Redacción El Coahuilense
CDMX.- A su corta edad comparten una misma realidad. El comienzo fue distinto para cada una de ellas y ellos. Fotografías en dispositivos móviles o álbumes familiares son la única prueba de un pasado borroso. Imágenes de las primeras semanas de sus vidas, su bautizo, reuniones familiares o de sus cumpleaños son la única forma para José Ramón (seis años), Celeste (nueve años) y los hermanos Nathan Daniel (12 años) y Aitana (cinco años) de imaginar el amor y la protección de sus madres. Los cuatro menores, habitantes de Sonora, Tamaulipas y la Ciudad de México no se conocen, pero a pesar de los cientos de kilómetros de distancia de los lugares donde habitan, sufren un mismo dolor: la orfandad por feminicidio, una violencia invisible y sin registros gubernamentales.
De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) en México no existe un padrón de menores huérfanos por la pérdida de sus madres y tampoco un seguimiento detallado para protección y atención, a pesar que el 8 de agosto del 2021 la Secretaría de Gobernación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), el Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres) y Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), expidieron el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio (NNAOF).
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El documento establece el derecho de los menores para ayuda inmediata, atención, acceso a la justicia y reparación integral del daño, a través de servicios legales, médicos y de asistencia social del gobierno, así como efectuar un registro (individual) en cada institución de cada caso. Sin embargo, a más de cuatro años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) no se efectúa.
“No hay cifras oficiales. Es un hecho que esto no existe, es una de las expresiones de la violencia e invisibilidad de niñas, niños y adolescencias que sufren la pérdida de sus madres por la violencia feminicida. Al tener conocimiento de un caso, las autoridades de los tres niveles de gobierno no se están haciendo una pregunta extra: ‘si la mujer víctima de feminicidio tenía un hijo o hija’. No hay una información oficial. No existe porque las fiscalías y las procuradurías del menor no levantan los datos, y tampoco los Semefos”, comenta Tanía Ramírez, directora de Redim.
La Organización Editorial Mexicana (OEM) solicitó información de menores en esta condición, así como la asistencia otorgada por el Estado a los sistemas DIF locales, fiscalías generales de justicia y a las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas. La información recabada por la OEM muestra que en siete estados el DIF tiene la cuenta de huérfanos por feminicidio; en 16, las fiscalías locales, y en siete, los datos son de las comisiones ejecutivas estatales de atención a víctimas
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En algunos estados, las instituciones reconocieron un levantamiento de datos a partir de la publicación (2021) del NNAOF. Sólo cinco entidades tienen registro de años previos.
REGISTROS VARIADOS
Los estados cuyas fiscalías tienen registro de huérfanos por feminicidio suman dos mil 625 menores en esta condición de 2021 a 2024. Sólo las fiscalías de Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Morelos y Tamaulipas tienen un registro de años anteriores a la petición hecha.
Los sistemas Nacionales para el Desarrollo Integral de la Familia reconocen 213 niñas y niños en orfandad por feminicidio, mientras que las comisiones ejecutivas de Atención a Víctimas estatales tienen información de dos mil 452 víctimas.
A nivel nacional, de acuerdo con información pública y disponible en la extinta Plataforma Nacional de Transparencia, en 2019 el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) realizó un padrón de los menores huérfanos por feminicidio, en el que documentó 796 niñas y niños en esa condición. En 2021 efectuaron un nuevo censo, el cual reporta 846 víctimas. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia solo reconoce tres casos entre los años 2012 y 2024. Dos de ellos en la Ciudad de México y uno más en Querétaro.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nacional asegura que no es su obligación dar a conocer la información, de acuerdo con respuestas emitidas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Mientras que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Covavim) no ha transparentado el censo, a pesar de la petición hecha por el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) el 11 de abril de 2024 de actualizar los registros. Según el Inai, entre los años 2018 y 2021 la Conavim documentó más de “cinco mil niñas, niños y adolescentes huérfanos por feminicidios en México”.
¿QUIÉN SE HACE CARGO?
El 14 de julio de 2023, Fanny murió en un hospital del municipio de Altamira, Tamaulipas, por la agresión de la persona con quien mantenía una relación. Tenía 25 años. Siete años antes dio vida a Celeste, una menor que hoy tiene nueve años. Fanny salía adelante al trabajar como “payasita”. Sin embargo, la violencia feminicida la alcanzó.
“Cuando la sepultamos la vestimos de payasita porque ella en sus publicaciones decía que se llama payasita ‘Famicita’, que ser payaso le daba alegría”, explica Lucía Alejandra Sanchez, tía de Fanny.
Tras la muerte de Estefhanie su hija fue entregada a su progenitor. Después la niña quedó bajo el cuidado de la abuela paterna y ahora se encuentra con su madrastra, porque su papá tiene que salir de la ciudad para trabajar.
“Celeste vivió mucho con su mamá, la verdad, ella tiene muchos recuerdos de su mamá, inclusive yo les digo a mis hijas que ciertas actitudes de ella, las heredó de Estefhanie”, detalla Lucía.
Lucía reconoce el dolor de su sobrina Celeste al vivir la ausencia de su mamá. Ha pedido a las autoridades un seguimiento sin obtener una respuesta.
“Queremos apoyo para vigilar su formación y su educación. Yo no pienso tan en grande porque el Estado no hace nada, se limita a ‘ya se murió, ya se enterró’, es más, a mí no me querían entregar el cuerpo de mi sobrina”, menciona.
En la Ciudad de México, Nathan Daniel, un menor de 12 años, sabe que algo le pasó a su mamá, porque jamás volvió por él y su hermana Aitana, de cinco años. Eustorgia, su abuela materna, asumió el cuidado de ambos.
