Redacción El Coahuilense
CDMX.- En México son 63 las mujeres que hoy esperan en la cárcel una sentencia por interrumpir su embarazo pues para las leyes de estados como Guanajuato, Morelos o Querétaro ellas son igual de criminales que un defraudador fiscal, un huachicolero o un narcotraficante.
Datos obtenidos vía transparencia en ocho estados del país señalan que 71 personas están en prisión preventiva por aborto, ocho son hombres involucrados en una investigación. Se trata de una medida reforzada durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a nivel constitucional para quienes cometen delitos “graves”.
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En el caso de los hombres imputados por este ilícito, se les indaga por apoyar a una mujer a abortar, ser un médico que practicó el legrado o bien aquel que forzó a su esposa, novia o pareja a interrumpir su embarazo.
Destaca el caso de Sonora, con 17 personas, siendo la entidad con el número más alto de mujeres en prisión preventiva por interrumpir su embarazo, seguida de Guanajuato, con un total de 15 personas y Tabasco con 11.
Por ejemplo, entre 2012 y 2025 se han presentado un total de 2 mil 169 denuncias por aborto, de las cuales 680 son contra mujeres, 127 a hombres y 367 a quien resulte responsable mientras que de mil 41 no se contó con datos.
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Destaca el caso de Nuevo León, que lidera el número de denuncias por aborto con un total de 742, de las cuales 32.5 por ciento corresponden a mujeres. Le siguen Baja California y Tamaulipas, con 469 y 299 denuncias, respectivamente.
5 mil 347 carpetas de investigación por aborto
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay 5 mil 347 carpetas de investigación abiertas por aborto, no se especifica si quienes son investigados son mujeres u hombres que formaron parte y fueron denunciados por una interrupción de embarazo.
Según los últimos registros públicos, entre 2012 a 2022 se emitieron 142 sentencias por aborto, de las cuales 71 corresponden a hombres, 32 a mujeres y de 42 no se tiene el dato. De estas, 99 son condenatorias y 15 absolutorias.
Para la diputada Laura Ballesteros las investigaciones y procesos judiciales abiertos por abortar se siguen presentando a pesar de que más de 20 estados de la República ya despenalizaron en sus códigos estatales.
Ballesteros indicó que la mayoría morenista en el Congreso de la Unión ha rehuido a realizar cambios en el Código Penal Federal, como ordenó la Suprema Corte desde 2021, pues ese mandato se mantiene en la congeladora.
Hoy la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obliga a instituciones de salud federales como el IMSS, ISSSTE y Pemex a ofrecer servicios de interrupción del embarazo sin restricciones empero, a nivel estatal, el panorama es heterogéneo, pues 20 entidades del país han despenalizado el aborto voluntario hasta las 6, 12 o 13 semanas de gestación.
“A pesar de la sentencia de la Corte no lo hacen ¿Quién va a llegar al IMSS con un amparo? en una emergencia por ejemplo o una persona con escasos recursos y sin cierto nivel educativo, ni siquiera sabe que se tiene que amparar”.
“El problema es que se ha encarecido y se ha sofisticado el acceso a la justicia para las mujeres y este es uno de los principales casos, es profundamente sexista el argumento para no despenalizar. La despenalización federal es la clave”, expuso al diputada de Movimiento Ciudadano.
Y es que en 12 estados restantes, los códigos penales locales aún tipifican el aborto como delito, aunque con causales de no punibilidad que varían, como violación, riesgo para la vida o malformaciones fetales. Estas leyes, aunque inconstitucionales, persisten en estados como Guanajuato, Morelos y Querétaro, evidenciando una resistencia legislativa.
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