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Hace cinco meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia crucial para preservar la sustentabilidad del acuífero principal en la región lagunera, con el fin de prevenir la sobreexplotación del recurso hídrico, sin embargo, hasta el momento, las autoridades responsables no han tomado medidas concretas.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha sido objeto de críticas debido a su aparente evasión en cuanto al cumplimiento de la sentencia, mientras tanto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó un documento titulado la «Ruta Crítica» que detalla acciones a emprender, aunque su actitud parece estar más orientada a proteger los intereses de los concesionarios y no de la comunidad.
Tanto el juez de Distrito como las organizaciones civiles han demostrado comprensión de la complejidad del tema, otorgando prórrogas para permitir el cumplimiento de lo acordado.
La Semarnat se encuentra en la obligación de llevar a cabo acciones específicas conforme a lo dictado por la Corte, como la creación de un programa conjunto para la gestión sostenible del acuífero, un subprograma de acciones concretas, un cronograma y un esquema de financiamiento.
Sin embargo, el plazo estipulado ha expirado sin que se lograra el cumplimiento de estas disposiciones.
La Semarnat «en tres ocasiones ha manifestado imposibilidad material para cumplir la sentencia, bajo el argumento de que es Conagua quien debe realizar las acciones, el juez le ha negado estas manifestaciones, por lo que ha impugnado la orden», expresó Luis Eduardo Pedroza García, abogado de las organizaciones civiles.
En agosto, la Conagua presentó una solicitud al juez de distrito para revocar una medida que suspendía la concesión de prórrogas hasta que se cumpliera con la sentencia y se estableciera un parámetro de sustentabilidad en el uso del acuífero, porque «ha generado mucha inconformidad en los concesionarios».
Por su parte, los demandantes celebraron un convenio de colaboración con el Centro de Geociencias de la UNAM para establecer las bases institucionales de apoyo y capacitación a través de un diplomado.
Esto asegurará que cualquier acción propuesta en el Juzgado para restablecer la sustentabilidad esté respaldada por la ciencia.
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