Redacción El Coahuilense
Por Gonzalo Villanueva Ibarra//CEDIL
Los pasos de gigante también pueden llevar a tropiezos con consecuencias fatales para los coahuilenses. En días pasados se actualizaron los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con llamativos resultados para las grandes ciudades de Coahuila en el primer trimestre del año.
Si organizamos los 2487 municipios del país y jerarquizamos el número de las denuncias por amenazas, encontramos este top5: León, Torreón, Iztapalapa, Saltillo y Puebla. Segundo y cuarto lugar nacional en amenazas denunciadas.
¿Es este el indicador que presumen las autoridades de Torreón y Saltillo? Los datos oficiales del SESNSP para el primer trimestre son asoladores y plantean una pregunta incómoda: ¿refleja una ciudadanía que por fin confía y denuncia?, ¿o una alarmante incapacidad del Estado para garantizar una convivencia pacífica básica, más allá de la lucha contra el crimen organizado?.
¿Qué es una amenaza?
De acuerdo con el artículo 282 del Código Penal Federal, una amenaza se define como cualquier acto por el cual se comunica la intención de infligir un daño a una persona, sus propiedades, su honor o sus derechos, o a aquellos de alguien con quien tenga un vínculo.
De manera similar, el artículo 265 del Código Penal del estado de Coahuila establece una pena de prisión de tres meses a tres años y una multa de 100 a 500 días para quien amenace a otro con causarle un perjuicio a su persona, sus bienes o sus derechos, o a la persona, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado.
En este sentido es necesario aclarar que los registros oficiales del SESNSP reflejan denuncias, no necesariamente la incidencia total, por lo que sería necesario considerar la llamada cifra negra.
En cuanto al número de denuncias por amenazas, Torreón se mantuvo casi igual entre 2024 (926) y 2025 (927). Sin embargo, Saltillo experimentó un incremento significativo, pasando de 592 denuncias en 2024 a 722 en 2025, lo que equivale a un aumento de 22% de un año para otro.
Tejido social roto
Más allá de si la gente denuncia más o menos, la pregunta fundamental es por qué tantos conflictos en Torreón y Saltillo escalan hasta el punto de la amenaza. En definitiva, estos datos son el reflejo de una compleja interacción de factores sociales, institucionales y urbanos.
Las amenazas pueden estar relacionadas con tensiones generadas por condiciones socioeconómicas. Aunque Coahuila tiene indicadores relativamente buenos en comparación con otros estados, las desigualdades internas en áreas urbanas como Torreón (zona metropolitana de La Laguna) y Saltillo pueden generar fricciones. Factores como el desempleo juvenil, la precariedad laboral o las disparidades de ingresos en ciertos barrios pueden ser catalizadores para conflictos que escalan a amenazas.
Aunado a estos factores, se suma el problema de la urbanización y la estructura del espacio urbano. Como señalamos en el número 59 de El Coahuilense Noticias, la forma en que crecen y se estructuran las ciudades influye en las interacciones sociales.
Como resultado de lo anterior se encuentran barrios con poca cohesión social, falta de espacios públicos seguros, o una segregación marcada que puede limitar la resolución pacífica de conflictos vecinales o interpersonales. La densidad poblacional en ciertas zonas, combinada con la falta de mediación formal o informal, puede aumentar la probabilidad de que las disputas escalen.
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Aunque las amenazas no son lo mismo que delitos de alto impacto como homicidios o secuestros, pueden estar relacionadas con el contexto de seguridad más amplio. En entornos donde la violencia general es percibida como una manera de resolver conflictos o imponer voluntades, las amenazas pueden volverse más comunes, ya sea como intimidación o como preludio de otras acciones violentas.
Dimensión política y responsabilidad
En última instancia, las elevadas cifras de denuncias por amenazas en las principales ciudades coahuilenses desnudan la brecha entre la seguridad pública tradicional y la seguridad ciudadana integral.
La responsabilidad política recae directamente en la capacidad (o incapacidad) del Estado, en sus niveles estatal y municipal, para ir más allá de la contención del crimen organizado y construir una paz social sostenible. ¿Dónde están las políticas públicas transversales que abordan la salud mental comunitaria, la mediación de conflictos vecinales, la prevención de la violencia de género (donde la amenaza suele ser un primer paso) y la creación de oportunidades reales que disminuyan la frustración social?
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El gobernador Manolo Jiménez, los alcaldes de Torreón y Saltillo, así como el fiscal general, tienen la tarea pendiente no sólo de reaccionar ante crímenes impactantes, sino también de prevenir y abordar de manera activa las dinámicas sociales que, como estas amenazas, afectan la calidad de vida y la confianza en las instituciones. Ante este problema, el silencio o las respuestas genéricas resultan insuficientes.
Consideraciones finales
En definitiva, que Torreón y Saltillo respiren un aire cargado de amenazas denunciadas es un síntoma que no podemos permitirnos normalizar. Si bien las causas son complejas, la inacción o la respuesta insuficiente por parte de las autoridades serían injustificables.
En esta columna seguiremos investigando, preguntando, exigiendo datos claros y respuestas concretas a quienes tienen la responsabilidad de garantizar no sólo la seguridad patrimonial, sino la paz social.
También hacemos un llamado a la academia y a las organizaciones civiles a profundizar en el análisis de este fenómeno. Entender y visibilizar esta violencia cotidiana es el primer paso para poder exigir, con fundamento, las políticas públicas integrales que Coahuila necesita para que la intimidación deje de ser parte del paisaje urbano. La seguridad real se construye también desterrando el miedo de la conversación diaria.
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