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CDMX.- Los bolivianos, primeros ciudadanos del mundo en elegir al Poder Judicial a través del voto popular, han contado a México el final de la película: los jueces terminan involucrados en temas políticos, buscan alargar ilegalmente sus mandatos y la impartición de justicia para los ciudadanos tiende a empeorar.
“La consecuencia más compleja que nosotros hemos visto en Bolivia, y espero que eso no le pase a México, es la llamada autoprórroga”, relata el abogado boliviano Fernando Escobar Pacheco, experto en derecho electoral y estudioso de la “democratización” del Poder Judicial en ambos países.
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“¿Qué significa esto? Que los jueces, como ahora sienten que están ejerciendo la representación popular, han emprendido un boicot de las elecciones judiciales con el argumento de que hay errores en el proceso, y eso los ha llevado a autorizarse a sí mismos una permanencia en sus cargos mayor a la que marca la ley”, explicó.
Autor del libro “Elección popular de jueces en Bolivia: aportes del derecho constitucional comparado”, Escobar subraya que “cuando los jueces sienten que tienen el mismo poder de representación que otras autoridades, dejan su cargo de ser jueces técnicos y pasan a ser actores políticos”.
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Y es ahí donde valores como la división de poderes, el Estado de derecho y la imparcialidad en la aplicación de la ley comienzan a enturbiarse. “Cuando el derecho no se ejerce técnicamente, sino políticamente, corre el gravísimo riesgo de ser un instrumento para favorecer al poder”, advierte.
Desde el año 2009, Bolivia elige por la vía del voto popular a los representantes del Poder Judicial. Pero a diferencia de México, donde las recientes reformas ordenan elegir a través de las urnas a la totalidad de los jueces, magistrados y ministros, en el país sudamericano sólo se elige a una veintena de personajes que encabezan los altos tribunales.
Con una experiencia de 16 años celebrando elecciones judiciales, los bolivianos aún no están totalmente convencidos sobre los beneficios que esta modalidad de selección ha traído a la procuración de justicia.
“Actualmente estamos en una etapa donde se empieza a generar una discusión, sobre todo en los ámbitos políticos y ciudadanos, para analizar si esta forma de elección es positiva. Estamos evaluando los beneficios de esta forma de elección”, dijo en entrevista Katia Uriona Gamarra, expresidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia.
De visita en México, donde encabeza una Misión de Observadores Electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) que vigiló los comicios del 1 de junio pasado, Uriona reconoce que actualmente en Bolivia se libra un debate sobre las dificultades que tiene la justicia para responder de manera oportuna, transparente y eficiente a las demandas ciudadanas.
“Es necesario, por un lado, evaluar con rigurosidad cuáles son las carencias del sistema de justicia y, por el otro, revisar con honestidad si estas carencias están vinculadas a la forma de elección de autoridades judiciales”, expone la observadora boliviana.
El próximo 17 de agosto, los bolivianos están llamados a las urnas para elegir presidente de la República y vicepresidente, así como para renovar la Cámara de Diputados y el Senado. En plenas campañas, la totalidad de los candidatos han enfocado sus propuestas en resolver los problemas económicos, pero también en mejorar el sistema de justicia.
El investigador Escobar Pacheco es contundente: “Yo podría calificar las elecciones judiciales en Bolivia como un fracaso absoluto, porque el sistema de justicia no sólo no ha mejorado, sino que hemos retrocedido. En todos los aspectos la justicia ha desmejorado, estamos tocando fondo y, sin duda, esta situación tiene una relación de causalidad con la forma de elección de jueces”.
Respecto a los nexos que existen entre los personajes que encabezarán la Suprema Corte de México y el partido Morena, Escobar ve una perversión de origen.
“La poca gente que fue a las urnas, seguramente va a esperar que el ministro por el que ha votado apoye causas particulares. Por eso es que no es buena idea la elección popular de jueces, porque en sistemas democráticos inmaduros el clientelismo todavía tiene mucha influencia”.
—¿Ha mejorado el sistema de justicia en Bolivia desde que los juzgadores son electos? —se le pregunta a Uriona Gamarra.
—Yo no me animo a hacer una afirmación en ese sentido, porque el problema que está enfrentando la justicia en Bolivia ahora es un tema muy álgido, en términos de la necesidad de reforma de su estructura interna, del desempeño de sus competencias y sus funciones. Este es un problema de larga data y es difícil hacer esa asociación, pero ahora, Bolivia sí está discutiendo la pertinencia o no de este tipo de elección.
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