Alberto Aguirre
Por Alberto Aguirre
A la misma hora llegaron a la Terminal 2 del Aeropuerto Benito Juárez. Con una guayabera guinda y una backpack, el senador Ricardo Sheffield apuraba el paso rumbo a la puerta 4 del área de llegadas nacionales, atiborrada de autos. En un extremo, dos camionetas blindadas —una Suburban negra con placas de Veracruz y un distinto dorado en el medallón; la otra, color marfil—esperaban a la gobernadora morenista, Rocío Nahle.
Una escolta —de cuatro elementos— y una asistente personal, con ella. Sheffield avanzó hacia la puerta 5, donde lo recogió una SUV Grand Cherokee, también de modelo reciente. Ambos políticos morenistas llegaron temprano en vuelo comercial y se trasladaron al WTC, para la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del partido oficialista que definió las conductas contrarias a los principios de la Cuarta Transformación.
Los traslados aéreos en primera clase han quedado vedados para los militantes, los dirigentes partidistas y los servidores públicos adscritos al partido fundado por Andrés Manuel López Obrador. Igual, hacer uso de aviones o helicópteros privados “sin importar el origen del recurso erogado para tal efecto”.
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Andrea Chávez, Gerardo Fernández Noroña, Pedro Haces, Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández están entre los inconcusos destinatarios de estas medidas. Habrá otros como la gobernadora Nahle, exenta de los nuevos lineamientos, quien podrán utilizar vehículos blindados, servicios de seguridad privada o personal de apoyo excesivo, salvo cuando existan razones de seguridad que lo justifiquen.
“La parafernalia del poder pertenece al pasado de corrupción y privilegios. Morena es humildad”, resumen los lineamientos que regirán el comportamiento ético de militantes, protagonistas del cambio verdadero —los brigadistas que recorren el país— y los servidores públicos de los tres órdenes del gobierno, quienes ahora también tienen prohibido “promover el consumismo o exhibir signos de ostentación material como joyería, ropa de marcas exclusivas, propiedades o automóviles de alto valor, restaurantes o turismo de lujo, entre otras extravagancias”.
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La moral de Morena será extensiva a sus aliados partidista, ya sea que tengan registro nacional —léase PT y PVEM— o local. Serán invitados a “que adopten las mismas medidas, en el marco de un acompañamiento político pleno, orientado a la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación”, conforme a los principios democráticos y éticos aprobados ayer por los consejeros nacionales, tras de recibir una misiva de Claudia Sheinbaum.
Los funcionarios morenistas no deben utilizar su cargo para solicitar o promover tratos exclusivos, privilegios o prebendas; ni comportarse con prepotencia o soberbia, ni humillar o sobajar a las personas. Tampoco pueden organizar eventos oficiales o partidarios con dispendio, o exhibir eventos privados ostentosos.
El pasado jueves, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, llegó a la Ciudad de México para ultimar los detalles de la plenaria del máximo órgano deliberativo de Morena. Justo después de que el mandatario comiera con el exconsejero jurídico de Palacio Nacional, Julio Scherer Ibarra, comenzó a circular la “versión final” del decálogo que encapsula las “conductas contrarias a los principios del movimiento”.
En la víspera, la presidenta del CEN morenista, Luisa María Alcalde Luján, había definido que los consejeros nacionales priorizarían la propuesta de Claudia Sheinbaum para proscribir el nepotismo electoral, aplicable a matrimonios, concubinatos o “uniones de hecho (sic)” y parientes —por consanguinidad o civil— en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral, hasta cuarto grado, o de afinidad hasta el segundo grado.
El 2027 está lejos. Pero la cúpula morenista ya prepara la ruta crítica. La primera semana de enero de ese año —de conformidad con el artículo 226 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales— iniciarán formalmente las precampañas, por lo que los partidos políticos deberán definir los métodos de selección interna al menos 30 días antes del inicio formal del proceso electoral.
El apego a los nuevos lineamientos definirá a los próximos candidatos y si éstos ganan en las elecciones federales y locales del 2027 ya no podrán postularse para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato.
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