Ana Castañuela
Por Ana Castañuela
Una serie de incendios causados en recicladoras clandestinas de la región sureste ha puesto en riesgo la seguridad social y el medio ambiente.
Pese a que las autoridades han tomado cartas en el asunto, la escasez de personal en las instituciones encargadas de verificar el funcionamiento de dichos establecimientos y la falta de sanciones con mayor peso a los responsables han permitido que el problema perdure.
Sólo en Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga la Subsecretaría de Protección Civil calcula que hay más de 100 empresas dedicadas al acopio de residuos que operan de manera irregular, pues carecen de permisos necesarios y medidas de seguridad mínimas.
Incendios “provocados”
Alrededor de las 07:50 horas del 15 de abril una nube de humo negra cubrió la ciudad de Saltillo, luego de que una recicladora de madera ubicada en el bulevar Vito Alessio Robles se incendiara, lo que detonó la movilización de más de 100 elementos del cuerpo de Bomberos de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga.
Además de causar lentitud en el tráfico y la interrupción de los servicios de electricidad y telefonía en la zona, por la cercanía del inmueble a los transformadores de luz, las autoridades desalojaron a alrededor de 300 personas y se registró una pésima calidad del aire en la capital estatal.
Este hecho no es el único, pues en lo que va de 2025 la región sureste del estado ha contabilizado al menos otros tres incendios causados en recicladoras que operan de manera irregular e incumplen con los protocolos necesarios para el manejo correcto de los residuos.
El primer incidente del año ocurrió el 3 de enero en la colonia Nogalera del municipio de Arteaga, cuando las llamas de un pastizal alcanzaron a una recicladora de plástico abandonada que se encontraba cerca, lo que movilizó a más de 100 elementos de diversas corporaciones.
Pese a que no hubo riesgos mayores, el fuego, que duró más de tres horas, causó alta contaminación del aire debido a la quema de los materiales plásticos.
Unas semanas después, el 25 de enero, nuevamente se reportó otro incendio en una planta recicladora también en aparente abandono, ubicada en la colonia Los Ramones, en Saltillo.
Nuevamente el 3 de abril más de 110 elementos de Protección Civil estatal y Bomberos se movilizaron debido a una conflagración en otra recicladora en los límites de los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe.
Aunque no había zonas habitacionales cercanas al inmueble ni infraestructura industrial, el incendio dejó daños en más de cuatro hectáreas de superficie, pues, debido al viento, el fuego se expandió y se quemó un cerro aledaño.
En lo que va del año en operativos de revisión la Subsecretaría de Protección Civil ha clausurado alrededor de 15 recicladoras por incumplir con las normas necesarias para operar ni contar con los protocolos y permisos necesarios expedidos por la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) y los municipios.
El diputado local Jorge Valdés retoma datos de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado (Propaec) que indican que sólo una de 40 recicladoras inspeccionadas en lo que va de 2025 cuenta con permisos de operación.
“Se van por lo rápido y barato”
El crecimiento industrial de los últimos años en la región sureste de Coahuila ha traído consigo la creación de empresas dedicadas a la recolección y el tratamiento de materiales, pues cada vez hay más emisoras de contaminantes, expone el subsecretario de Protección Civil del Estado de Coahuila, Ramiro Durán.
“El giro económico en la región sureste de Coahuila ha estado creciendo y pues son más residuos que están saliendo de las empresas y hay más actividad de los recicladores”, asevera Ramiro Durán.
Tan sólo en los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga hay más de 100 recicladoras dadas de alta ante la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, y se calcula que hay 100 más que operan en la irregularidad, dice el subsecretario de la dependencia.
En cuanto a los incendios originados en estos establecimientos, Ramiro Durán explica que suceden debido a la nula capacitación de las personas que laboran en los centros de acopio y reciclaje de materiales, y por la falta de seguridad con la que manejan esos residuos.
Por otra parte, el legislador Jorge Valdés considera que, si bien las industrias como emisores de contaminantes tienen la obligación de dar tratamiento, seguimiento y confinamiento a los residuos, al momento de hacer el procedimiento necesario “se van por lo rápido y barato”.
