Redacción El Coahuilense
Por: Andrés Flores & Daniel Cárdenas // CEDIL
La justicia, el goce de derechos humanos y el cumplimiento de necesidades básicas se han vuelto un privilegio. Somos parte de una estructura social que parece penalizar e ignorar las condiciones de origen de los vulnerables.
Los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), exponen una realidad de la que poco se habla: el sistema de justicia penal castiga con mayor severidad a quienes han nacido y vivido en contextos de pobreza, exclusión social, desigualdad y la falla del Estado en sus funciones más básicas.
Además, no es un dato menor que Coahuila forme parte de los 16 estados del país con mayor tasa de ocupación de los centros penitenciarios en el país, mismos que superan 100% de su capacidad.
¿Quiénes llenan las cárceles en el estado?
En Coahuila los datos de la Enpol de 2021 revelan que la mayoría de las personas privadas de la libertad son jóvenes en edad productiva: 29.6% tiene entre 18 y 29 años, y 36.5% entre 30 y 39 años.
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Además, 75.5% de estas personas sólo cuenta con educación básica (preescolar, primaria, secundaria o carrera técnica con secundaria terminada), lo que significa que tres de cada cuatro tienen un nivel educativo limitado.
En cuanto a su contexto familiar, 31.6% del total de las personas privadas de la libertad provino de un hogar monoparental. Un 24.3% afirmó haber consumido alcohol frecuentemente antes de los 15 años.
A escala nacional, 83.5% de los adolescentes en el Sistema Integral de Justicia Penal indicaron que uno de sus padres o tutores consumía alcohol con frecuencia. Más de 18% de las personas privadas de la libertad reportó haber sufrido algún tipo de violencia en su entorno familiar antes de cumplir los 15 años. Eso nos habla del consumo de alcohol como una de las conductas de riesgo a las que debe de prestarse mayor atención.
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Asimismo en Coahuila 80.9% de la población privada de la libertad afirmó tener dependientes económicos en el mismo periodo. De esta última población, una proporción considerable, 26.3% de los adolescentes privados de la libertad, sostenía económicamente a su pareja, madre, hijos o hermanos.
Contrario al mito del “delincuente ocioso”, ocho de cada diez detenidos tenían empleo en la semana previa a su detención, lo que señala que el sistema no persigue la ociosidad, sino que sigue un perfil de castigo sobre las personas en condición de pobreza.
Detención: la primera condena
Además de enfrentar un contexto adverso, los reclusos en Coahuila sufren de prácticas que desde el momento de la detención vulneran su dignidad y sus derechos, y refuerzan la visión de un sistema que está más enfocado en castigar que en hacer justicia.
La Enpol revela las circunstancias de detención en Coahuila: 38.8% de los reclusos reportó haber sido incomunicado o aislado tras su detención, y un 34.1% indicó haber sido amenazado con la imputación de cargos falsos.
En cuanto a la violencia sufrida, la física es la más prevalente: 34.5% de los detenidos afirmó haber recibido patadas o puñetazos por parte de la autoridad. Además, casi un tercio de los detenidos sobrevivió a torturas por asfixia debido al empleo de bolsas de plástico sobre la cabeza como método investigativo.
Además, en Coahuila 61.5% de los encarcelados reportó haber sufrido violencia psicológica por parte de autoridades tras su detención, esto incluye insultos, amenazas con cargos falsos o con hacerle daño, obligarlos a desvestirse, entre otras formas de violencia.
La Enpol expone que durante la detención se omitieron las garantías mínimas: solamente 43.7% de los reclusos señaló que la autoridad le dijo por qué lo detuvieron. No se les permite contactar a un abogado o familia de inmediato, y muchas veces las personas son obligadas a firmar declaraciones bajo presión. La violencia no es sólo física: también es simbólica, emocional y legal.
Las cifras y condiciones anteriores dibujan perfiles muy similares: jóvenes, con bajo nivel educativo, responsabilidades económicas que los sobrepasan y que están expuestas al temprano consumo de sustancias. ¿El sistema de justicia es realmente justo o se ha convertido en una red que atrapa, mayormente, a los más vulnerables?
El sistema de justicia y la estructura social atienden la marginación, la informalidad laboral, el consumo temprano de sustancias y la falta de oportunidades como delitos, en lugar de abordarlos como problemas sociales. Criminalizar la vulnerabilidad significa castigar y encerrar a las víctimas más visibles de un sistema cuyo delito es ser indiferente.
