Hiroshi Takahashi
Por Hiroshi Takahashi
Las compras públicas de medicamentos para los ejercicios 2025 y 2026 están resultando más turbias que nunca. En la administración de la autollamada Cuarta Transformación —segunda etapa incluida—, los tentáculos del poder parecen extenderse sin pudor: hoy, empresas vinculadas a Manuel Bribiesca Sahagún, hijo de Martha Sahagún e hijastro del expresidente Vicente Fox, han sido beneficiadas con contratos millonarios a través del procedimiento consolidado encabezado por Birmex.
Ya en el pasado reciente, este mecanismo había sido severamente cuestionado por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, por presuntas irregularidades por más de 13 mil millones de pesos. El escándalo obligó a echar abajo buena parte de las adjudicaciones. Pero en el nuevo intento, todo indica que la opacidad se ha refinado.
En el procedimiento IA-12-NEF-012NEF001-I-30-2025, referente a la “Compra consolidada de medicamentos, bienes terapéuticos, material de curación y auxiliares de diagnóstico”, destacan adjudicaciones por más de mil millones de pesos mediante un procedimiento restringido (invitación a cuando menos tres), a empresas que especialistas en el sector ya conocen como parte del “Cártel de los Bribiesca”.
Durante el sexenio anterior, Bribiesca articuló una red de empresas del ramo médico, integradas por amigos, socios y prestanombres, con el objetivo de colar sus razones sociales en los procesos de licitación del sector salud, valiéndose de influencias y relaciones dentro del gobierno. En esa red figuran, además de Bribiesca Sahagún, Carlos Blackaller Ferrosa, Ricardo Garza Pons, Mauricio Pontones, Manuel Martínez, Manuel Barragán Hernández y Juan Antonio Acevedo Sánchez.
Uno de los casos más representativos es el de Intercambio Global Latinoamérica S.A. de C.V., propiedad de Manuel Barragán Hernández, que fue adjudicada con 13 partidas de insumos médicos por un total de 996 millones de pesos. Otra firma vinculada, Nextmed S.A. de C.V., de Juan Antonio Acevedo Sánchez y María Lilia Sánchez Hernández, obtuvo una partida por 68 millones de pesos.
Ambas compañías han realizado operaciones cruzadas por más de 50 millones de pesos, lo que confirma una simulación de competencia para ganar adjudicaciones de forma fraudulenta. El expediente se agrava si se revisan los proveedores de estas firmas: entre ellos figuran empresas fantasma dedicadas al outsourcing y servicios intangibles, como MRCI Manejo de Recursos y Controles Inteligentes S.A. de C.V. y LEDA Liderazgo Empresarial de Alcance S.A. de C.V., mediante las cuales se han transferido más de 40 millones de pesos.
Estas empresas —y sus réplicas— han absorbido recursos públicos del IMSS, el ISSSTE, y gobiernos estatales como los de Michoacán, Guerrero y Ciudad de México, entre otros. En conjunto, han captado al menos mil millones de pesos adicionales en los últimos años. Mientras tanto, la Cuarta Transformación —ya en su “segundo piso”— repite prácticas que prometió erradicar.
SE MUEVEN SIN DEJAR RASTRO
Los casos del brasileño Anderson Olivares, detenido en México por un presunto fraude millonario, y el de Thiago De Magalhaes, acusado de mover influencias para favorecer a Grupo Surman en contratos gubernamentales, reflejan una misma constante: hay personajes desconocidos operando sin control real en sectores clave del país.
Aunque sus giros son distintos —uno desde el universo de las fintech y el otro desde el negocio de renta y venta de vehículos oficiales—, ambos representan una alerta roja sobre la fragilidad de los marcos regulatorios. En ambos casos hay indicios de abusos sistemáticos amparados en zonas grises legales y falta de vigilancia efectiva.
Olivares fue director general de Dock, una plataforma de tecnología financiera que creció de forma acelerada en México sin estar completamente sujeta a la regulación bancaria. El modelo prometía inclusión y eficiencia, pero detrás de la fachada operaba un sistema opaco que hoy enfrenta acusaciones de desvíos multimillonarios.
De Magalhaes, por su parte, habría gestionado —según denuncias documentadas— contratos millonarios para Grupo Surman violando procesos de contratación pública, presuntamente con la venia de funcionarios que miraron hacia otro lado. Ambos casos tienen algo más en común: la autoridad reacciona tarde, cuando el daño ya está hecho, y los involucrados han tenido tiempo de blindarse o desaparecer.
Mientras no existan reglas claras ni vigilancia real, el terreno seguirá abierto para quienes saben moverse sin dejar rastro.
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