Desaparecidos, la gran deuda de Coahuila

septiembre 26, 2022
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Por Katya González 

BRANDON, ESTEBAN, HUGO Y GERARDO

“No me voy a cansar, mi amor, no voy a parar de buscarte. Tu hermanita y yo te seguimos buscando con el mismo amor. No voy a parar porque te lo he prometido”: Lourdes Herrera habla a su hijo, Brandon Acosta Herrera, quien desapareció a sus 8 años el 29 de agosto del 2009 en Ramos Arizpe, junto a su padre Esteban y sus tíos Hugo Alberto y Gerardo Acosta Rodríguez, mientras viajaban con destino a Apodaca, Nuevo León.

El sábado 29 de agosto salieron de casa el pequeño Brandon, junto a Esteban y Hugo rumbo al Hospital Universitario de Saltillo, en donde verían a Gerardo, quien se encontraba cuidando de su madre.

Gerardo y Hugo son ciudadanos norteamericanos, por lo que su siguiente destino era el aeropuerto Mariano Escobedo; Hugo se disponía a regresar por su trabajo.

Según las llamadas registradas en el sistema de emergencias, esa tarde, personas que circulaban por el lugar de los hechos pidieron auxilio, solicitando unidades a las afueras del aeropuerto Plan de Guadalupe en Ramos Arizpe. En las llamadas mencionaban que se registraba un accidente automovilístico, otros que había una familia en la carretera y otros que había hombres armados rodeando un coche.

“Según las investigaciones, varios vehículos forzaron a mi esposo a salir de la carretera; fueron rodeados por hombres armados… fue cuando desaparecieron. Desde ese día no sé nada, no tengo noticias y eso es lo que hay en base a los datos recabados”, comenta Lourdes.

Por más de diez años, las familias coahuilenses se han convertido en buscadoras: han recorrido campos y desiertos en busca de restos humanos. A finales de 2017 se tenían registradas más de 18 mil 700 víctimas indirectas por desaparecidos en el estado, de acuerdo con el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

“Algo que pasa en el estado de Coahuila, es que hay gente y trabajadores apáticos y negligentes. Muchos años estuvo estancado mi expediente, sin embargo, sí hay avances muy alentadores en las investigaciones”, añade Lourdes.

Lourdes se contactó con personas que tenían situaciones similares a la de ella, unas semanas después de que se registraron los hechos.

“FUUNDEC-M no existía, pero éramos familiares de 21 personas desaparecidas en cuatro eventos”, relata.

Temiendo por sus vidas y por la de sus seres queridos desaparecidos, decidieron organizarse con apoyo del obispo Raúl Vera y, el 19 de diciembre de 2009, hicieron públicas las desapariciones en Coahuila.

“Fue como una bomba porque había un silencio en el estado por parte de los medios y del gobierno. Una vez que se hizo público, más personas que pasaban por lo mismo se integraron al grupo. Las desapariciones de personas son reales, todos estamos expuestos”.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en lo que va del 2022 hay 17 personas desaparecidas en Coahuila, la mayoría de los casos se registran en los municipios de Torreón, Saltillo y Piedras Negras.

“Exigimos que ninguna familia tenga que esperar a su hijo en casa, que no esté esa silla vacía, que se respete la vida y que las autoridades sepan que vamos a seguir hasta encontrarles. Tengo mucha fe y esperanza, nuestra búsqueda es de amor.”

CÉSAR

Rosa Angélica García y María Guadalupe Álvarez, madre y hermana de César Álvarez, lo buscan desde el 12 de enero de 2011, tras su desaparición en Piedras Negras.

“Cesar residía en Dallas, Texas. Vino en diciembre del 2011 a pasar las fiestas decembrinas con nosotros y regresó en 2012 a Estados Unidos. En el trayecto desapareció”.

Su madre, Angélica García, presentó la denuncia correspondiente con los pocos datos con los que contaba tras no saber nada de su hijo en casi una semana. Desde que salió de Saltillo trataron de contactarle, pero le perdieron la pista en la ciudad fronteriza.

“Cada día que pasa, cada instante, el no saber de mi hijo, mi corazón comenzaba a entrar en angustia”, cuenta.

Una semana después de la desaparición de César, su pareja, Lorena Osornio, le confirmó a Angelica que su hijo nunca llegó a su destino y aportó nuevos datos que fueron agregados a la carpeta de investigación del caso.

En el proceso, alguien le habló de FUUNDEC, donde la asesoraron y orientaron.

