Arturo Rodríguez García
Por Arturo Rodríguez García
Twitter: @Arturo_Rdgz
La gobernadora Libia García Muñoz, primera mujer en ocupar el cargo en Guanajuato, enfrenta una crisis en su gabinete: el secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá quien, tras la reciente orden de un juez federal para reabrir la investigación por presuntas contrataciones irregulares durante su estancia en el Hospital Regional del ISSSTE, en León, está de nueva cuenta en el ojo del huracán.
Orlando Díaz Delgadillo, titular del Centro de Justicia Penal Federal en Aguascalientes, ordenó reabrir la investigación por presuntos actos de corrupción cometidos en dicho instituto, tras revocar la decisión de una agente del Ministerio Público que había desechado el caso en sólo 17 días.
Según la denuncia de Martha Karina Rodríguez Lizola, su sucesora, los contratos favorecieron a empresas con vínculos internos, lo que sugiere un evidente conflicto de interés.
La actuación del Ministerio Público Federal fue, a todas luces, una muestra de negligencia o encubrimiento. En poco más de dos semanas desechó la denuncia sin ordenar una sola diligencia y se concedieron apenas 24 horas al representante legal del ISSSTE para presentar pruebas.
El juez Delgadillo no solo revocó esa decisión, sino que la calificó de inadmisible. La nueva investigación obligará al Ministerio Público a hacer lo que no hizo: indagar a fondo, revisar contratos, cruzar nombres y rendir cuentas a la ciudadanía.
Este nuevo revés profundiza la creciente desconfianza que ya pesa sobre Cortés Alcalá. Y es que no se trata de un evento aislado, lo que se denuncia es un patrón sistémico de adjudicaciones directas, pesquisas prematuras cerradas, y múltiples señalamientos.
Gabriel Cortés Alcalá fue director del Hospital Regional del ISSSTE en León entre abril de 2023 y septiembre de 2024, y ha sido señalado de haber dañado al erario por más de 50 millones de pesos.
Entre las principales anomalías, se señala la adjudicación de contratos para mantenimiento de aires acondicionados, vigilancia y obras en cocina, entre otras, a empresas fantasma, creadas recientemente o vinculadas a los propios empleados del hospital.
En marzo del año pasado, diputados de Morena lo acusaron expresamente de actos irregulares durante su gestión en León.
En noviembre pasado, la asociación “Plataforma por la Justicia y la Paz” interpuso una denuncia formal por un presunto desfalco de 50 millones en contrataciones realizadas bajo su gestión en el hospital. Incluso, en su momento su postura oficial –evadiendo responsabilidades y defendiendo la legalidad de los contratos– fue un intento por deslindarse que apenas si sirvió para ahondar las sospechas.
Tras la reapertura del caso, la fiscal fue separada del caso e incluso vinculada a proceso por cerrar prematuramente la carpeta en el primer intento. Por el momento, la gobernadora ha decidido mantener a Cortés Alcalá en el puesto hasta que se deslinden responsabilidades.
¿Hay dinero?
Las arcas públicas parecen no pasar su mejor momento y las onerosas deudas a proveedores de múltiples dependencias lo comprueban.
Los impagos no solo tocan al ámbito energético, como ha resonado incluso a nivel internacional.
El sector salud tampoco se ubica en su mejor momento con los millonarios adeudos en compra de medicamentos, pero no es el único pie del que se cojea, ya que si hablamos del IMSS-Bienestar, de Alejandro Svarch, llama la atención que no se ha pagado por los servicios de limpieza que realizó Ocram Seyer en Veracruz, Campeche, Colima y Quintana Roo, aunque las facturas pendientes corresponden a febrero y marzo pasado.
Debido a que en el Instituto parecían no tener avances, la falta ya fue expuesta a la Secretaría Anticorrupción, de Raquel Buenrostro, como consta en el expediente CONC/370/2025; no obstante, todo mundo se pregunta si de verdad ¿hay dinero?, luego que la presidenta así lo dijera al responder sobre las deudas.
Sin margen de maniobra
Con luz verde del Poder Judicial, la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, ya podrá detener y extraditar a Óscar Fernando Villarreal Martínez, empresario acusado por Estados Unidos de operar un esquema fraudulento entre 2008 y 2013 que dejó pérdidas por más de 9 millones de dólares a ciudadanos de ese país.
Mediante fondos como WW Capital III y WW Capital Partners, captó dinero de inversionistas prometiendo rendimientos ficticios, que en realidad provenían del capital de nuevos participantes, en una estructura de tipo Ponzi.
En México, Villarreal Martínez también enfrenta cargos por fraude agravado tras incumplir un contrato con la financiera Crédito Real, ligado a un proyecto en Tulum.
Su expediente incluye contratos millonarios con Pemex a través de empresas inhabilitadas. Ahora, con los amparos desechados, su arresto está más cerca luego de siete años de litigios. Falta saber si las autoridades mexicanas también investigarán el origen y destino de los recursos públicos que tocó, o si sólo cumplirán con el trámite de entrega al país vecino.
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