Abuso sexual, impunidad y… violencia comunitaria

Por Valeria López Luévanos

Hablo aquí de Isabel –nombre que utilizaré con la intención de referirme a la pequeña de 11 años que fue abusada física y sexualmente por al menos cinco hombres en el ejido 20 de Noviembre de Matamoros, Coahuila.

Isabel desapareció el día lunes 20 de junio, su familia realizó, sin éxito, una búsqueda exhaustiva por toda la comunidad. Y sólo hasta la noche del martes 21 de junio la encontraron en una cochera, desorientada, con una severa crisis emocional y evidentes huellas de violencia física y sexual.

Fue llevada al hospital del municipio vecino de Francisco I. Madero. A pesar de las evidentes huellas de violencia, Isabel no fue atendida como hubieran esperado y fue dada de alta rápidamente.

Sus familiares decidieron trasladarla al Hospital General de Torreón, donde permaneció internada y donde se levantó la denuncia con el Ministerio Público de PRONNIF (la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia).

Hasta el momento, sólo hay un detenido por la violencia que Isabel sufrió, los otros agresores señalados siguen libres mientras continúa el proceso de investigación.

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En la comunidad se habla de lo que sucedió. Todos conocen a Isabel y también a los agresores. Algunas personas acompañan de buena fe a la familia, ofrecen apoyo y solidaridad, de eso queda registro gracias a la manifestación realizada el pasado 24 de junio –vecinos y vecinas bloquearon la carretera Torreón-San Pedro a la altura del veinte para exigir justicia.

Pero también existen manifestaciones de gente que señala y revictimiza a Isabel. La culpan de lo sucedido, aunque tenga sólo 11 años y hayan sido 5 hombres mayores, en pleno uso de sus facultades mentales, quienes abusaron de ella.

Isabel ha quedado estigmatizada por gente con poca sensibilidad y falta de conciencia que la señala y la culpa. También su familia ha sufrido las consecuencias de esos señalamientos. Familiares de los agresores atacan a la familia de Isabel, lo hacen a través de redes sociales y han llegado a los golpes.

Las órdenes de restricción no consiguen frenarlos y las autoridades tampoco han ofrecido el apoyo que deberían, pues no alcanzan a entender que no basta con que un agresor esté preso para detener la violencia. Que de esa violencia que ya fue ejercida se derivan muchas otras.

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La violencia contra las mujeres y niñas no termina cuando los agresores van a parar a la cárcel o existe un proceso de reparación del daño, si es que lo hay. Las víctimas de abuso sexual o cualquier tipo de violencia de género siguen viviendo consecuencias y secuelas en el corto y largo plazo: estrés postraumático, depresión, ansiedad o ataques de pánico sólo por mencionar algunos.

Pero no se trata sólo de consecuencias personales, sino también de la violencia que ejerce la comunidad.

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia comunitaria como “los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación y exclusión del ámbito público” (Art. 16).

Generalmente, este tipo de manifestaciones de violencia contra las mujeres y niñas son minimizadas, toleradas y hasta justificadas. Y así se genera una serie de incentivos que obstaculizan la participación de las mujeres en la vida social, pues a diferencia de la violencia en el ámbito privado, la violencia comunitaria se da en el contexto vecinal, laboral o escolar.

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¿Cómo puede Isabel y su familia hacer una “vida normal” después de lo que pasó? ¿Cuál es la alternativa para las víctimas? ¿Irse del ejido, sitio que ha sido siempre su casa, su lugar, sólo porque alguien más decidió vulnerar su integridad? ¿Cuál es la alternativa para que una comunidad entera pueda transitar un problema tan delicado como éste?

Deben de existir alternativas ante la violencia, sobre todo cuando ésta queda en evidencia en comunidades tan pequeñas, donde familias completas se ven involucradas. Desgraciadamente ha quedado claro que el conflicto, lejos de disminuir, incrementa. Y mientras las autoridades estatales y municipales no hagamos un esfuerzo por intervenir, la violencia comunitaria hacia Isabel y su familia irá en aumento.

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