“En el colectivo estamos en el mismo sentir: son nuestros hijos, esposos y hermanos que nos hacen falta en nuestra casa. En el Ministerio Público en Coahuila, en dos ocasiones, me dijeron que ya no lo buscara, que mi hijo ya estaba muerto”.

Angélica comenta la terrible experiencia que vivió con el Ministerio Público del estado, cuyos funcionarios, sin tener pruebas contundentes, le pidieron que ya no buscara más a César pues él ya estaba muerto. Le entregaron un documento en donde se deslindaban del caso declarándose incompetentes e informándole que su expediente había sido remitido a Piedras Negras, lugar donde desapareció.

Según el testimonio de la familia, la Delegación de la Fiscalía en Piedras Negras no ha llevado a cabo las indagaciones correspondientes, pues no les han informado de avance alguno. Su caso también es atendido por la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, sin embargo, cuando hay un avance significativo en la investigación les cambian de agente.

A 10 años de la desaparición de César, Angélica se siente apoyada para continuar con la búsqueda de su hijo y mostrar a la sociedad lo que el colectivo ha hecho en unidad con sus integrantes.

“Las desapariciones siguen, luchamos porque no se repitan y que las personas regresen a su hogar. Es un espacio vacío que nunca se puede llenar. Hoy fue nuestro familiar y mañana puede ser el de quien sea”, comenta María, hermana de César.

“Es algo muy difícil, no se supera. Estamos con el corazón destrozado, pero confiamos en Dios y en todo lo que hacemos, que todo nuestro esfuerzo traiga los resultados que queremos: ver a nuestros familiares de regreso en nuestra casa”, finaliza Angélica.

DAN

“Ya son 14 años y no hay una investigación porque están involucrados militares. Fueron militares quienes desaparecieron a mi hijo y por obvias razones no se investiga. Seguí todos los pasos, me fui por la línea, he agotado todas las instancias en el país”, expresa entre enojo y frustración Yolanda Morán, madre de Dan Jeremeel Fernández Morán, quien fue desaparecido por un grupo de militares el 19 de diciembre del 2008 en Torreón. Desde entonces, su madre lo ha buscado incansablemente.

Tras la desaparición de Dan, su madre presentó la denuncia correspondiente en la PGJE, sin obtener respuesta. El 4 de febrero de 2009, fue informada por la policía que el teniente de Caballería, Ubaldo Gómez Fuentes, adscrito al área de inteligencia de la 11 Región Militar en Torreón, fue detenido con el automóvil de Dan. Ubaldo y delató a cinco cómplices, de los cuales, solo fueron capturados tres. El teniente de infantería Ricardo Albino Navarro y el teniente Miguel Ángel Lara quedaron prófugos.

Los detenidos fueron trasladados al Centro de Readaptación Social en Torreón y unas horas después un comando armado ingresó al área varonil del penal para matar a Ubaldo y a sus cómplices, además de liberar a nueve reos involucrados en delincuencia organizada y narcotráfico. Un año más tarde, en el 2010, Ricardo Albino fue detenido y asesinado un mes después dentro del reclusorio.

“Hasta ahora no tengo información ni investigación que me lleve a su paradero, a encontrarlo. Mi hijo va a cumplir 14 años desaparecido y la exigencia es la misma, los queremos y los buscamos vivos, es mi esperanza de madre, pero en última instancia, hay muchos cuerpos por identificar en el país. Estamos buscando y exigiendo a las autoridades que identifiquen a esos más de 52 mil cuerpos que hay en fosas comunes en todo el país”, externa Yolanda.

El 25 de octubre de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 42/2018 en donde son señalados diversos servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila como autoridades responsables por deficiencias en la integración de la averiguación previa que se inició de manera tardía tras la desaparición de Dan.

“La Comisión Nacional de Derechos Humanos exigió al estado de Coahuila la investigación del caso de mi hijo. Ya entregamos el expediente al comité de desaparición forzada de la ONU que nos visitaron en noviembre, ya lo recibieron y están por comenzar con la recomendación al Estado Mexicano de la búsqueda de mi hijo”.

A partir de 2006, cuando se registró un alza en las desapariciones en Coahuila, según datos del Centro Nacional para el Combate a la Delincuencia, familiares y madres de desaparecidos se unieron formando colectivos apoyados por el obispo Raúl Vera, así fue como nació el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M); más tarde, las primeras integrantes de FUUNDEC integraron lo que hoy es el colectivo “BÚSCAME”.

