Arturo Rodríguez García
Arturo Rodríguez García
TWITTER: @ARTURO_RDGZ
En apenas unos días, dos casos han evidenciado la fragilidad del Estado mexicano frente a la intervención de actores extranjeros en áreas estratégicas. La detención de Anderson Olivares de Oliveira, directivo de la fintech Dock, y las denuncias contra Thiago De Magalhaes, presunto gestor de contratos públicos para Grupo Surman, ambos, de nacionalidad brasileña, quienes habrían operado en sectores considerados de seguridad nacional.
A esto se suma un caso de otro calibre, pero con implicaciones similares. El arbitraje entre empresarios israelíes que, según documentos judiciales a los que tuvo acceso el diario The Marker, habrían pagado 25 millones de dólares al expresidente Enrique Peña Nieto a cambio de beneficios contractuales durante su sexenio. Entre los intereses mencionados se encuentra la adquisición de tecnología como el software espía Pegasus, vinculado a tareas de inteligencia. Aunque el caso aún se dirime en tribunales extranjeros, en México ya provocó que la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, solicite cooperación internacional.
Los tres episodios tienen en común la facilidad con la que operadores foráneos logran insertarse en sectores sensibles sin pasar por ninguna clase de control. En el papel, la Ley de Inversión Extranjera establece límites claros para la participación extranjera. En la práctica, los mecanismos de supervisión, desde la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras hasta la Secretaría de Relaciones Exteriores, se han mostrado lentos, reactivos o simplemente ausentes.
El acceso de estos actores a contratos públicos, infraestructura estratégica o plataformas tecnológicas se ha dado al margen de cualquier proceso formal de revisión. La opacidad en su operación no es necesariamente fruto de ilegalidades evidentes, sino de lagunas que el Estado no ha resuelto. Sin autorización previa, sin registro de actividades de cabildeo, sin límites claros sobre hasta dónde pueden operar, el país queda expuesto.
Regular no implica cerrar la puerta a la inversión extranjera, sino establecer límites claros, transparentes y verificables, sobre todo en ámbitos donde están en juego la seguridad del Estado y la integridad del gasto público. La intervención de actores externos en esos espacios no puede depender solo del perfil bajo con el que operan, sino del marco legal que el propio gobierno tiene la obligación de hacer cumplir.
En el caso de Thiago De Magalhaes, hace semanas se habrían presentado denuncias ante instancias como la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno de Raquel Buenrostro Sánchez, el Servicio de Administración Tributaria que lleva Antonio Martínez Dagnino, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que encabeza Édgar Amador y la propia FGR, según consta en el documento al que esta columna tuvo acceso, mismo que pide una investigación detallada tanto del personaje como de sus operaciones en el país en materia de gestoría para la firma Surman, que dirige Yussef Mansur.
Por otro lado, el destino judicial de Olivares, detenido el pasado 5 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y acusado de participar en un presunto fraude financiero por al menos 10 millones de dólares, quedó en manos de un juez.
Encuentro de movilidad
Las problemáticas en el sector de movilidad en México no cesan. Todas van relacionadas con la congestión urbana, la contaminación y la inequidad en el acceso al transporte público. Por ello, el sector exige una transformación profunda que involucre a todos los actores sociales, económicos y políticos.
La movilidad es ahora entendida como un desafío estructural que requiere un replanteamiento integral que garantice un transporte eficiente y sostenible.
En este contexto, la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), bajo la presidencia de Ricardo Serrano, junto con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), de Rogelio Arzate, y World Resources Institute (WRI), encabezaron el 32° Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad (ENAM), donde se discutieron temas como la descarbonización del transporte, estrategias de financiamiento e incentivos para la renovación vehicular, todo con miras hacia la consolidación de la Agenda Nacional de Movilidad 2024–2030.
Resolución pendiente
Un SOS para el titular de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, ante un malestar que crece dentro del organismo. Si bien se reconoce el esfuerzo por mejorar el sistema de salud y atender los reclamos por falta de medicamentos, los cuales poco a poco parece que se resuelven, a este escenario se suma otro frente delicado: los adeudos con proveedores.
Tal es el caso de la empresa Ocram Seyer, que desde hace meses espera el pago por los servicios de limpieza prestados en instalaciones de Campeche, Colima, Quintana Roo y Veracruz. Durante febrero y marzo, los consultorios de esos estados operaron con normalidad, gracias a este soporte logístico. No obstante, con la salida de María de Jesús Herros, quien encabezaba la Unidad de Administración y Finanzas, el proceso quedó en el limbo y, hasta ahora, nadie ha dado respuesta. Vale la pena que el doctor Svarch revise este tema de cerca. Al tiempo.
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