Redacción El Coahuilense
Aunque la policía de Torreón fue objeto de señalamientos y es el ayuntamiento el que tendrá que emitir un reconocimiento de lo ocurrido y reparar el daño, la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) repasó a todos los cuerpos de seguridad estatales, incluida la Agencia de Investigación Criminal.
El motivo: las acciones para replegar la protesta del 8M, en la Plaza Mayor de Torreón, donde mujeres e infancias resultaron afectadas por exceso en el uso de fuerza.
El ombudsman José Ángel Rodríguez Canales sentó un precedente que, por lo dicho por la colectiva “Mujeres que luchan por mujeres”, es la segunda en su tipo en todo el país, relativa a una marcha feminista. Discreto, el ombudsman coahuilense se acaba de anotar un tanto.
Si bien es cierto que la recomendación implica mayoritariamente acciones de carácter administrativo (crear protocolos, capacitar en perspectiva de género, crear reglamentos, entre otros), la identificación y sanción de elementos policiacos resulta relevante y objeto de seguimiento.
La bola queda en la cancha del comisario de Torreón, Alfredo Flores Originales, así como del secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez, a quien además, el respetable círculo rojo le recuerda que todavía le falta Saltillo.
El fracaso de Blanca
Como estaba previsto, la última instancia a la que pudo acudir la panista Blanca Lamas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, terminó confirmando lo que el Tribunal Electoral del Estado, la Sala Regional y los órganos internos del propio PAN habían resuelto: que la elección de Elisa Maldonado se realizó con apego a la ley y el marco estatutario.
La panista lagunera reclamaba que el proceso la excluyó por un aspecto relacionado con las firmas de respaldo militante para poder participar en el proceso interno de su partido, aspirante como era a la dirigencia estatal. Y es que, aunque logró el número de firmas, éstas no contaron con la dispersión geográfica suficiente.
Para los observadores del desarrollo del proceso panista, el problema estuvo siempre en una mala lectura que, Blanca Lamas y su equipo, hicieron de la convocatoria a la renovación de la dirigencia estatal del PAN. Luego, cada alegato resultó desechado.
Con lo anterior, Elisa Maldonado queda totalmente libre de procedimientos en relación a su segundo período como dirigente panista en Coahuila y, con eso, se pone punto final a la disputa jurídica, no así a la confrontación política que Lamas, junto a la también diputada Edith Hernández Sillas y su par, Alfredo Paredes, llevaron al punto de amagar con fracturar la coalición.
Aunque esta última medida no duró más que una conferencia de prensa, el encono sigue y basta advertir que al coordinador parlamentario y dirigente interino que condujo el proceso interno, Gerardo Aguado, le ha resultado más fácil superar diferencias con la oposición que con Blanca Lamas quien, de plano y en vista de los resultados, ya ni le habla, muy así de ¡córtalas!
Represión laboral en la UTRC
Una operación encabezada por el subsecretario de Educación Superior, Saúl Noguerón Contreras resolvió la inconformidad de funcionarios y docentes en la Universidad Tecnológica de la Región Centro (UTRC) de la manera más simple: los despidió.
La tarde del martes 15, las 12 personas que habían emitido posicionamientos públicos y cartas para acusar corrupción y malos manejos en esa casa de estudios, fueron notificados de su despido. Al amanecer del miércoles, ya ni siquiera se les permitió el acceso al campus.
Luego de varias semanas de permanecer instalado en la UTRC, el subsecretario Noguerón renunció a la política, a la vía del diálogo, a la conciliación para cerrar –al menos ese fue su objetivo—la ola de reclamos en un proceso que llevaba meses colocando en el centro de la crítica al rector Alfredo Oyervides, quien por cierto, es hermano de la influyente diputada priísta, Guadalupe Oyervides.
El mencionado rector ni siquiera se presentó ayer en el plantel, por lo que los afectados no pudieron encararlo.
Naturalmente, se prevén acciones en materia laboral que a la postre pueden resultar costosas al erario. Pero, en especial, surge la duda sobre la relación entre Noguerón y el secretario de Educación, Emmanuel Garza Fishburn, pues entre las principales impulsoras de los reclamos reprimidos destaca una docente que es su familiar.
Asunto energético
El gobernador Manolo Jiménez se reunió ayer con la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, para revisar diferentes proyectos que están en curso en el estado, tanto de energías limpias como de los contratos de carbón.
Los proyectos limpios no se precisaron pero para nadie es un secreto que, en la pasada administración, la dirección de Manuel Barttlet en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), convirtió el suministro de carbón en asunto faccioso.
Ahora, la relación se advierte más tersa.
Más de CFE
Por cierto que las deficiencias en el suministro de energía, en Saltillo, llevan varios meses afectando no sólo el consumo de los usuarios domésticos sino los sistemas de bombeo y distribución de agua en la ciudad.
Ayer, el alcalde Javier Díaz, se reunió con el superintendente de CFE, Roberto Velázquez Ceja, para ver si ya le van echando ganitas al restablecimiento de la luz que dejó a oscuras a unos 12 mil saltillenses la tarde del martes.
La situación es crítica. En lo que va del año se han registrado alrededor de 130 fallas. Velázquez Ceja se refirió en concreto a lo ocurrido el martes, atribuyendo el problema a la tormenta eléctrica y no al servicio.
Como sea, Iván José Vicente, el gerente de Aguas de Saltillo, recordó que la situación no se regularizará, aunque desde la tarde de ayer se reestableciera la energía, pues la presurización de tuberías tarda días en normalizarse.
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