Ana Castañuela
Por Ana Castañuela
El magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila y doctor en Derechos Humanos, Sergio Díaz Rendón, fue demandado por presunto incumplimiento del pago de pensión alimentaria.
Pese a que el Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con el mecanismo “8 de 8”, que implica la cancelación del registro de candidatos federales que incurran en supuestos de violencia de género y sean declarados como deudores alimentarios morosos, el magistrado continúa con su campaña como aspirante a la magistratura de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues no se encuentra en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios (Redam).
Su ausencia del Redam es inexplicable, toda vez que en octubre pasado un juzgado ordenó la intervención de su nómina por el incumplimiento de la pensión que se le había fijado en un acuerdo de resolución de la mencionada demanda.
El pasado 17 de abril El Coahuilense Noticias recibió de manera anónima la copia del expediente 737/2024 del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Saltillo, así como todos los autos relacionados con una demanda de pensión alimenticia.
Entre dichos autos destaca que, una vez concluido el proceso con un convenio entre la demandante y el demandado, este último lo incumplió, por lo que el 8 de octubre pasado la primera debió exigir la intervención de las nóminas de Díaz Rendón quien por esos días se desempeñaba como magistrado presidente del TEE.
Los oficios girados por el juez Jesús Enrique González Muñiz a distintas dependencias y entidades de seguridad social para identificar sus ingresos, refieren a Díaz Rendón como “el deudor alimentario” y, sin embargo, no se le inscribió en el Redam.
El expediente recibido fue verificado por la reportera que, para el tratamiento del caso, sometió el presente trabajo periodístico a consultas de abogadas y periodistas feministas con el propósito de no incurrir en una revictimización de la madre y del menor. Así, con apego a los criterios éticos, se omiten los nombres de las personas, excepto el de Sergio Díaz Rendón, por ser persona de interés público, candidato a un cargo federal y haberse encontrado en uno de los supuestos para evitar su candidatura.
Maltrato físico y emocional
En agosto de 2024 la expareja de Díaz Rendón presentó una demanda ante el Juzgado Segundo de lo Familiar contra el ahora candidato a magistrado federal por reconocimiento de paternidad y pago de alimentos.
Según L, la demandante, en 2012, luego de mantener una relación de noviazgo de alrededor de siete años con Díaz Rendón, se enteró de su embarazo. Asegura que cuando se lo comunicó, éste la presionó para que interrumpiera la gestación pues aparentemente estaba a punto de irse al extranjero a hacer un doctorado; sin embargo, ella se negó y decidió tener al menor.
L asevera que durante el embarazo Sergio no aportó para los gastos médicos del embarazo, como medicamentos, especialistas y el parto, por lo que ella y su familia tuvieron que solventarlos.
La demandante relata que un año después Díaz Rendón acudió a visitar al bebé y ambos acordaron de palabra que él, como padre del menor, aportaría tres mil pesos quincenales para la manutención.
Sin embargo, L asegura que únicamente aportó “el pago mínimo de una pensión” por alrededor de tres meses y después ya no dio ninguna cantidad. Supuestamente Sergio alegó que “su hijo no necesitaba de su apoyo económico” porque los padres de L son solventes.
La demandante explica que presuntamente Díaz Rendón no quiso reconocer al menor de edad como su hijo, pues se negó a registrarlo con sus apellidos debido a que en ese momento tenía “buenos proyectos de trabajo” y porque “lo iba a perjudicar”.
Respecto al tema educativo, la madre del menor asegura que Sergio le sugirió inscribirlo en un colegio de renombre de la capital del Estado, e incluso consiguió una carta de recomendación firmada por el magistrado de la Sala Penal, Luis Efrén Ríos Vega, para inscribirlo ahí. Sin embargo, bajo el mismo argumento de que la familia de L tenía solvencia económica, pidió que el padre de L, como tutor del menor, se hiciera responsable de los gastos de inscripción.
Pese a que la familia de L se hizo cargo de los gastos de inscripción, ella relata que Sergio la apoyó durante varios meses con el pago de cuotas y diversas actividades escolares del menor. Sin embargo, después se negó rotundamente a continuar aportando dinero, pues aparentemente la condicionaba a reanudar la relación de noviazgo, relación que asegura L se volvió “tormentosa”, pues fue víctima de maltrato físico y emocional por parte de Díaz Rendon.
