Hiroshi Takahashi
Por Hiroshi Takahashi
Quien ya no podrá hacer negocios con el gobierno es la empresa Avacor, propiedad de Anna Viesca y su esposo Carlos Prats, luego de que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, la inhabilitara por 30 meses.
Y es que la Auditoría Superior de la Federación de David Colmenares reveló que la firma se valió de informes apócrifos para participar en el proceso de licitación LA-27-703-027703982-N-15-2024, para la compra consolidada de uniformes, calzado y equipo de protección para el ejercicio fiscal de 2024.
Resulta que los laboratorios que presuntamente emitieron los informes los desconocieron, algo que Avacor presuntamente acostumbra hacer para obtener contratos. Además, en 2021, la propia ASF identificó que vendieron colchones a sobreprecio a la Defensa Nacional, que comanda Ricardo Trevilla Trejo.
Documentos oficiales indican que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a la empresa Avacor, S.A. de C.V. con una multa superior a 1.5 millones de pesos y una inhabilitación de 30 meses para participar en procesos de contratación pública, luego de comprobarse que proporcionó información falsa durante su participación en una licitación nacional de uniformes y equipo de protección para el ejercicio fiscal 2024. La resolución fue publicada este 16 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, donde se formalizó la incorporación de la compañía al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados del gobierno federal.
Avacor no fue la única empresa penalizada. Otras seis compañías —Strongtex, Grupo Corporativo Sudkeny, Distribuidora y Comercializadora Kloer, Colecciones Finas, Biomics Lab México y Ansof Comercializadores— también fueron sancionadas por infracciones similares en el mismo procedimiento de contratación, lo que refleja una red de proveedores con prácticas irregulares en licitaciones del sector público.
Desde el inicio de la actual administración, la Secretaría ha emitido 145 resoluciones sancionatorias, con multas que superan los 62 millones de pesos. De ese total, 57 resoluciones corresponden a 56 empresas vinculadas con el Sector Salud, acumulando más de 20 millones de pesos en sanciones, lo que exhibe un patrón de malas prácticas corporativas en contratos públicos críticos.
Hay que destacar la estrecha relación de los dueños de la firma con el senador de Morena, Adán Augusto López, amigo de Carlos Prats Pérez, padre de Carlos Prats García y suegro de Anna Viesca. Esto presuntamente les permitió recibir la mayoría de contratos para equipo, uniformes y escudos de la Guardia Nacional y el Ejército cuando el hoy senador morenista estaba al frente de la Secretaría de Gobernación.
El castigo llega tarde, pero es un primer paso para frenar a quienes usan sus conexiones políticas y amenazantes demandas contra reporteros para defraudar al Estado.
Asimismo, en el sector dan por hecho que este grupo tratará a toda costa de seguir participando en procesos de compra del gobierno en sus tres niveles, pues entre sus brazos operativos se encuentran supuestamente (porque ellos lo niegan siempre) empresas como Bercale Services, S.A. de C.V. y Grupo Servicorvel, S.A. de C.V., esta última también ya inhabilitada. Sin duda no se querrán quedar fuera del sexenio. Le seguiremos informando.
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