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Ciudad de México.- De forma por demás acelerada, la reforma electoral o el conocido Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador avanza ahora en el Senado de la República. Esto, a pesar de los pronunciamientos de la oposición en contra y de la serie de inconsistencias y atentados constitucionales que han sido señalados desde que la iniciativa fue enviada a la Cámara de diputados.
Una vez llegado al Senado, el Plan B de López Obrador podía enfrentar que Ricardo Monreal regresara la minuta a la Cámara de diputados porque no permitiría modificaciones a la Constitución a través de leyes secundarias, menos sin un estudio legislativo profundo con el agravante de la mala redacción y severas inconsistencias legales, no obstante avanza sin retrasos.
Con respecto de los señalamientos, Ricardo Monreal mencionó que detectaron reformas en al menos 70 artículos de la Constitución y en el senado buscarían enmendar los excesos, pero al parecer, en la minuta continúan estas reformas. Lo anterior pondría en duda la certeza de las elecciones del próximo año, donde estarán en juego 27 cargos, entre ellos las gubernaturas del Estado de México y Coahuila.
Es importante señalar que esta aprobación “de rapidito” se da a pocos días de llegar el periodo vacacional decembrino y de que se diluya la atención social en el tema, además del término de las labores del periodo ordinario de sesiones. Todo esto contribuiría a su aprobación sin mayor detenimiento.
Plan B pone en riesgo paridad y restricciones para agresores
El avance del Plan B en el Senado ha estado avalado por las comisiones. Aunque realizaron importantes ajustes que excedían la Constitución e informaron que han buscado corregir los excesos, el contenido de las modificaciones sigue levantando controversias y fuertes señalamientos por parte de la oposición por ir contra la equidad y transparencia en la contienda electoral.
Entre los señalamientos que se incluyen a estas modificaciones estaría la restricción de la facultad de sanción del Instituto sobre conductas cuya facultad corresponda a otras autoridades, fiscales o administrativas y su posibilidad de vincularlas con conductas electorales.
En este sentido, se establece que las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales no pueden condicionar el ejercicio de los derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía solicitando requisitos adicionales a los que expresamente determinan la Constitución y la ley, por ejemplo, para el registro de candidaturas.
Lo anterior quedaría asentado en el artículo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y tanto diputados como senadores coincidieron en su adhesión.
Esto podría atentar contra la Ley 3 de 3 y otras iniciativas similares. En Yucatán e Hidalgo se han aprobado estas reformas, las cuales impiden que deudores alimentarios y agresores por razones de género puedan acceder a cargos públicos de elección popular.
Colectivas como Las Constituyentes MX están impulsando esta iniciativa en toda la República Mexicana desde 2018. No obstante, todavía no hay una regulación al respecto a nivel federal. Y, ahora, el Plan B de la Reforma Electoral pone en riesgo el avance de esta propuesta, aún cuando se ha analizado muchos agresores hacen uso de sus posiciones de poder para eludir sus responsabilidades, eximirse de la justicia y revictimizar a aquellas personas a quienes agreden.
Los grupos opositores encabezados por el senador Emilio Álvarez Icaza convocaron a la ciudadanía para hacer oposición al Plan B e impedir que se vote antes de concluir el periodo ordinario de sesiones, es probable que echen mano de acciones en grupo para evitar que esto suceda como romper quórum o provocar debates extensos en aras de la dilación para presionar a integrantes de Morena.
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