Alberto Aguirre
Por Alberto Aguirre
Primero, el estupor: 12 meses después de la histórica jornada que llevó a Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional, los mexicanos desdeñaron los llamados a las urnas. Los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación asumirán sus cargos, con una votación de apenas 11 millones, aunque habrá que descontar los votos nulos, antes de declarar su validez. La elección extraordinaria será legal, pero ¿acaso legítima?
El pasado miércoles 28 de mayo, con un mitin multitudinario, Lenia Batres alistaba su cita con la historia. Tras de 12 semanas, cerraba la campaña como puntera indiscutible y se comprometía públicamente a ser imparcial. “Si nos toca presidir la Suprema Corte vamos a respetar la ley y la Constitución (…) que nadie piense que vamos a atropellar los derechos de nadie”, juraba, “pero eso no significa que no vayamos a pronunciarnos permanentemente en favor de los derechos de los más débiles, de los más vulnerables, de los más pobres”.
A golpe de encuestas, Yasmín Esquivel Mossa reclamaba esa histórica responsabilidad. Ambas, apegadas al tercer párrafo del Artículo 94 constitucional, incorporado por la reforma constitucional del verano del 2024, el infausto Plan C.
Las tres ministras en funciones –Batres, Esquivel y Loretta Ortiz Alhf— están entre las candidatas más votadas, el pasado domingo 1. Pero Hugo Aguilar Ortiz, número 1 en la lista, cerraba como puntero en el cómputo de esta peculiar contienda.
De acuerdo con el texto constitucional reformado, el Pleno de la SCJN se integrará con nueve integrantes –cinco ministras y cuatro ministros, en razón de la paridad— y su presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación.
En el texto constitucional permaneció intocado el Artículo 97, cuyo párrafo V dice a la letra: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”.
Solo esta antinomia podría evitar lo conducente: que Aguilar Ortiz asuma la presidencia de la SCJN dentro de tres meses. Los votos, la acción afirmativa y una respetable hoja de vida, como defensor de los derechos de las comunidades originarias, avalan su postulación.
Ni Esquivel Mossa ni Loretta Ortiz —quienes concitaban amplios apoyos en la Plaza de la Constitución— accederán a la presidencia de la SCJN en la primera instancia. Los puros de Morena dieron sus votos a Lenia y al abogado Aguilar Ortiz (quien carece de carrera jurisdiccional) y garantizaron la victoria. Ambos han abrazado las banderas de la Cuarta Transformación y están comprometidos con las causas populares.
El corporativismo morenista no es homogéneo. Y el bejaranismo ha dado una demostración contundente de su poderío.
Efectos secundarios
CONFRONTADOS. Antes por el intento de habilitar un albergue para migrantes en Tepito. Y recientemente, por el fallido operativo en el multiforo Alicia. Las diferencias entre el gobierno capitalino y la alcaldía Cuauhtémoc han quedado expuestas públicamente; particularmente la intención del secretario de Gobierno, Cesar Cravioto, de socavar la autoridad de Alessandra Rojo de la Vega.
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