Arturo Rodríguez García
Por Arturo Rodríguez García
Una boda celebrada en Mérida, Yucatán, fue escenario de la revelación. La diputada Edna Ileana Dávalos, quien preside la Comisión de Auditoría en el Congreso local, encaró a Xavier Herrera Arroyo, otrora todopoderoso controlador de los recursos públicos en el estado, y le soltó a bocajarro: te van a meter a la cárcel.
Un grupo de políticos laguneros departía en una estancia de una esplendorosa exhacienda henequenera, sede del enlace nupcial. Las señoras se habían acomodado en los sillones y los políticos conversaban de pie sobre, entre otras cosas, la actual administración estatal.
Fue el 29 de marzo de 2024 cuando estaban por iniciar las campañas electorales y el reacomodo de cargos en la administración que iniciaba no estaba dejando mucho espacio a los grupos políticos laguneros.
La legisladora llegó, notable a la distancia porque iba enfundada en un vestido rojo no obstante que lo prohibía el dress code, para clavar su índice en el pecho de Herrera mientras repetía una y otra vez que en ese punto, a la altura del esternón, llevaría su número de reo.
Xavier intentaba escapar de la exhibida, pero Edna Dávalos estaba determinada a no perder su atención, hasta que finalmente le dijo: “yo tengo el expediente, son mil 500 millones los que te robaste”. Eran minutos interminables para el exfuncionario riquelmista y de incomodidad para los testigos hasta que, finalmente, uno de los presentes la disuadió de continuar.
Detrás de aquello, un cúmulo de auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había identificado desde 2021 y hasta 2023 numerosas irregularidades en el manejo de diferentes fondos y partidas presupuestales que, en efecto, suman cerca de mil 500 millones de pesos.
Resarcimiento obligado o…
El pasado martes 8 de abril arribó a Saltillo un equipo de la ASF con el propósito de acompañar al auditor superior, David Colmenares, a poner en marcha, el miércoles 9, un programa de capacitación con el gobierno del estado.
El equipo de Colmenares admitió una consulta sobre los expedientes del Sector Salud. El encuentro fue en el restaurante La Casa del Caballo, al que asistió Blas Flores, jefe de Gabinete del gobernador Manolo Jiménez.
Sobre lo que ahí se dijo sólo trascendió la recomendación extraoficial: que se buscara restituir los recursos porque estaba en curso la integración de expedientes penales a cargo de la oficina de Heladio Ramírez, el jurídico de la ASF que ha encausado los casos de corrupción más graves de la última década.
Entre los funcionarios enterados del caso, consultados por El Coahuilense Noticias, la convicción es que no hay condiciones para aclarar los montos, hay plazos vencidos que ya no admiten más que el procedimiento sancionatorio, la vía penal y el resarcimiento que, por lo demás, no puede realizarse con dinero público.
Como se recordará, el titular de Finanzas durante los años en que se registraron las irregularidades era Blas Flores Dávila. Pero para nadie era un secreto que su posición era más política que ejecutiva pues las decisiones pasaban por el entonces todopoderoso Xavier Herrera Arroyo, quien actualmente ostenta el cargo de subsecretario de Gobierno y Asuntos Políticos.
Al frente de la Secretaría de Salud, la otra dependencia claramente identificada por la ASF que, como se sabe, en sus versiones públicas no identifica el nombre de los funcionarios, estaba Roberto Bernal Gómez, actualmente regidor en el ayuntamiento de Torreón.
Los expedientes millonarios
Una consulta a las auditorías de 2021 a 2023 realizada por El Coahuilense Noticias permitió advertir que las secretarías de Finanzas y de Salud están identificadas plenamente como responsables de numerosos daños a la Hacienda Pública Federal.
La más abultada es la auditoría 684 de 2022 por recursos ejercidos en 2021, es decir, año de intensa actividad en el sector por la pandemia de covid-19. Dicha revisión fue en concreto al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASA), que ese año recibió transferencias federales por 2 mil 247 millones de pesos.
La revisión de la ASF identificó un monto de 731 millones 115 mil pesos, de probable daño a las finanzas públicas, cifra a la que se llega en los pliegos de observaciones: un monto de 306 millones de pesos por no tener documentos que comprobaran pagos; un monto de 176 millones por intentar justificar el pago de una nómina a 557 trabajadores que ya estaba reportado en otra partida.
Además, 229 millones de pesos desviados a cuentas distintas a la del FASA, cuyo destino se desconoce y presuntamente los recursos no se aplicaron a lo que estaban destinados.
Un par de montos más pequeños por rendimientos financieros para un total de 17 millones de pesos; otros 4 millones 352 mil por usar recursos del FASA para el Fondo de Vivienda; un pago indebido de intereses por un millón 410 mil pesos.
En la mencionada auditoría la ASF publicó el comentario sobre un intento de justificar resultados y observaciones por parte de Finanzas, pero una vez que analizaron la información concluyeron que no reunía las características necesarias para aclarar.
Además, la Auditoría 689 del 2022, practicada a los fondos transferidos al estado de Coahuila desde el a la postre fallido Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), por pagos indebidos o en demasía en el gobierno del estado, por un monto de reintegrar de 17 millones y medio de pesos.
La Auditoría 690 del mismo año concluyó que hubo un daño patrimonial por 22 millones y medio de pesos, por no contar con documentación justificativa y comprobatoria sobre el destino de recursos del Programa de Atención a la Salud, Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social, es decir, de dinero para personas que no tienen IMSS ni ISSSTE.
Además, 176 millones 863 por el mismo motivo, el pago de una nómina a 557 personas, es decir, el de la duplicidad identificada en la mencionada auditoría 684. Un desvío a cuentas bancarias no relacionadas por 8 millones 384 mil pesos, que no fueron devueltos a la cuenta correspondiente y cuyo destino se desconoce.
En total, la Auditoría 290 reclama el resarcimiento de 207 millones 800 mil pesos.
Respecto a la Auditoría 693, el monto es otra vez enorme: una asignación indebida por servicios personales por un monto de 442 millones 990 mil pesos, pero que junto con otros usos ilegales del presupuesto, acumulan mil 291 millones 243 mil pesos por aclarar.
Al año siguiente, en el informe de la ASF de 2023, es decir, por recursos ejercidos en el 2022, la Auditoría 772 identificó irregularidades por 9 millones 662 mil pesos en el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para personas sin seguridad social.
En tanto, la auditoría 767 una vez más del FASA identificó un monto observado por 40 millones 987 mil pesos.
En suma, las auditorías mencionadas dan un resultado en torno a los mil 450 millones de pesos, más los intereses que en la mayoría de las partidas auditadas se acumulen hasta que sean reintegrados.
El encuentro de la Casa del Caballo trascendió en la columna Círculo Rojo el jueves 10 de abril. Ese día, fue de caras largas: Xavier Herrera y Roberto Bernal se dejaron ver en las actividades públicas realizadas en Torreón, donde el primero prácticamente no pronunció palabra y evitó a toda costa el abordaje de los medios de comunicación que, por el desalojo del predio de Nuevo Mieleras, tenían el foco en otra parte.
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