Redacción El Coahuilense
CDMX.- La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia, cuyos nueve ministros recibirán su constancia de mayoría este domingo y entrarán en funciones el 1 de septiembre, heredarán al menos mil 228 casos que dejarán pendientes y en rezago los actuales integrantes del máximo tribunal del país ante la celeridad de la Reforma Judicial.
Esto sumado a los nuevos casos que día a día van llegando a la Oficialía de Partes de la SCJN y que son turnados a las diversas ponencias. Estos expedientes quedan congelados en automático para que los nuevos jueces los reciban, analicen y resuelvan.
Entre los pendientes se encuentran los adeudos fiscales del empresario Ricardo Salinas Pliego, o el caso de las manufactureras que reclaman doble cobro de IVA.
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Según datos estadísticos de los equipos de trabajo de las y los ministros en funciones, recopilados y en posesión de El Sol de México, en pleno y las dos salas de la Corte hay una existencia de 428 asuntos que aún no tienen proyecto de resolución, que por lo tanto deberán ser elaborados por la nueva integración pues de ellos dependerá su sentencia.
Del total, 111 están bajo responsabilidad de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien resultó electa para la nueva integración; 102 de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 79 de Lenia Batres, quien también repetirá en el cargo y 46 de Juan Luis González Alcántara Carrancá. Son los que más retraso llevan.
Ante esto la nueva integración deberá trabajar bajo presión pues la reforma al Poder Judicial de la Federación establece, en su artículo 17 que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver en un máximo de seis meses, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente”.
En 2023, ya durante la presidencia de la ministra Norma Piña Hernández las dos salas y el tribunal pleno de la Suprema Corte resolvieron un total de cuatro mil 299 asuntos, mientras que en 2024 resolvieron tres mil 853 asuntos.
Sin embargo, con las modificaciones constitucionales, a partir del 1 de septiembre la totalidad de los asuntos los deberá resolver el pleno el cual pasará de tener 11 a nueve ministros.
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Fuentes del máximo tribunal señalan que los nuevos juzgadores supremos qué resultaron de la elección del 1 de junio podrían formalizar un acuerdo para realizar grupos de trabajo y equipararlos a las Salas con el objetivo de aminorar la carga laboral que enfrentarán al llegar a Pino Suárez 2.
Para el académico y especialista Javier Martín Reyes el trabajo para los nuevos ministros será intenso, pues además, seis de ellos, entre ellos su presidente Hugo Aguilar, tendrán que enfrentar la curva de aprendizaje para el trabajo en la Suprema Corte y deberán hacerlo a presión extrema.
“No será fácil para los nuevos ministros que salieron de esa reforma, se enfrentan a una cantidad de expedientes tremenda que día a día se irá acumulando. El virtual próximo presidente de la Corte la tendrá más complicado por su posición en el máximo tribunal “, explicó el también investigador.
Entre los pendientes que quedarán para septiembre se encuentran los casos IMMEX, que involucran 16 mil millones de pesos; los casos de impuestos relacionados con empresas y adeudos al SAT de Ricardo Salinas Pliego como Elektra, Total Play y TV Azteca; asuntos de devolución de impuestos de diversas empresas dedicadas a los sectores automotriz, farmacéutico e industrial así como directrices para regular financiamiento de interrupción del embarazo, infancias Trans, venta de chatarra en universidades y la extinción de organismos autónomos.
Por ejemplo, en febrero, la Suprema Corte pospuso el análisis de las reglas sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en transacciones virtuales de empresas que forman parte del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).
Se argumentó ante el pleno del máximo tribunal del país que se requiere un mayor análisis por parte de las y los ministros sobre el impacto que la sentencia a la que se llegue podría generar al Estado Mexicano y las finanzas del país por alrededor de 46 mil millones de pesos. Empero, a cuatro meses, aun no ha sido agendado para su revisión pese a que la ministra Yasmín Esquivel ya entregó a sus colegas el nuevo proyecto de sentencia.
Según datos de la SCJN ambién sigue pendiente el análisis de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Federal de Revocación de Mandato, y el amparo en revisión promovido por la organización R3D para impugnar la creación del Banco de ADN para uso forense, por presuntamente vulnerar los derechos a la privacidad, intimidad y protección de datos.
Hasta el momento sigue en vilo la resolución para inaplicar la prisión preventiva oficiosa sin embargo, al día de hoy se prevé que sea resuelto el próximo 5 de agosto, en la penúltima sesión de la actual integración de la Suprema Corte de Justicia; sin embargo, las presiones desde fiscalías estatales y General de la República y el Gobierno Federal podrían cambiar el panorama.
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