En la demanda, L solicitó el pago de pensión alimenticia a razón de 20% de todas las percepciones de Sergio, además del pago de una pensión alimenticia retroactiva desde el nacimiento del menor, así como el pago de todos y cada uno de los gastos extraordinarios del embarazo, más medicamentos, gastos pediátricos, honorarios médicos por el parto y gastos médicos en general.
L explicó que Díaz Rendón no sólo se ha negado a reconocer a su hijo, sino que también ha incumplido con el pago de alimentos en forma retroactiva pese a que tiene conocimiento de la existencia del menor y cuenta con la solvencia económica y debió contar con la solvencia moral para hacerse cargo del menor desde el embrazo.
Acuerdo incumplido
Durante las últimas semanas de agosto pasado, el mes en el que se presentó la demanda, se llevó a cabo el juicio oral familiar en el que ambas partes pactaron un acuerdo.
En dicho juicio Sergio Díaz Rendón reconoció expresamente la paternidad del menor, por lo que él y L se comprometieron a acudir a la oficialía del Registro Civil con la finalidad de levantar el acta de reconocimiento del infante.
Además, en el acuerdo se obligó a Díaz Rendón a cumplir con una pensión alimenticia en favor del menor equivalente a 15 mil pesos mensuales, además del pago de una póliza de seguro de gastos médicos, el pago de gastos que resulten de las prácticas de deportes y el pago de la educación del menor.
El 14 de octubre L solicitó girar un oficio de pensión alimentaria a los centros de trabajo de Díaz Rendón, entre ellos el Tribunal Electoral del Estado y la Academia Interamericana de Derechos Humanos de donde supuestamente recibía percepciones, pues aseguró que no dio cumplimiento a lo establecido en el convenio pactado en agosto.
Por ello, el Poder Judicial del Estado giró un oficio a los representantes legales de la Secretaría de Finanzas del Estado, instancia que le paga a Díaz Rendón como funcionario del Tribunal Electoral de Coahuila, y de la Autónoma de Coahuila (UAdeC), la cual eroga lo procedente de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, en el que se ordenó descontaran el 15% del total de ingresos de Sergio, equivalentes a la pensión alimenticia.
Al respecto, la UAdeC respondió que Sergio Díaz Rendón no trabaja para la institución desde 2018, cuando causó baja.
Declaración “8 de 8”
En diciembre del 2023 el INE realizó la ampliación de la declaración “3 de 3” a “8 de 8”, un mecanismo que implica la suspensión de derechos ciudadanos y la cancelación del registro de candidaturas federales a quienes tengan sentencia de 8 diversos supuestos de violencia de género, entre ellos:
la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, cuando afecte el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, violencia doméstica, violación a la intimidad sexual, violencia política, y ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
El 25 de abril el INE aprobó por unanimidad el procedimiento para constatar que las candidaturas a cargos del Poder Judicial de la Federación no hayan incurrido en los supuestos considerados por la “8 de 8”, así como que no tengan suspendidos sus derechos políticos y electorales.
En los próximos días se integrará un grupo interdisciplinario, y los candidatos deberán presentar dos formatos: el primero con una carta bajo protesta de decir verdad de que no se encuentran en los supuestos y, el segundo, el certificado de no ser persona deudora alimentaria.
Además, los ciudadanos podrán denunciar ante las autoridades del INE sobre el posible incumplimiento del requisito constitucional de alguna persona candidata a juzgadora.
Hasta ahora Sergio Díaz Rincón continúa con su campaña para conseguir la magistratura federal, pues no se encuentra en el Redam debido a que el juez no ha ordenado su registro en el padrón.
Sin embargo, hasta el mes de octubre, cuando el juzgado envió los oficios a las dependencias y entidades, el candidato estaba incumpliendo con los derechos que tiene el menor a recibir alimentos, asistencia médica y educación, reconocidos por la justicia familiar conforme a la Constitución Política, el Código Civil Federal y en otros instrumentos internacionales la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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