basilia Catarí. Bolivia, 1965-2021. Fundadora de la Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar de Bolivia.
Casimira Rodríguez. Bolivia, 1966. Líder del Sindicato de Trabajadoras del Hogar de Cochabamba. De 2006 a 2007 fue ministra de Justicia en el primer gobierno del presidente de Bolivia Evo Morales.
Marcelina Bautista. México, 1966. Fundadora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar (CACEH).
María del Carmen Cruz. Nació en Nicaragua y emigró a Costa Rica, donde ha presidido Asociación de Trabajadoras Domésticas (Astradomes)
Cleide Pinto. Brasil. Presidenta del Sindicato de Trabajadoras y Empleados del Hogar (SinDoméstica), actual secretaria general de la Conlactrahp.
Marcelina Bautista Bautista, también fundó en 2015, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SInactraho) y, en 2022, la Casa Aída, un lugar de encuentro, capacitación y refugio para ese sector. Ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales.

Datos clave en América Latina y el Caribe

En América Latina y el Caribe, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y OIT, se puede estimar que entre 11 y 18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, de las cuales el 93% son mujeres.

El trabajo doméstico supone en promedio entre el 10,5%, según cálculos de CEPAL con base en 18 países de la región, y el 14,3%, de acuerdo con estudios de OIT con base en datos de 16 países, del empleo de las mujeres en la región, lo que significa que una parte importante de la población activa, especialmente de las mujeres, lo hace en condiciones precarias y sin acceso a la protección social.

De acuerdo con OIT, los países con mayor proporción de mujeres empleadas en el servicio doméstico son Paraguay, Argentina y Brasil. Sus ingresos son iguales o inferiores al 50% del promedio de todas las personas ocupadas, a pesar de que en casi todos los países existe un salario mínimo establecido legalmente.

De la misma fuente, más del 77,5% de las mujeres empleadas en el sector del trabajo doméstico lo hacen en condiciones de informalidad. A nivel subregional, los datos de 2018 para el Caribe marcan una informalidad muy alta en varios países (superior al 90%), que se reproduce también en Centroamérica (97,6%), y le siguen los países andinos (81,9%) y el Cono Sur (63%).

Entre los países de la región con mayores niveles de formalización del empleo se encuentra Uruguay con cerca del 70% de afiliación a sistemas de pensiones. Por el contrario, entre los países con cobertura más baja (inferior al 10%) se encuentran Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú.

En cuanto al peso de las personas migrantes dentro del sector de trabajo doméstico, las estimaciones de la OIT señalan que un 17,2% de las personas ocupadas como trabajadoras domésticas son migrantes, siendo un 73,4% de ellas mujeres. Por otro lado, según cálculos de la CEPAL con datos de la ronda censal 2010 para ocho países, un 63% de las personas que se desempeñaban a la fecha en el empleo doméstico eran afrodescendientes. 

En muchos casos, a la discriminación que sufren estas personas por el trabajo que realizan se le agrega la discriminación por su condición de migrantes, o su característica racial y étnica. En síntesis, la población afrodescendiente e indígena se encuentra sobrrepresentada en el trabajo doméstico, reafirmando el carácter clasista y racista de un trabajo no debidamente regulado, controlado ni remunerado en el que queda mucho camino por recorrer para garantizar los derechos de las trabajadoras.

En 2011, la OIT adoptó el Convenio núm. 189 sobre las y los trabajadores domésticos, que a la fecha ha sido ratificado por 30 países en todo el mundo, de los cuales 16 pertenecen a América Latina y el Caribe (55% del total de las ratificaciones). En este Convenio se establecen pautas para que los Estados garanticen derechos y protección social para las personas trabajadoras domésticas.

Entre otras medidas, el Convenio establece que todas las trabajadoras domésticas tienen derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable, y que deberían adoptarse medidas eficaces, teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico, a fin de asegurar la seguridad y la salud en el trabajo de las trabajadoras domésticas (Art. 13). A su vez, prevé que se deberán adoptar medidas apropiadas, a fin de asegurar que las trabajadoras domésticas disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social (Art. 14).

Adicionalmente, los países de la región han impulsado diferentes normativas para garantizar el acceso a los derechos laborales y de seguridad social de las trabajadoras domésticas. Entre ellas se destaca la Ley de Trabajo doméstico de Uruguay y Chile, el reconocimiento de iguales derechos en el código del trabajo de Ecuador, la reforma a la Constitución Federal de Brasil, y la Ley de régimen especial de contrato de trabajo para personal de casas particulares de Argentina.

La ratificación del Convenio 189 ha llevado a varios países a impulsar reformas en la legislación laboral, a fin de adecuarla a los principios que este plantea, acercando o equiparando los derechos de las trabajadoras domésticas remuneradas (TDR) a los del resto de personas asalariadas. Algunos países habían iniciado con anterioridad un proceso de reformas para mejorar los niveles de protección laboral de estas trabajadoras. Ver más en Brief 2020, CEPAL, OIT y ONU Mujeres.

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