Alberto Aguirre
Por Alberto Aguirre
Ricardo Salinas Pliego recordó que en la primavera del 2021 buscaba hacer una apuesta grande por las bitcoin y, atenido a las recomendaciones de un asesor financiero de origen suizo, negoció un préstamo de 115 millones de dólares con una firma estadounidense supuestamente heredera de una familia archimillonaria de Nueva York. Como garantía dejó un paquete accionario de Grupo Elektra.
La versión del mandamás de Grupo Salinas sobre la estafa de la que fue víctima ha sido retomada por algunos de los diarios más importantes del Reino Unido y Estados Unidos (The Times, el año pasado, y apenas esta semana Wall Street Journal), pero también ha sido escuchada en tribunales de ambas naciones, donde constan los detalles de esta rocambolesca historia que explicaría las últimas decisiones corporativas en el emporio localizado en el Pedregal.
En aquella época —según consta en los registros judiciales—, Salinas Pliego buscaba financiamiento para liquidar un préstamo que había obtenido de BNP Paribas. Y encargó al vicepresidente de inversiones financieras del Grupo Salinas, Eduardo Salceda, junto con Alexandre Torti, un antiguo asesor de la familia, quien entonces trabajaba en la firma Fininvest, misma que posteriormente fue adquirida por el gestor de patrimonios Octogone Group, de Suiza.
Torti les recomendó a Zara Akbar, de Ennes Global. Y ella los canalizó con quienes se identificaron como Thomas Mellon y Gregory Mitchell, CEO y director general de Astor Wealth Group, respectivamente. Este último posteriormente fue identificado como el defraudador estadounidense de origen ucraniano Vladimir Sklarov.
“Me siento como un absoluto idiota. ¿Cómo pude caer en esto?”, confesó Salinas Pliego al WSJ, que resume la pesadilla del empresario regiomontano, que se ha extendido durante un trienio.
En tribunales del Reino Unido y Estados Unidos, ambas partes dirimen esta controversia por el contrato de préstamo de acciones, fechado el 28 de julio de 2021. Weiser Global Capital Markets y Tavira Monaco Sam eran las firmas que debían resguardar las 72 millones de acciones Grupo Elektra, pignoradas en julio del 2021 por Astor Asset Management.
Pocas semanas después, casi un millón de acciones fueron transferidas a Weiser, una entidad registrada en las Bahamas que también estaría vinculada a oscuros fraudes cometidos por Sklarov.
Weiser y otros afiliados de Sklarov comenzaron a vender las acciones que debían mantener en custodia. Según los expedientes judiciales, más de 360 millones de dólares procedentes de la venta de acciones de Elektra pasaron por cuentas vinculadas a Astor. Y, enseguida, concedida en menos 64.5 millones de dólares en préstamos a Salinas, no del capital del préstamo, sino de la venta no autorizada de su propia garantía, los acciones; aunque Astor afirmó que rehipotecaron las acciones, una práctica en la que la garantía se utiliza para obtener más fondos.
A medida que las acciones se volaban en el mercado, el precio caía, más de un 40% entre julio de 2021 y julio de 2024. Esta caída del precio disparó los umbrales técnicos del contrato de préstamo, lo que permitió a Astor declarar un incumplimiento y embargar más acciones.
Y en Grupo Elektra nadie pudo intervenir, aunque monitorean las bolsas donde se mueven los datos de la cámara de compensación, nunca pudieron identificar a los vendedores finales. Las acciones en manos de extranjeros fueron señaladas por Citibanamex, que se negó a revelar los detalles, incluso al depositario central, Indeval.
Los abogados del empresario mexicano lograron documentar que una vez que las acciones estuvieron fuera del control de Salinas, se vendieron sistemáticamente a través de grandes brokers como Morgan Stanley, BBVA y Merrill Lynch. Igualmente, el contrato de préstamo se diseñó desde el principio para incluir al impago. El encontrar de préstamos incluía amortizaciones discrecionales que lo clasificaron como moroso, cláusulas mordaza que impedían la reparación legal y disposiciones de transferencia que otorgaban a Astor el derecho a liquidar la garantía sin arbitraje ni supervisión judicial.
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