Alberto Aguirre
Por Alberto Aguirre
“Es auténtica” se lee antes de la firma autógrafa del jurista venezolano Asdrúbal Aguiar, secretario general del Grupo IDEA. Enlistados 24 nombres de exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de esta iniciativa democrática que involucra a personalidades de España y las Américas en una declaración contundente sobre la elección extraordinaria para renovar al Poder Judicial en México.
Inexorable, el juicio de los exmandatarios, quienes parafrasearon al mexicano Ernesto Zedillo: el pasado 1 de junio ocurrió “el asesinato de una joven democracia” y “una ínfima porción del cuerpo electoral” puso fin al equilibrio de poderes.
Dos expresidentes de México, Vicente Fox y Felipe Calderón; dos españoles: José María Aznar y Mariano Rajoy; cuatro ecuatorianos: Osvaldo Hurtado, Guillermo Lasso, Jamil Mahuad y Lenin Moreno; tres paraguayos: Mario Abdo, Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy; tres pañamenos: Nicolás Ardito Barletta, Mireya Moscosso y Ernesto Pérez Balladares, entre los abajofirmantes de un manifiesto —el segundo en la semana— que censura el inédito ejercicio.
La elección judicial —sentenciaron— no fue democrática en su origen, ni en su preparación y desarrollo, ni en sus resultados y finalidad.
A diferencia de las conclusiones preliminares de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, la membresía del Grupo Idea identificó —con nombre y apellido— al exmandatario Andrés Manuel López Obrador y a su sucesora, como los principales impulsores de la elección. “Su propósito esencial —interpretaron— fue acabar con el único contrapeso al poder presidencial, el Poder Judicial. Por eso fueron destituidos todos los jueces, magistrados y especialmente los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya independencia frente al poder constituía con sus resoluciones el último contrapeso al poder presidencial absoluto”.
En lo que va del 2025, los integrantes del Grupo IDEA han suscrito una decena de declaraciones; tres de éstas, sobre las elecciones efectuadas en Ecuador, Venezuela y México. La caracterización del reciente proceso es pudibunda, para los organizadores.
“Fue diseñada para que le resultase imposible a los electores de buena fe escoger a los nuevos miembros del Poder Judicial, entre 2,500 candidaturas federales y locales desconocidas y arbitrariamente repartidas entre distritos electorales diferentes… Entre otros hechos atentatorios contra la transparencia del proceso electoral, las boletas no tuvieron una cadena de custodia, En las casillas electorales, no se permitió la presencia de representantes que vigilasen la secrecía y la correcta emisión del voto, ni la integración de paquetes electorales al fin de la jornada. De hecho se documentó en videos y testimonios que funcionarios de casilla estuvieron marcando boletas en sustitución de los electores. Tampoco se anularon las boletas sobrantes. Algo más grave, los votos no fueron contados en las mesas de votación mismas, por ciudadanos, sino llevado el material a lugares aparte, fuera de la vista de estos y los observadores, para hacer la contabilidad respectiva”.
Los exmandatarios invocan a la Carta Democrática Interamericana, que requiere, sí, de un gobierno representativo de mayorías, pero con un Poder Judicial autónomo e independiente, capaz de controlar a este y los demás poderes del Estado y de resolver los conflictos con base en el principio de la legalidad, el debido proceso, el Derecho y la justicia aun en contra de la voluntad de las mayorías de turno y de quienes detenten las funciones gubernamentales o parlamentarias.
Efectos secundarios
REBELDES. Ante la denuncia tramitada por exdirectivos y actuales mandos superiores del Sistema Nacional Anticorrupción por la política laboral impuesta por la secretaria ejecutiva, Vania Pérez, otros trabajadores de ese órgano desconcentrado explican que los firmantes es gente del extitular de la SESNA, Roberto Moreno Herrera y que tres directores de área no aceptaron entregar sus renuncias cuando fueron emplazados, aunque ahora ni siquiera se presentan a sus oficinas. “¿Por qué no se quejaron en su momento cuando a la llegada de Moreno —en junio de 2022—y hasta su salida (febrero pasado), al menos se pidieron 40 renuncias?… Estamos totalmente de acuerdo en que Pérez asumió un papel que no le corresponde, pero eso se debe al desorden que tenía Moreno con sus cuates”, expresaron.
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