Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que no existen, hasta el momento, elementos suficientes para acreditar que 13 candidaturas electas al Poder Judicial Federal hayan incurrido en delitos que las inhabiliten legalmente.
Aunque los señalamientos incluyen acusaciones por violación, violencia familiar y deudas alimentarias, el organismo aclaró que sólo una sentencia firme podría anular sus triunfos.
Durante la sesión extraordinaria del Consejo General celebrada este jueves 5 de junio, se presentó un informe preliminar sobre los casos denunciados. Entre los expedientes revisados figuran acusaciones por violencia política de género, delitos sexuales contra menores y otros agravios que han generado preocupación pública y cuestionamientos desde la oposición.
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El informe concluyó que, por ahora, no hay pruebas suficientes para cancelar sus registros como candidatos electos. Sin embargo, las consejerías electorales solicitaron una investigación exhaustiva cuyo resultado final será presentado el próximo 15 de junio.
El INE reiteró que, conforme a la legislación electoral vigente, sólo una resolución judicial definitiva puede impedir que una persona electa asuma funciones. En tanto eso no ocurra, los 13 candidatos señalados podrán tomar posesión de sus cargos el próximo 1° de septiembre.
La jornada del 1 de junio —la primera en la que se eligieron por voto popular más de dos mil jueces, magistrados y ministros— ha estado marcada por una participación ciudadana histórica a la baja (13 por ciento) y múltiples críticas sobre la idoneidad de los perfiles ganadores.
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Organizaciones civiles y partidos opositores han advertido sobre el riesgo de normalizar el acceso a cargos de alto perfil judicial por parte de personas con antecedentes o denuncias graves. Ante ello, el INE defendió que su actuación se rige por el principio de presunción de inocencia y el respeto al debido proceso.
Se prevé que el próximo 15 de junio el Instituto emita las constancias de mayoría a los candidatos ganadores, salvo que surjan elementos de último momento que ameriten la revisión o cancelación de alguno de los registros. El INE aseguró que mantendrá la colaboración con instancias judiciales para garantizar la integridad del proceso.
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