Hiroshi Takahashi
Por Hiroshi Takahashi
El Congreso de Estados Unidos abrió un frente diplomático contra las reformas judiciales impulsadas por los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Una resolución bipartidista presentada por el demócrata Greg Stanton y la republicana María Elvira Salazar advierte que los cambios aprobados en México —como la elección popular de jueces y la eliminación de organismos autónomos— amenazan la democracia, debilitan la separación de poderes y podrían violar compromisos establecidos en el T-MEC. El documento, identificado como H.Res.454, fue turnado al Comité de Asuntos Exteriores este 29 de mayo.
La resolución destaca que México y Estados Unidos mantienen una relación comercial significativa, con un intercambio de bienes que superó los 896 mil millones de dólares en 2023. Además, señala que empresas estadounidenses invirtieron directamente 130.3 mil millones de dólares en México en 2022, y que aproximadamente 5 millones de empleos en Estados Unidos dependen del comercio con México.
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Sin embargo, la resolución manifiesta inquietudes sobre las reformas constitucionales mexicanas, especialmente aquellas que afectan la estructura del poder judicial, como la elección popular de jueces y magistrados, la eliminación de la supervisión independiente del poder judicial y la reducción de los estándares de calificación judicial.
Además de las reformas judiciales, la resolución menciona otras modificaciones constitucionales en México, como la eliminación de instituciones autónomas encargadas de supervisar políticas de desarrollo social y educación, así como las industrias de energía, hidrocarburos y telecomunicaciones. También se destaca la prohibición del maíz genéticamente modificado y la consideración de reformas para reducir la capacidad de supervisión y sanción del Instituto Nacional Electoral de México.
La resolución concluye expresando que estas reformas podrían tener un impacto negativo a largo plazo en las instituciones democráticas de México, la separación de poderes, la independencia y transparencia judicial, y la seguridad.
“Subraya que varios aspectos del paquete de reformas socavan los esfuerzos conjuntos entre Estados Unidos y México para fortalecer el Estado de derecho, combatir el crimen organizado y abordar el flagelo del fentanilo, así como el tráfico de personas y de armas, entre otras prioridades bilaterales”.
Asimismo, advierte que podrían contradecir compromisos establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, poniendo en riesgo intereses económicos y de seguridad compartidos y debilitando la integración económica de América del Norte.
Armas desde México
El gobierno de Donald Trump notificó hace unos días al Congreso una serie de licencias comerciales para exportación de armamento y tecnología militar por montos superiores a los 50 y 100 millones de dólares, incluyendo sistemas de misiles, radares, armas automáticas y componentes de inteligencia para aliados estratégicos como India, Australia, Alemania, Polonia y Arabia Saudita.
Entre los casos destacados figura la exportación de ametralladoras calibre .50 a Emiratos Árabes Unidos, rifles automáticos a Senegal y rifles de asalto a Arabia Saudita, todos bajo el amparo de la Ley de Control de Exportación de Armamento, que exige su notificación al Congreso antes de la aprobación definitiva.
México figura entre los países receptores, con una licencia propuesta para permitir la manufactura y prueba de terminales de datos para vehículos aéreos no tripulados, en colaboración con empresas estadounidenses, de las que mantienen los nombres clasificados como secretos.
La Dirección de Controles de Comercio de Defensa aseguró que cada una de las solicitudes fue evaluada tomando en cuenta criterios políticos, de derechos humanos y control de armamento. Aunque el contenido de las certificaciones es público, la información empresarial contenida se mantiene reservada para proteger a los solicitantes.
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