Proponen reforma para combatir extorsión; Coahuila registra 31 casos durante mayo

julio 10, 2025
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extorsionador Nava
Foto: Canva

Coahuila.- Ante el incremento sostenido de casos de extorsión en diversas entidades del país, el gobierno federal presentó una iniciativa de reforma constitucional que permitiría perseguir este delito sin la necesidad de una denuncia formal por parte de la víctima.

La propuesta fue enviada al Congreso de la Unión por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de otorgar al Poder Legislativo la facultad de expedir una Ley General contra la Extorsión que obligaría a las 32 entidades federativas a homologar su marco legal. La mandataria explicó que esta medida busca que las autoridades puedan actuar de oficio. “Le estamos quitando a la víctima ese peso”, afirmó.

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El planteamiento incluye modificar el artículo 73 de la Constitución para que las fiscalías estatales puedan iniciar investigaciones sin esperar a que las víctimas presenten una querella, un cambio que, según el gobierno, contribuiría a reducir la cifra negra de delitos no reportados.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras algunos delitos de alto impacto registran descensos, la extorsión muestra una tendencia contraria, con un aumento del 27.7 por ciento en todo el país. Este comportamiento motivó la creación de la Estrategia Nacional Antiextorsión, presentada de forma paralela por el Ejecutivo federal.

Entre las acciones que contempla dicha estrategia se encuentran la habilitación de la línea telefónica 089 para denuncias anónimas, la cancelación inmediata de números utilizados en extorsiones telefónicas, y la implementación de células especializadas de inteligencia en las fiscalías locales.

Coahuila, con 31 carpetas de investigación por este delito hasta mayo de 2025, forma parte del listado de estados afectados, aunque no se encuentra entre los ocho con mayor incidencia, encabezados por Estado de México, Guanajuato y Nuevo León. No obstante, de aprobarse la reforma, la entidad estaría obligada a ajustar sus procedimientos para atender estos casos de forma proactiva.

El gobierno federal sostiene que la persecución oficiosa del delito permitiría actuar de manera más efectiva contra las redes criminales, al no depender exclusivamente de la denuncia de las víctimas, quienes muchas veces enfrentan intimidaciones o temores que les impiden acudir ante las autoridades.

La eventual Ley General contra la Extorsión, en caso de ser aprobada, marcaría un precedente en la legislación penal mexicana al establecer un marco común de actuación para todas las entidades federativas, con el propósito de enfrentar de manera coordinada un delito que, según datos oficiales, no ha disminuido en los últimos años.

El Congreso de la Unión será el encargado de analizar y, en su caso, aprobar la reforma que daría paso a este nuevo esquema de combate a la extorsión.

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Con información de El Sol de México | RB

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