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La Fiscalía General de la República (FGR) está en posibilidad de detener a Óscar Fernando Villarreal Martínez, luego de que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México desechara los recursos de amparo promovidos por su defensa. Con ello, concluye un proceso judicial que se extendió por más de siete años.
Villarreal es requerido por autoridades mexicanas y estadounidenses. En el ámbito nacional enfrenta acusaciones por fraude agravado, tras denuncias presentadas en 2019 por la sofom Crédito Real, en relación con un proyecto hotelero e inmobiliario en Tulum, Quintana Roo.
Según consta en la carpeta de investigación CI-FPJC/74/UI-7 S/D/17347/10-2019, se le atribuye el incumplimiento de pagos por equipo en arrendamiento valuado en aproximadamente 3 millones de dólares.
La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ha mantenido vigente el caso, pese a que Villarreal intentó impedir su judicialización con recursos legales, entre ellos acusaciones por falsificación de firmas y la tramitación de amparos. Las autoridades han reactivado peritajes en grafoscopía y documentoscopía, además de audiencias ante notarios públicos.
En el plano internacional, la Corte Federal del Distrito Norte de Ohio lo señala por 21 cargos vinculados con fraude electrónico, lavado de dinero y defraudación fiscal, derivados de un presunto esquema fraudulento operado entre 2008 y 2013, que provocó pérdidas por más de 9.1 millones de dólares a 46 inversionistas estadounidenses.
Documentos judiciales describen el caso como un esquema Ponzi, mediante el cual Villarreal habría simulado pagos de rendimientos con recursos de nuevos inversores. En algunos momentos, también se habrían canalizado fondos provenientes de firmas mexicanas para enfrentar litigios en Estados Unidos.
En 2013, a pesar de estar inhabilitado para celebrar contratos con instancias gubernamentales, logró firmar un acuerdo por 165 millones de dólares con Pemex, por medio de la empresa Industrias Costa Mesa México (ICM México).
Para respaldar dicho contrato, gestionó un préstamo por 100 millones de dólares con las compañías Impulso Energía y MexOil, asociadas con los empresarios Eduardo Tricio Haro y Daniel Servitje Montull.
Personas cercanas al caso afirman que parte del capital fue desviado para cumplir con compromisos legales anteriores, sin ejecutar el contrato con la empresa estatal. Villarreal fue detenido en Tabasco en 2014, pero obtuvo su liberación tras convenir la cesión de activos a empresas acreedoras. Posteriormente, impugnó los términos de esos acuerdos.
Un intento de captura en Campeche, llevado a cabo por la FGR en 2024, no tuvo éxito. De acuerdo con fuentes judiciales, el empresario originario de Monclova, Coahuila, podría residir actualmente en San Miguel de Allende, donde se le vincula con proyectos inmobiliarios en la zona centro y en regiones vinícolas.
La resolución emitida por el tribunal en noviembre de 2023, que declaró como “cosa juzgada” la improcedencia de sus amparos, valida la orden de detención con fines de extradición, lo que permite a las autoridades proceder legalmente contra Villarreal.
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