“Hemos trabajado desde entonces como FUUNDEC y luego como BÚSCAME. Nosotros lo fundamos hace casi 14 años. Los mismos que hemos trabajado creando la Ley de Desapariciones, la Ley de Declaración de Ausencia y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Humana, ahora trabajamos para tener el Centro Nacional de Identificación Humana”, precisa Yolanda.

En BÚSCAME, actualmente hay 39 casos compuestos por 1 a 15 desaparecidos, cada uno. Existen más de 80 colectivos a nivel nacional que conforman el Colectivo Por Nuestros Desaparecidos en México, distribuidos en más de 24 estados del país.

En México existen más de 104 mil desaparecidos, y en Coahuila, según registros de la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado, hay 2 mil 446 personas en búsqueda y se han localizado 3 mil 792, del 2001 a la fecha.

“Somos muchísimos los integrantes. El gobierno sale a decir que en México no pasa nada y todo está bien y pues, no es verdad, continúa la violencia”. 

Desde la desaparición de Dan, la FGJE ha sido negligente omitiendo líneas de investigación que permitan dar con su ubicación o determinar las causas por las cuales fue desaparecido de manera forzada.

“Las fiscalías son el mayor problema: no cooperan, no ayudan, no investigan y no judicializan. Estamos tratando de empujar al gobierno a que se ponga a trabajar porque nos dicen que nosotros somos las que andamos buscando, escarbando y sacando cuerpos de fosas en el desierto. Pues sí, estamos escarbando por amor a nuestros hijos. El trabajo es de la fiscalía, no de los comisionados, y ellos no cooperan, y no aportan los expedientes de los cuerpos que ellos mismos enterraron”.

Yolanda señala que ella y su familia son blancos de amenazas por continuar con la búsqueda de su hijo, por lo que como medida de seguridad se han visto en la obligación de dispersarse a lo largo del país. La familia Fernández Morán vive escondida para poder protegerse, ya que, según el testimonio de Yolanda, no se cuenta con mecanismos de protección eficientes para las familias de las víctimas, además de la falta de voluntad política por parte de las autoridades.

“Estamos dispersos porque si me pasa algo a mí, ya sé que están mis hijos que continuarán con la búsqueda”.

LAS BUSCADORAS

A partir de 2018, con la publicación de “El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y su camino hacia la incidencia legislativa: la siembra colectiva, una apuesta por la esperanza”, libro del movimiento cuyo nombre lleva la publicación, se hizo visible la existencia de más de 52 mil cuerpos que se encuentran en las fosas comunes del país aún sin identificación, lo cual ha promovido avances en las leyes sobre la búsqueda de desaparecidos exigiendo la identificación de dichos cuerpos.

Yolanda comenta que es muy poca la identificación de los cuerpos recuperados en las búsquedas llevadas a cabo por los colectivos. Hasta el momento, de los identificados, ninguno corresponde a alguno de los casos pertenecientes a los colectivos de Coahuila, sin embargo, se han identificado y entregado cuerpos a familias sonorenses.

La cifra de desaparecidos y cuerpos sin identificación sigue aumentando. Como ‘solución’ a las desapariciones en Coahuila, el gobierno del estado presentó el Plan Estatal de Exhumaciones e Identificación Forense (PEEIF) en 2017, que tiene como objetivo la identificación de cuerpos que permanecían en fosas comunes.

A finales del 2020 se habían identificado a tan solo 13 personas; 12 fueron entregadas a sus familiares, de acuerdo con el colectivo FUUNDEC-M.

“Hay resultados, todavía no salen de los nuestros, pero no perdemos la esperanza porque están haciendo muy buen trabajo”, señala Yolanda.

“Es lo último en lo que estamos, en la exigencia. Acabamos de apoyar y empujar reformas a la Ley de Desaparecidos del presidente Andrés Manuel López Obrador”, agrega.

Entre el 2021 y lo que va del 2022 se han registrado cinco exhumaciones masivas: En Torreón, en los panteones 1 y 2; en Saltillo, en dos panteones; en Parras, el pasado 8 de agosto, donde fueron recuperados 7 cuerpos aún sin identificar, y en septiembre iniciará en San Pedro de las Colonias.

En Torreón la acción tuvo una duración de 17 días, en la cual se logró la recuperación de 148 personas en un total de 50 fosas, trabajadas por 4 equipos, compuestos de 2 arqueólogos, un auxiliar y dos excavadores.

El pasado 30 de agosto se dieron cita a las afueras del Palacio de Gobierno familiares de personas desaparecidas en Coahuila.“Hasta encontrarles”, gritaban a una voz los familiares mientras recorrían las calles del centro de Saltillo, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. 

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