Redacción El Coahuilense
CDMX.- La intención del Infonavit de regularizar viviendas abandonadas o invadidas mediante un esquema de renta con opción a compra es viable, pero el programa debe ofrecer certeza jurídica y evitar la normalización de ocupaciones ilegales, aseguraron especialistas.
Daniela Sánchez Carro, coordinadora de la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda de la Universidad Iberoamericana, consideró que el enfoque tiene un sentido social positivo si se implementa correctamente.
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“El abandono de vivienda en México es un fenómeno estructural vinculado a la falta de servicios, inseguridad y precariedad laboral. El programa podría ayudar a dignificar la vida de familias que ocupan viviendas por necesidad, siempre que se garantice certeza jurídica, condiciones de habitabilidad y no se normalicen invasiones por beneficio económico”, explicó.
La especialista advirtió que el éxito dependerá de su aplicación caso por caso, ya que en algunas regiones del país existen redes organizadas que lucran con la toma y reventa ilegal de inmuebles.
De acuerdo con el director general del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero, en el país se han identificado 168 mil viviendas en condición irregular.
De este total, 145 mil están ocupadas por personas que dejaron de pagar su crédito o invadieron casas deshabitadas y otras 23 mil están desocupadas o vandalizadas.
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Las viviendas corresponden principalmente a fraccionamientos de interés social construidos durante la última década con financiamiento del Infonavit, que quedaron vacíos por problemas de inseguridad, falta de servicios o pérdida de capacidad de pago.
Los estados más afectados por abandono o invasiones son Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Zacatecas e Hidalgo. Datos del Coneval revelan que en entidades como Michoacán o Hidalgo hasta 20 por ciento del parque habitacional se encuentra en abandono.
Los estados más afectados por abandono o invasiones son Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Zacatecas e Hidalgo
Por su parte, Héctor Magaña, coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN), recordó que el país enfrenta un déficit habitacional cercano al 70 por ciento, lo que complica el acceso a vivienda, sobre todo para personas sin acceso a créditos de Infonavit o Fovissste.
“El Estado debe intervenir para garantizar condiciones de bienestar, pero sin criminalizar la necesidad de vivienda. Esta iniciativa puede dar soluciones si se gestiona con responsabilidad y se evita caer en prácticas de lucro con necesidades sociales”, apuntó.
El Infonavit contempla tres vías para regularizar: reestructuración para acreditados morosos, renta con opción a compra para ocupantes irregulares y rehabilitación para viviendas vandalizadas, todas bajo un esquema que podría convertir al habitante en propietario tras cuatro o cinco años de renta pagada.
No obstante, el anuncio ha causado inconformidad en el sector privado, ya que diversas cámaras empresariales rechazaron la propuesta por considerar que valida tomas ilegales.
“Rechazamos cualquier iniciativa que premie la toma ilegal de viviendas”, señalaron en un comunicado la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, Concanaco, Concamin, Coparmex, Comce y el Consejo Nacional Empresarial Turístico.
El Infonavit aclaró que el programa no busca despojar a propietarios originales, quienes podrán reestructurar o recuperar sus casas si lo desean.
Sobre esto, Magaña agregó que el reto será garantizar la transparencia y la correcta ejecución para que la medida no se preste a abusos ni genere conflictos legales.
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