“El proceso, como lo marca la ley, es largo y costoso. Entonces, ellos se van por lo rápido: llegan, acumulan, almacenan y a la hora de que lo incendian pues se evitan los otros 80 pasos que tenían que dar para dar el seguimiento adecuado a los residuos”, explica Jorge Valdés.
“Ya le agarraron el gusto a incendiar los residuos. Antes tal vez no se animaban a hacer todo eso y ahorita vieron que hubo uno, y que ha habido reincidencia y que no había consecuencias, pues les gustó el caminito”, agrega.
Los impactos: medio ambiente, salud, economía…
Entre los requisitos necesarios para operar, la ley señala que la recicladora debe contar con el permiso del uso de suelo y la licencia de funcionamiento emitida por el municipio.
Además, un perito registrado en el padrón de Protección Civil debe emitir un dictamen que confirme que se realizó un peritaje de gas, eléctrico y estructural en el establecimiento.
Deben contar también con una póliza de responsabilidad civil en caso de accidentes, y se debe verificar que el personal que labore ahí cuente con las constancias DC3 de las cuatro brigadas básicas: de Prevención de Riesgos, de Primeros Auxilios, de Incendio y de Evacuación.
De las más de 10 recicladoras clausuradas por Protección Civil durante este año, ninguna cumplía con los requisitos mínimos necesarios, explica el subsecretario de la dependencia.
Las recicladoras clandestinas y el trato incorrecto de los materiales “están haciendo un daño impactante al medio ambiente y al estar dentro de la mancha urbana ponen en riesgo la seguridad”, asegura el legislador Jorge Valdés.
“Por principio de cuentas todos sabemos que cualquier negocio antes de instalarse debe de regirse de acuerdo con el uso de suelo que impere en la zona. Entonces, es ilógico que cerca de una zona industrial o habitacional existan este tipo de negocios”, considera el legislador.
Además de la contaminación del aire, debido a la emisión de gases tóxicos también hay repercusiones en la salud y la economía, entre ellos destacan los problemas en las vías respiratorias, brotes de infecciones, enfermedades cardiovasculares y pérdidas materiales.
“Los incendios son peligrosos principalmente por el riesgo inminente donde comienza, que pueda afectar a terceros, a viviendas, a negocios, a lugares expuestos de acumulación o agrupaciones de gente”, explica el subsecretario de Protección Civil.
El diputado Jorge Valdés considera que, aunque es responsabilidad de la SMA y de la Propaec vigilar que los centros de acopio de residuos cumplan con las normativas y protocolos necesarios, el rápido crecimiento de la industria y la falta de personal en las instituciones ha dificultado que se realicen las inspecciones necesarias, por lo que es urgente robustecer las instituciones.
“No es mi intención justificar a nadie, pero sí alcanzo a comprender por qué están pasando así las cosas. La zona sureste ha sido, ahora sí que muy bendecida por el crecimiento industrial, se vino todo muy rápido, pero así como ha crecido la industria debería ser el crecimiento gradual en los organismos del Estado, es decir, SMA y Propaec, pero ellos aún cuentan con el mismo número de inspectores que contaban hace 10 años”, dijo.
Además, señaló la importancia de ser “tajantes” y no permitir que se instalen recicladoras cerca de una zona habitacional e industrial, y que las autoridades continúen con los operativos de revisión y clausura.
El diputado recordó que, según lo establecido en la ley para la Prevención y Gestión integral de Residuos para el Estado, la industria generadora de residuos también es responsable solidaria ante los daños que causen las empresas dedicadas al reciclaje que contraten.
“Estudiando ahí la ley nos topamos con que los emisores son solidariamente responsables con las recicladoras. Exhorté a las autoridades estatales y medioambientales para que advirtieran y recordaran a los emisores que ellos son también solidariamente responsables, para que al momento de que soliciten servicios de alguna recicladora, verifiquen que sea segura y certificada, con todos los permisos debidos”, compartió.
Ramiro Durán consideró que hace falta robustecer la ley y las sanciones, y explicó que en conjunto con el ayuntamiento de Saltillo se está trabajando para concretar acciones penales y no sólo de oficio contra quienes resulten ser propietarios de recicladoras que funcionen en la ilegalidad, pues actualmente sólo pueden ser multados con sumas que van de dos mil a 700 mil pesos, según la Ley de Protección Civil.
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