A su joven edad quiere ser Policía de Investigación (PDI) para encontrar al responsable del asesinato de su mamá. Su hermana Aitana quiere platicar con familias para ayudarlas a sanar el dolor por afrontar la misma realidad.
En plena pandemia por el Covid-2019 ambos pequeños quedaron huérfanos después del feminicidio de su mamá Karla Verónica Machuca, de 23 años, cuyo cuerpo fue localizado en una barranca cerca de su casa, en la colonia San Miguel Ajusco, Tlalpan.
“Mi nieto es muy despierto, no piensa como un niño. Ve en la tele que ya agarraron a alguien y me pregunta por qué no hacen lo mismo con el de su mamá”, comenta la mamá de Karla.
La violencia en contra de la madre de ambos hermanos no sólo visibiliza la revictimización de los menores al no tener asistencia del gobierno, también exhibe el abandono de su padre al desaparecer un día después del hallazgo del cuerpo de Karla Verónica.
El próximo 29 de junio se cumplen cinco años del feminicidio de Alejandra Landeros Montaño. Cinco días antes de salir de su casa y ser vista con vida por última vez, Alejandra, acudió a una entrevista de trabajo.
Al no regresar, su mamá, Claudia Marisol Montaño Gómez, comenzó a buscarla. Al mirar, en la televisión, el hallazgo del cuerpo de una mujer en la colonia El Sahuaro, al poniente de Hermosillo, reconoció unos calcetines obsequiados días antes a su hija. Desde ese momento se hizo cargo de José Ramón, su nieto que, en ese entonces, tenía tres años.
“Hemos batallado para levantarnos de la situación tan dura que nos ha tocado vivir, pero aquí seguimos por los que nos quedan y por nuestro niño. Él sigue su vida, es un niño contento y creo que cuando cerremos este ciclo, José Ramón será un niño libre. Siento que lo mejor que podemos darle en la vida es sacar a estas escorias de la sociedad para que no sigan haciendo daño. No sabemos porque nos tocó. Nosotros nos preguntamos ‘¿por qué le tocaría vivir esto a él?’ Simplemente las cosas suceden y no podemos hacer nada, más que sacarlo adelante”, dijo Claudia.
Tanía Ramírez, directora de Redim asegura una triple revictimización en los feminicidios de madres. El primero comienza con el no reconocimiento del delito, seguido de la falta de registro de las víctimas indirectas (menores), así como la obligatoriedad, atribuida, principalmente a mujeres (abuelas maternas, paternas o tías) de cuidar a las y los menores por una regla impuesta sin consenso.
“Los niños, por regla, pasan al cuidado de los abuelos o tías. El DIF entra en suplencia sólo cuando no existe un familiar para hacerse cargo de ellos. No se puede dimensionar la cantidad de menores en esta condición. Se pueden hacer inferencias a partir de las muertes por feminicidio, pero muchos casos no se tipifican como tal.
VÍCTIMAS COLATERALES EN EL OLVIDO
A 14 años de distancia, Martína, exige justicia por la muerte de su hija Yolanda. El cuerpo fue encontrado el 8 de abril de 2011 en una milpa en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo. El feminicidio dejó a cinco menores en orfandad.
Martína se ha sobrepuesto y trabaja para sacar adelante a sus nietos realizando tareas domésticas y vendiendo productos para obtener ingresos. A más de una década del crimen contra su hija el caso sigue impune.
“A pesar de eso mis nietos y yo tenemos que salir adelante en la vida. He trabajado durante años haciendo quehacer en casas, lavo y plancho ropa ajena. Además, buscó otras maneras de ganar dinero. Vendo toppers de plástico. Realmente sola he sacado adelante a mis cinco nietos con la ayuda de personas de buen corazón que me auxilian cuando más lo necesito. Me regalan despensa, ropa y también dinero para mis nietos”, comenta.
Aunque el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio establece servicios legales, de salud y asistencia social del gobierno para garantizar la reparación del daño, las instituciones de gobierno consultadas mencionaron que entregan dinero a los tutores del menor y sólo en algunos se da seguimiento y asistencia social.
En Jalisco, donde se tiene el registro de 416 menores de edad (209 son mujeres y 207 hombres), se entregan tres mil 800 pesos bimestrales a cada menor, según la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas estatal. El apoyo incluye comunicación con las familias cuidadoras y gestiona los servicios de atención integral y la vinculación interinstitucional para el acceso a servicios complementarios.
Veracruz, según la Comisión Estatal de Víctimas da un apoyo de dos mil pesos bimestrales. La misma institución, pero en Morelos, reportó la entrega de cuatro mil 500 pesos al mes a partir de un estudio de vulnerabilidad de los menores. En Jalisco la CEAV mencionó apoyos de tres mil 800 pesos bimestrales, así como atención integral y la vinculación interinstitucional para el acceso a servicios complementarios. Otras instituciones consultadas no informaron sobre los apoyos.
Ante la falta de información, Tanía Ramírez, directora de Redim, pidió realizar cambios a la legislación para permitir a instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) censar y documentar a las víctimas, lo que transparentaría los apoyos otorgados, identificar el trabajo realizado por las instituciones de gobierno, así como conocer el cuántos menores se encuentran en orfandad
“No tiene que ser solo una institución. El Inegi puede tener en sus indicadores la información, puede incorporarlo, puede ser una posibilidad de preguntar, pero principalmente la Conavim es la que debe reconocer a las víctimas. Es necesario dimensionar un problema público a través de instituciones como el Inegi. Necesitamos dinámicas y las disciplinas para hacer cruces de información para visibilizar la orfandad por feminicidio. Necesitamos un Sistema Nacional de Víctimas y Cuidados para garantizar la atención a las infancias”, comentó.
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