El reto que viene

Gabriela María De León Farías.

Maestra en Derechos Humanos.

Especialista en Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas.

Ciudadana

Hubo un tiempo, no muy lejano, en que las leyes en Estados Unidos parecían escritas en otro idioma. Llenas de tecnicismos, frases enredadas y párrafos interminables, solo los eruditos en derecho podían descifrarlas. Ni siquiera los legisladores comprendían a fondo el contenido de lo que aprobaban. Pero en la década de 1960 algo cambió: un grupo visionario de juristas, lingüistas y ciudadanos comunes decidió que la justicia no debía estar secuestrada tras barreras lingüísticas. Así nació el “Plain Language Movement” o “Movimiento del Estilo Llano”, un esfuerzo revolucionario por democratizar el derecho a través de la claridad. El punto de inflexión llegó en 1978 cuando el presidente Jimmy Carter emitió una orden ejecutiva que obligaba al gobierno federal a escribir sus regulaciones en un lenguaje sencillo, directo y humano.

El mensaje es tan claro como contundente: si una ley no puede ser comprendida por quien debe cumplirla, ¿cómo puede ser efectiva? Si el ciudadano de a pie no entiende sus derechos y obligaciones, ¿de qué sirve tener leyes?

Hoy, el legado de ese movimiento sigue más vigente que nunca. Países como Canadá, Australia y varias naciones europeas han adoptado el estilo llano en sus sistemas legales porque comprendieron una verdad fundamental: la claridad legislativa no es un simple asunto de estilo, sino un pilar esencial de la democracia. Cuando las personas entienden plenamente sus derechos y obligaciones, participan más activamente, confían en sus instituciones, exigen con mayor contundencia y cumplen con mayor conciencia.

Sin embargo, en México seguimos anclados en prácticas medievales. Nuestros legisladores, continúan redactando normas como si estuvieran destinadas exclusivamente a círculos de iniciados en derecho. La ciudadanía queda relegada a un papel secundario, forzada a depender de intermediarios que descifren lo que debería ser claro y accesible.

Lo que está en juego no es solo una reforma de códigos o procedimientos. Es la oportunidad histórica de abrir de par en par las puertas de la justicia, de terminar con el oligopolio del lenguaje jurídico oscuro y de devolverle a la gente lo que siempre debió ser suyo: el derecho a comprender. Si aspiramos a una democracia real y funcional, necesitamos urgentemente leyes que todos puedan entender, debatir y exigir.

La claridad legal no es un privilegio, es un derecho fundamental. La transparencia legislativa no es una concesión, es una obligación democrática. Porque una ley incomprensible es una ley inútil. Y una democracia con leyes indescifrables no es más que una farsa institucional.

El momento de actuar es ahora. Exijamos a nuestros legisladores que dejen de escribir para su círculo de especialistas y comiencen a legislar para el pueblo al que sirven. La democratización del lenguaje jurídico no admite más dilaciones. Si queremos construir un México más justo, más equitativo y más democrático, empecemos por el principio más básico: entender y hacernos entender. Porque solo cuando las leyes sean claras, la justicia será posible. Solo cuando todos comprendamos, podremos participar plenamente. Solo con transparencia legislativa tendremos una democracia verdadera. El cambio no puede esperar. La claridad es urgente. La justicia comienza con entender.

MÁS DE LA AUTORA: