Redacción El Coahuilense
CDMX.- Fue apenas el año pasado cuando la Suprema Corte confirmó la sentencia de 14 años de prisión a un docente que impartía clases en una escuela de Oaxaca pues se comprobó que abusó sexualmente de una alumna de apenas ocho años de edad.
Era el 4 de septiembre de 2019 cuando la menor estaba en su salón de clases, en una escuela primaria del municipio de Pochutla cuando su maestro se le acercó, metió su mano por debajo de la playera y le tocó el pecho derecho.
A partir de casos como este, organizaciones civiles han denunciado la falta de protocolos desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) para prevenir y actuar ante este tipo de casos pues al día de hoy, y al menos desde 2018, la ausencia de pautas desde la autoridad educativa federal es absoluta.
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Documentos judiciales en posesión de El Sol de México señalan que en febrero pasado un juez concluyó que la SEP debe implementar protocolos, capacitación y campañas de prevención a los maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia en escuelas.
Lo anterior con el objetivo de prevenir, identificar, tratar y erradicar la violencia sexual contra niños y adolescentes acontecidas en escuelas en México durante el ciclo escolar en curso pues no había evidencia de que estos hubieran sido puestos en marcha.
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Incluso se detectó que el secretario de Educación Mario Delgado no ha instruido visitas de supervisión en escuelas y tampoco ha presentado denuncias penales ante las instancias competentes derivados de los casos donde ha tomado conocimiento de hechos de violencia sexual.
“La Secretaría de Educación Pública sí debe implementar protocolos, capacitación y campañas de prevención a los maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia en escuelas a fin de prevenir, identificar, tratar y erradicar la violencia sexual contra niños y adolescentes acontecidas en escuelas en México durante el presente ciclo escolar”, resolvieron los magistrados.
En entrevista con este diario, Miguel Ángel Ortiz, abogado de la asociación Educación con Rumbo denunció que existen grupos organizados en escuelas que involucran a directivos, maestros y personal de intendencia qué vulneran a menores de edad mientras están en los planteles.
“Hay grupos organizados, incluidos equipos directivos y eso la verdad es que también nos parecía muy delicado. Por eso decidimos dentro de la demanda de amparo incluir la omisión de la Secretaría de Educación Pública pues ni siquiera realizan visitas de verificación. Recientemente la SEP intentó acreditar que sí tiene protocolos, la verdad es que no los tiene. Lo único que tiene es un documento muy abstracto de cómo hacer protocolos”, expuso.
Y es que para las organizaciones civiles pero también para la justicia federal es primordial que la educación se preste en un ambiente seguro y estimulante para la infancia, para lo cual, las escuelas deben proveer un ambiente libre de violencia.
Esto pues porque los menores y los adolescentes tiene derecho a sentirse seguro en la escuela y a no verse sometido a la opresión o humillación recurrente del hostigamiento, ya que no es exagerado señalar que la seguridad del niño en el centro escolar constituye una base fundamental para ejercer su derecho a la educación.
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