Alberto Aguirre
Por Alberto Aguirre
Con lineamientos y un código de conducta, sin reformar sus documentos básicos, Morena ha marcado la ruta a la selección de sus candidatos a las 16 gubernaturas que estarán en juego y también, para la renovación de las 300 curules de San Lázaro.
Los actuales diputados federales de Morena podrá optar por la reelección y aunque la reforma constitucional que impide la elección consecutiva estaba planteada para aplicar a partir del 2030, en las elecciones intermedias del sexenio de Claudia Sheinbaum ninguno de los candidatos morenistas que ganen en las elecciones federales y locales del 2027 podrá postularse para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato. Tampoco, los representantes populares del PT y del PVEM, debido a que el acuerdo aprobado el pasado domingo 4 por el Consejo Nacional morenista tiene carácter vinculante para los partidos que integran la coalición gobernante.
Paradojas de la disciplina oficialista: petistas y pevemistas encarecerán su costo de oportunidad, mientras que un bloque de gobernadores identificado con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que han rebasado el ecuador de sus sexenios y han quedado atados de manos, en la ruta de su sucesión.
Hay dos casos que sobresalen, entre la docena gubernaturas morenistas que entrarán en esa dinámica de ajuste: Michoacán, donde Raúl Morón Orozco reclamará la candidatura que no obtuvo en el 2021, por determinación del Consejo General del INE. Otro afectado por los consejeros electorales fue Félix Salgado Macedonio, quien aceptó el ofrecimiento de la cúpula morenista y propuso a su hija Evelyn como sustituta.
Las encuestas ya no serán el único factor para definir las nominaciones. Orozco y Salgado son personajes con altos niveles de conocimiento, pero los lineamientos marginarían al exalcalde de Acapulco, lo mismo que al senador Saúl Monreal en Zacatecas.
La paridad sustantiva y las acciones afirmativas podrían frenar drásticamente las intentonas de rebeldía. En Guerrero, por ejemplo, la senadora Beatriz Mojica Morga —originaria de Azoyú— apelará a su auto adscripción para hacer historia y lograr que en México por primera vez sea electa una gobernadora afrodescendiente.
El Partido Verde podría pasar de ser un aliado incómodo, si mantiene su exigencia de una cuarta parte de las candidaturas del 2027, a cambio de no romper la coalición que hizo historia en el 2018 y en el 2024. Además de quedarse con la nominación en San Luis Potosí —lo que marginaría a la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez— la formación ecologista reclama el siglado en Quintana Roo, Nayarit (Jasmine Bugarín), Tamaulipas (Maki Esther Rodríguez) y Zacatecas (Carlos Puente).
¿Y Tlaxcala? ¿Y Sinaloa?
Los gobernadores amlistas —debe subrayarse— tendrán que buscar alternativas para esquivar las restricciones impuestas por la cúpula morenista. La era de los gobernadores sandía podría iniciar en el 2027.
Efectos secundarios
PREDISEÑADOS. En la licitación del servicio de arrendamiento de equipo informático para terminales “punto de venta”, convocada por Financiera para el Bienestar, algunas de las interesadas levantaron la voz antes del fallo. No se trata de impaciencia, sino porque aseguran que dicho procedimiento, para rentar hasta 4,135 terminales, es un “traje a la medida”. Los inconformes apuntan a tres nombres: Concepto Libre Mexicano, VCP Tecnología y ND Negocios Digitales, presuntos favoritos y con acceso a la marca DELL. Curiosamente, esta firma es la única capaz de cumplir con los requerimientos técnicos: monitor Tipo F y chasis para Punto de Venta, el software de Licenciamiento Perpetuo del Sistema de Gestión. El fallo se conocerá este martes 6, pero la vigencia del contrato —por 86.7 millones— empezó a correr desde el 1 de marzo, con el nombre del ganador, al menos oficialmente, en suspenso.
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