Gobierno pide a la SCJN dejar prisión preventiva oficiosa

agosto 24, 2022
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Ciudad de México.- El gobierno federal pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tome en cuenta a las víctimas de delitos cuando resuelva sobre la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar en el caso de delitos graves, algo que se discutirá en una sesión que se realizará en próximos días.

A través de un comunicado, firmado por el secretario de Gobernación Adán Augusto López, se solicitó a la Corte «considerar la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR)».

En esta postura coincidió el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Berdeja, quien afirmó que la «existencia de la prisión preventiva oficiosa asegura que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal».

«Se trata de evitar que evadan la acción de la justicia; que, en represalia por su detención, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen o atenten contra testigos, o que sigan cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales que afectan a la sociedad», añadió.

Actualmente el abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción y robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades ameritan actualmente prisión preventiva.

Igualmente los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; delitos cometidos con medios violentos, como armas y explosivos; delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

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