Redacción El Coahuilense
CDMX.- Según datos oficiales de poderes judiciales locales, la Judicatura Federal y organizaciones civiles, hasta este 24 de junio, hay 63 mil 223 encarcelados sin sentencia bajo la figura de prisión preventiva oficiosa, una medida que ha defendido la presidenta Claudia Sheinbaum pero que será analizada por la Suprema Corte el 5 de agosto.
La reciente reforma constitucional de 2024, que amplió el catálogo de delitos sujetos a cárcel automática mientras las fiscalías investigan, ha intensificado el debate, colocando al Gobierno Federal, la SCJN e instancias internacionales en el centro de la controversia.
La prisión preventiva oficiosa, regulada en el artículo 19 de la Constitución, incluye ahora delitos como extorsión, producción de fentanilo y emisión de comprobantes fiscales falsos, además de los ya existentes como homicidio, narcotráfico y secuestro.
Esta reforma responde a la estrategia de seguridad en la que se sostiene que es crucial para evitar que los imputados evadan la justicia y para combatir la delincuencia. Sin embargo, la ampliación del catálogo ha generado críticas por su incompatibilidad con estándares internacionales de derechos humanos.
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La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la prisión preventiva oficiosa como una herramienta esencial para garantizar la seguridad ciudadana. En declaraciones recientes, ha sostenido que la medida responde a la demanda social de justicia frente a delitos que afectan gravemente a la población, como la extorsión y el tráfico de drogas sintéticas.
No obstante, su postura fue cuestionada por organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en 2023 ordenó eliminar esta figura por violar la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, también instó a México en 2024 a priorizar alternativas como la prisión preventiva justificada, que requiere una evaluación judicial caso por caso.
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Según registros, el 41 por ciento de la población carcelaria en 2022 estaba en prisión preventiva, contribuyendo a una sobrepoblación de 7 mil 75 internos en exceso. La medida afecta a poblaciones vulnerables pues el 70 por ciento de los detenidos son de bajos recursos, y las mujeres enfrentan mayores desigualdades, según el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
En el ámbito judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se perfila como un actor clave para resolver este conflicto. Se espera que el próximo 5 de agosto, la Corte analice la acción de inconstitucionalidad 49/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que cuestiona la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa.
Proyectos que analizará el máximo tribunal buscan limitar su aplicación, y precedentes como el de la jueza Martha Monroy, quien ha inaplicado la medida por considerarla contraria a tratados internacionales, sugieren que la SCJN podría declarar su inconstitucionalidad. Una resolución en este sentido obligaría al Congreso a reformar el artículo 19, lo que representaría un revés para la política de seguridad del gobierno.
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