perse
Hermosillo, Sonora.- Representantes del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio entregaron una petición a los poderes Ejecutivo y Legislativo para que incrementen el presupuesto para protección civil. Patricia Duarte Franco y José Francisco García, padres del niño Andrés Alonso García Duarte, víctima de la tragedia de la Guardería ABC, presentaron la solicitud al gobernador Alfonso Durazo Montaño, así como a la Presidencia de la LXIII legislatura del Congreso de Sonora.
Quienes forman parte de las familias que sostienen una queja en curso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expusieron que la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, conocida como “Ley 5 de junio”, fue promovida por quienes perdieron a sus hijas e hijos en el incendio de la Guardería ABC.
El 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, 49 niñas y niños perecieron ese y los siguientes días como consecuencia de las afectaciones que recibieron dentro del inmueble siniestrado.
Es por ello que varias familias se han avocado a impulsar y a dar seguimiento a la parte de la justicia por lo que consideran crimen de Estado, que tiene que ver con la garantía de no repetición.
Las madres y padres están convencidos de que la falta de regulación y el desorden que existía en el 2009 en la operación de las estancias infantiles favorecieron que ocurriera el percance que cegó la vida de casi cincuenta niñas y niños menores de cuatro años de edad.
La entonces estancia infantil subrogada por el IMSS llamada Guardería ABC era el prototipo de negocio que optimizaba los recursos para obtener ganancia, dejando de lado la protección y bienestar de las y los pequeños que asistían para ser cuidados.
Todo lo que determinó en las conclusiones de su investigación la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevan a entender que fue la permisividad y la omisión por las autoridades lo que creó el caldo de cultivo para que la seguridad y cuidado de las niñas y niños quedaran a la deriva.
La corrupción y contubernio entre poderes político y económico salieron a la luz por lo que las familias afectadas decidieron trabajar en una propuesta de iniciativa de
Ley que regulará el cuidado infantil
Es por ello que los representantes del Movimiento 5 de junio, quienes trabajaron activamente para configurar la Ley 5 de junio, argumentan que una de las más notorias deficiencias actuales, que evidencia el incumplimiento de la normatividad es que, en Sonora, de mil centros de educación preescolar, solo se han verificado 189, pues en todo el Estado solamente se cuenta con 10 inspectores de Protección Civil.
En su petición señalan que la solicitud se dirige a los poderes Ejecutivo y Legislativo ya que el primero es el que solicita el presupuesto al Congreso del Estado y, éste, el que lo aprueba o lo modifica para el ejercicio fiscal correspondiente.
Solicitan de ambos poderes la atención, seguimiento y respuesta favorable a su petición. Recordaron que el planteamiento ya lo hicieron ante el Consejo de la Ley 5 de junio, de la cual forman parte como ciudadanos interesados, en reunión celebrada el pasado 11 de octubre.
Denunciaron que en los acuerdos de la reunión del Consejo se aprobó la redacción de la petición para que todas las personas integrantes la firmaran, sin embargo, a la fecha no se ha realizado, lo que para ellos es una muestra de que las niñas y niños no son prioridad.
En concreto ven como urgente la contratación de al menos veinte inspectores de Protección Civil para el ejercicio fiscal 2023, en atención al cumplimiento de la Ley 5 de junio.
Piden también incrementar el presupuesto para actividades de capacitación del personal de la coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora.
Finalmente solicitan presupuesto para la integración de una Brigada Especial de Protección Civil para la supervisión de estancias infantiles, preescolares y primarias, ya que la citada norma protege a niñas y niños de 0 a 5 años de edad.
La Ley que regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil es vigente en México desde octubre de 2011. En Sonora, la versión local entró en vigencia en julio de 2013.
Ha sufrido modificaciones no aprobadas por madres y padres que la impulsaron, como lo es el cambio en la distancia que está permitida entre una estancia infantil y un punto de riesgo como puede ser una gasolinería u otra empresa que maneja productos inflamables o tóxicos, que originalmente era de 500 metros, y la reforma la determinó en 100 metros.
En su redacción la Ley 5 de junio publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora se lee: “Ningún establecimiento que por su naturaleza, giro o actividad, o por el material que maneja, ponga en riesgo la integridad física y emocional de niñas y niños y demás personas que concurran a los Centros de Desarrollo Integral Infantil, podrá estar ubicado a una distancia a la redonda, menor a cien metros”.
Lee el texto original en CIMAC Noticias
TE RECOMENDAMOS LEER:
