Hiroshi Takahashi
Por Hiroshi Takahashi
Dos empresarios israelíes —Avishai Neria y Uri Emmanuel Ansbacher— protagonizaron una disputa de arbitraje religioso que sacó a la luz una supuesta “inversión” de hasta 25 millones de dólares en favor del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. A cambio, revela The Maker, obtuvieron acceso privilegiado a contratos con su administración.
“La sentencia del arbitraje que revela la conexión financiera con el expresidente fue firmada a finales de 2024 por un panel de tres jueces, designado por Neria y Ansbacher en 2023 para resolver la disputa que surgió entre ellos según la ley judía —y bajo condiciones de confidencialidad—. Entre otras cosas, se les pidió a los árbitros, los rabinos Yehonatan David Hol, Jaim Friedman e Yitzhak Meir Blesberg, que decidieran sobre las acusaciones de que ambos incumplieron un acuerdo de cártel, en virtud del cual Neria y Ansbacher dividieron entre ellos la operativa de acceso a las autoridades del gobierno mexicano, asignando algunas “pertenecientes” a Neria y otras “pertenecientes” a Ansbacher”, dice la investigación del periodista israelí Gur Meguiddo.
Avishai Neria y Uri Emmanuel Ansbacher, amigos y socios convertidos en enemigos legales, se acusaron mutuamente de haber incumplido un pacto tácito: el control compartido de uno de los contactos más lucrativos que hayan tenido jamás, el acceso directo al presidente de México. Según el medio israelí, ambos usaron su relación con Peña Nieto para conseguir contratos millonarios con dependencias del Estado mexicano, principalmente en materia de inteligencia y tecnología.
En el centro de la disputa: hasta 25 millones de dólares que, según testimonio de las partes, fueron entregados a Peña Nieto “a cambio de favores” y reuniones de alto nivel. Aunque el nombre del expresidente no se menciona directamente, se le alude con la letra N, inicial de “Nasi” (presidente) en hebreo. La temporalidad coincide con su mandato (2012-2018) y la narrativa de los documentos describe cómo los empresarios operaban en paralelo a la diplomacia oficial.
Uno de los episodios más reveladores refiere al software espía Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, que durante el sexenio de Peña Nieto fue vendido a múltiples agencias mexicanas. Neria y Ansbacher habrían fungido como intermediarios en estos contratos. Aunque NSO niega cualquier pago indebido, los documentos del Beit Din (“casa de justicia” en hebreo, es un tribunal rabínico privado, que opera bajo las leyes religiosas del judaísmo ortodoxo) afirman que la relación con la presidencia fue determinante. En un correo citado en el arbitraje, uno de los socios reclama por no haber recibido las “tres reuniones prometidas con el Presidente”, a las que había asignado un valor de 5 millones de dólares.
“La decisión intermedia emitida en el arbitraje y presentada ante el tribunal describe a esa “figura” sobre la que ambos empresarios vertieron enormes sumas de dinero. “La parte B (Ansbacher) exige que se le devuelva la mitad de todos los gastos que ambas partes conjuntamente hicieron en inversiones en esa persona… que según la parte B se estimaron en 25 millones de dólares”, se lee allí. En otro lugar se documenta el argumento de Ansbacher según el cual “la conexión con la persona importante, adquirida por 25 millones de dólares, según él, era un ‘activo’ y un ‘negocio’ compartido entre las partes”, dice el texto.
“Los árbitros determinaron que “sin lugar a dudas ambos (Neria y Ansbacher) disfrutaron ampliamente y alcanzaron niveles altos en los pasillos del poder y altos funcionarios gubernamentales —gracias a esos vínculos con la figura”. De allí concluyeron también que “es difícil reclamar por ese dinero que salió del fondo de la asociación con pleno acuerdo”.
Según The Maker, los documentos presentados ante el tribunal no explican con exactitud cómo se “invirtieron” los 25 millones de dólares en Peña Nieto. Tampoco detallan qué autoridad mexicana “pertenecía” a Neria y cuál a Ansbacher según el acuerdo. Una fuente familiarizada con sus negocios dijo al medio israelí que gran parte de los fondos mencionados en el procedimiento se destinó a gastos políticos, aparentemente vinculados a la campaña electoral en la que Peña Nieto fue elegido presidente en 2012.
MÁS DEL AUTOR:
Síguenos en