Hiroshi Takahashi
Por Hiroshi Takahashi
Los recientes movimientos en el gabinete de Samuel García han encendido las alarmas en el sector empresarial de Nuevo León. Lejos de parecer ajustes administrativos, la reconfiguración orquestada por el gobernador apunta a una consolidación política interna con la vista puesta en 2027. La designación de Miguel Flores, Daniel Acosta y Federico Rojas como coordinadores de los tres gabinetes estatales —los cuales controlan 17 Secretarías— ha sido interpretada como un intento por blindar su estructura de gobierno de cara a su proyecto sucesorio, más que como una búsqueda genuina de eficiencia institucional.
Nos cuentan que cámaras empresariales como Caintra, encabezada por Jorge Santos Reyna; Coparmex, bajo la dirección de Juan José Sierra Álvarez; Canaco, presidida por Jaime Herrera Casso; y CMIC, liderada por Roberto Macías, ya preparan una reunión privada para manifestar su inquietud. Para estas organizaciones, el riesgo no está en los nombres, sino en el mensaje: el aparato gubernamental parece más ocupado en operar políticamente que en generar condiciones estables para la inversión y el desarrollo.
La preocupación no es gratuita. Uno de los cambios más sensibles es el desplazamiento de Javier Navarro, aún titular de la Secretaría General de Gobierno, pero ya removido de la coordinación del Gabinete de Buen Gobierno. Navarro, con perfil técnico y trayectoria jurídica sólida, mantenía un canal abierto y confiable con el sector productivo. Su eventual salida, aún no oficializada, y el posible ascenso de Miguel Mike Flores a esa posición, genera incertidumbre sobre el futuro del diálogo institucional.
Flores, junto con Daniel Acosta y Federico Rojas, integra el núcleo más cercano de Samuel García. No obstante, dentro y fuera del gobierno se señala la falta de experiencia técnica y resultados tangibles de los tres. Sus trayectorias están más ligadas a la operación electoral y al activismo político que a la gestión pública. La percepción, compartida incluso por funcionarios estatales, es que estos nombramientos responden más a lealtades personales que a una evaluación de capacidades.
Casos como el de Martha Herrera, exsecretaria de Igualdad e Inclusión, refuerzan esa idea. Su salida —relevada por Acosta, quien se desempeñaba en Participación Ciudadana— ha sido vista como una muestra más del desplazamiento de perfiles técnicos por operadores políticos. Herrera contaba con respaldo en organizaciones sociales y reputación intachable en el sector empresarial. Su remoción ha sido recibida como un golpe a la credibilidad del gabinete, particularmente entre quienes esperaban una gestión con enfoque profesional y resultados medibles.
Los empresarios advierten que el momento no es el mejor para enviar señales de inestabilidad. El contexto nacional ya es suficientemente volátil: la posible reforma judicial, el riesgo de fricciones comerciales con Estados Unidos y un clima económico cauteloso. Agregar incertidumbre local, con movimientos caprichosos y una creciente percepción de improvisación, solo mina la confianza en el gobierno estatal como aliado del desarrollo.
En este contexto, la gran pregunta que flota en el ambiente no es quién entra o quién sale, sino hacia dónde va Samuel García. ¿Se trata únicamente de una reconfiguración de su gobierno para mejorar o es una estrategia para consolidar un proyecto personal rumbo a 2027? La respuesta no se leerá en el Periódico Oficial del Estado, sino en la forma en que el aparato público actúe ante las necesidades reales de Nuevo León.
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