El perfil de los condenados
Según datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, para diciembre de 2023, cuatro de los siete centros penitenciarios que hay en Coahuila presentan porcentajes de sobrepoblación desde 20% hasta 70.80%, siendo el Centro Penitenciario Piedras Negras el que presenta un mayor porcentaje de sobrepoblación, seguido del Centro Penitenciario Varonil Saltillo, con un 51.57 por ciento.
Para 2024 los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios Estatales y Federales posicionaban a Coahuila como uno de los estados que superaban la tasa de 100% de ocupación. Las cárceles de Coahuila están llenas, pero quizá no porque se haga justicia sino porque se llenan de aquellos que no pueden pagar su derecho a ella.
Además de las condiciones de sobrepoblación en los centros penitenciarios, se descubre insuficiente la capacidad de cumplimiento de condiciones humanas básicas como medicamentos, agua, servicios médicos, psicológicos o energía eléctrica. La Enpol expone que 65.9% de la población penitenciaria tuvo que pagar dentro del centro penitenciario para recibir medicamentos y 11.3% por acceder a servicios médicos, psicológicos o escolares. De igual manera 12.3% pagó por recibir agua potable y 8.6% por tener energía eléctrica en su celda.
La sobrepoblación en los centros penitenciarios es un síntoma de un modelo punitivo que ha demostrado ser insostenible. Apostar únicamente por el castigo y el encierro sin atender las causas estructurales o sociales de la marginación y la vulnerabilidad es una estrategia que reproduce la exclusión en lugar de corregirla.
Fábricas de problemas psicológicos
Por lo que ya mencionamos, no queda duda de que los centros penitenciarios y cárceles son lugares que carecen de servicios básicos y donde los que son detenidos se encuentran expuestos a múltiples riesgos de sufrir violencia o violación a sus derechos humanos.
Por lo tanto, no es de extrañarse que todo esto desencadene múltiples consecuencias y afectaciones al bienestar psicológico de quienes terminan dentro de estos muros y barrotes.
Algunos estudios y bibliografía de distintos autores resaltan como principales consecuencias el desarrollo de baja autoestima, ansiedad, insomnio, depresión, pérdida de expectativas y sentido del futuro, pérdida de vínculos importantes como familia, amigos o pareja, así como psicosis, consumo de sustancias, despersonalización, daños neuropsicológicos, reexperimentación del trauma y respuestas reactivas desproporcionadas.
Estas son tan sólo las consecuencias principales de una larga lista de síntomas derivados de la detención y encarcelamiento, pues existe una gran variedad de situaciones que deben enfrentar las personas encarceladas que pueden agravar estos síntomas o generar otros.
Entonces, ¿en verdad el castigo termina cuando el recluso cumple su sentencia?, pues la mayoría de estas consecuencias tienen un impacto significativo en sus vidas a largo plazo, mismos que no desaparecen en cuanto ponen un pie fuera de la cárcel. ¿Cómo impacta esto en su reinserción social?
Reinserción, una mentira institucional
De acuerdo con la Enpol 2021, en Coahuila 49.7% de los internos considera que haber estado en prisión afectará negativamente sus posibilidades de reintegrarse al ámbito laboral una vez que salgan de prisión. Del mismo modo, solamente 24.2% manifestó que podría reconectarse con sus amistades y familiares, lo cual implica que la gran mayoría enfrenta rupturas significativas en su red de apoyo fuera del centro penitenciario.
Dentro de los centros penitenciarios en Coahuila, únicamente 22% de la población tenía la oportunidad de estudiar para obtener un nivel escolar; 86.4% de la población realizaba alguna actividad laboral, pero apenas 20.6% recibió beneficios no monetarios, como cartas de buena conducta o reducción de condena.
Aun cuando el discurso institucional trate de apuntar a la reinserción social como objetivo, la realidad demuestra que los esfuerzos no son suficientes. Casi la mitad de los internos cree que haber estado en prisión limitará sus posibilidades de conseguir empleo al salir, y la mayoría duda que podrá volver a integrarse a su entorno social. A esto se suma la escasa cobertura de oportunidades realistas de educación o empleo efectivo dentro de los centros penitenciarios.
Hablar de reinserción social resulta muchas veces una promesa vacía. Sin políticas públicas que aseguren acompañamiento, empleo, salud mental o redes de apoyo al egreso, la exclusión social se vuelve permanente.
Mientras no se desmonte el círculo vicioso de pobreza–violencia–exclusión, las cárceles seguirán siendo depósitos de miseria. Urge transformar el sistema punitivo en uno que repare tejidos sociales: la primera sentencia debe ser contra la desigualdad.
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