Roberto Aguilar
Por Roberto Aguilar
Este año se conmemoran cuatro décadas de operación de los vales de despensa en México que con éxito transitó del papel a los monederos electrónicos y que actualmente más de 10 millones de trabajadores reciben dicha prestación, que en el agregado beneficia a más de 40 millones de mexicanos, y el impacto económico supera 114 mil millones de pesos anualmente.
Y en este contexto, la Asociación de Sociedades Emisoras de Vales (ASEVAL) que preside Marcos Martínez Vázquez, con 25 años de vida y agrupa empresas como Edenrd; Efectivale; Sí Vale; Pluxee; y One Card, que representan 85% del mercado, es el principal interlocutor con las autoridades que tienen principalmente con el SAT que cada año autoriza la continuidad de la emisión de la prestación que es deducible de impuestos para las empresas por hasta 53% del monto otorgado en su declaración anual.
ASEVAL desarrolla diversas estrategias para que más empresas adopten el beneficio para sus trabajadores, que actualmente superan 75 mil unidades de económicas de todos los tamaños y giros; y especialmente en el segmento de las Pymes, que es el principal generador de empleo en México. Además, desarrollar un sistema especializado en vales de comida; y seguir con el alto cumplimiento de todas las regulaciones financieras del sector, incluida su robusta vigilancia en prevención de lavado de dinero.
Hay que sumar que los vales fomentan la retención de talento y beneficio de los trabajadores; un estudio de la firma IPSOS, revela que los vales de despensa son la segunda prestación laboral más deseada para los trabajadores, detrás del fondo de ahorro.
Gravedad en el ISSSTE
Si una dependencia pública ignora las observaciones de su propio Órgano Interno de Control (OIC) no es sólo un acto de omisión, sino más bien una afrenta deliberada a los principios más básicos de legalidad y rendición de cuentas. Y esto es lo que gravemente está sucediendo en el ISSSTE con una presunta complicidad de su dirección de administración y finanzas, cargo de Omar Butrón Fosado. Si bien el OIC, a través de un expediente administrativo, instruyó repetir un fallo irregular en una licitación de 770 millones de pesos, el ISSSTE volvió a adjudicar el contrato a la misma empresa, Ocram Seyer-Wilk, usando exactamente los mismos argumentos ilegales que ya habían sido invalidados: el “precio no conveniente” y una supuesta “insolvencia” jamás sustentada en las bases. El ISSSTE no solo desoye a su órgano de control, sino que lo desafía abiertamente. La respuesta del jefe de servicios generales, Manuel Alejandro Torres Silva, al emitir un nuevo fallo calcado del anterior, ponen en entredicho el papel de la Secretaría Anticorrupción que encabeza Raquel Buenrostro. El OIC argumentó con 36 páginas de evidencia técnica y jurídica, pero el ISSSTE respondió con soberbia y papel reciclado. Esta necedad no solo mina la confianza en las instituciones, sino que cuesta dinero: tan solo en seis meses, el sobrecosto a favor de la empresa favorecida supera 50 millones de pesos, con una proyección de 100 millones al cierre del año.
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