Redacción El Coahuilense
Este 25 de junio, el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, conocido como “El Narco de Narcos” y cofundador del extinto Cártel de Guadalajara, comparecerá ante la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, en una audiencia que podría definir su destino.
Esta audiencia marca un momento clave en un proceso judicial de Caro Quintero, pues se podría definir si la fiscalía estadounidense busca la pena de muerte o cadena perpetua contra el capo mexicano.
Caro Quintero, de 72 años, enfrenta cuatro cargos federales en Nueva York: liderar una empresa criminal continuada, dos cargos por conspiración para la distribución internacional de narcóticos (cocaína, marihuana, metanfetamina y heroína) y uso ilegal de armas de fuego para promover el narcotráfico. Sin embargo, el cargo más grave está vinculado al secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.
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El capo fue trasladado a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025, en un operativo realizado por el gobierno mexicano en el que “expulsaron” del país a 29 narcotraficantes, en un movimiento que no fue llamado extradición, por lo que abrió la puerta a la posibilidad de la pena capital.
Caro Quintero se declaró no culpable en su primera comparecencia el 28 de febrero y, desde entonces, su caso ha avanzado entre tensiones legales, incluyendo un cambio en su equipo de defensa por un posible conflicto de intereses.
Actualmente, es representado por los abogados Mark DeMarco y Elizabeth Macedonio, luego de que se sustituyera a Michael Vitaliano.
La audiencia de este miércoles, presidida por el juez Frederic Block, tiene como objetivo principal que la fiscalía anuncie si buscará la pena de muerte contra Caro Quintero, una decisión que el Departamento de Justicia de Estados Unidos debe autorizar.
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Entre los posibles escenarios se encuentra que la fiscalía busque la pena de muerte contra ‘Don Rafa’, en un juicio que podría alargarse dado que un jurado determinará la culpabilidad y la sentencia.
También se encuentra tangible la posibilidad de que la fiscalía no defina su postura sobre la pena de muerte, por lo que la audiencia podría centrarse en aspectos procesales, como la revisión de pruebas.
Asimismo, se vislumbra complicado un acuerdo con la fiscalía para una posible declaración de culpabilidad, pues no hay reportes de acercamientos o negociaciones entre ambas partes, como sí ha ocurrido en otros casos contra capos mexicanos.
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