Ethel Arredondo
Por Ethel Arredondo
Torreón, Coahuila.- La noche del sábado 28 de junio, un operativo de Tránsito y Vialidad en Torreón derivó en un enfrentamiento de versiones entre el Ayuntamiento y el diputado local de Morena, Antonio Attolini Murra, quien denunció haber sido víctima de abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad por parte de agentes municipales.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el Municipio, alrededor de las 23:45 horas en el bulevar La Nogalera, agentes de tránsito detectaron a un conductor que infringía el Reglamento de Movilidad Urbana y presentaba aliento alcohólico. Al solicitar la prueba de alcoholemia, el implicado se negó a realizarla. Los agentes afirmaron que desconocían la identidad del conductor —quien posteriormente se identificó como el diputado Attolini— y procedieron, según protocolo, al retiro del vehículo.
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El boletín precisa que “la actuación de los agentes fue la misma que se aplica con los conductores que infringen el reglamento”, subrayando que la negativa a realizar la prueba no exime de la falta administrativa y que, en consecuencia, el vehículo fue retirado del lugar.
Sin embargo, el diputado Attolini ofreció una versión completamente distinta. En un primer posicionamiento público, denunció haber sido seguido y fotografiado desde un establecimiento y posteriormente interceptado sin motivo claro a escasos metros de su domicilio. Afirmó que se le acusó falsamente de conducir de forma imprudente y en estado de ebriedad, y que no se le permitió contactar a su abogada ni se cumplió ningún procedimiento formal al subir su auto a una grúa y llevarlo a un corralón privado.
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En un segundo comunicado, el legislador desmintió directamente la versión del Ayuntamiento y afirmó que no se negó a realizar la prueba de alcoholemia, sino que exigió ejercer su derecho a que esta se realizara en presencia de su representante legal, quien ya se dirigía al lugar. Añadió que jamás se identificó como diputado y actuó como cualquier ciudadano, presentando su licencia de conducir vigente y solicitando fundamentos legales que nunca le fueron explicados.
“La detención fue arbitraria y políticamente dirigida. Fui víctima de acecho y abuso de autoridad”, declaró Attolini, quien además acusó que su abogada fue impedida de ingresar al corralón donde fue llevado. Aseguró contar con videos que documentan los hechos y responsabilizó a la Dirección de Tránsito de haber actuado con dolo.
El diputado sostuvo que este episodio no es aislado, sino parte de un patrón de hostigamiento institucional por parte del gobierno municipal encabezado por Román Alberto Cepeda González.
Hasta el momento, no se ha anunciado una investigación formal por parte del Ayuntamiento. El caso continúa generando atención mediática y política por las implicaciones legales y los señalamientos cruzados entre ambas partes.
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