Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) hicieron un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum, para que cumpla su compromiso público de revisar y fortalecer el mecanismo de las Alertas por Violencia de Género (AVGM).
Además, estas defensoras también externaron un llamado a la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, para que convoque de inmediato a las sesiones pendientes, garantice el cumplimiento de las medidas decretadas y transparente el rumbo que tomará este mecanismo vital para la vida y seguridad de miles de mujeres y niñas.
La AVGM sufrió cambios estructurales ante el lanzamiento de la Semujeres, pues ahora la secretaría asumió la responsabilidad de gestionar las alertas a través de la Dirección General de Políticas de Acceso a una Vida Libre de Violencia.
Una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es un mecanismo de respuesta en contra de la violencia feminicida (la forma más extrema de violencia contra las mujeres). Se trata de un compromiso con los derechos humanos de las mujeres, en el que se implementan una serie de acciones gubernamentales coordinadas, integrales, de emergencia y temporales realizadas entre las autoridades de los tres órdenes y niveles de gobierno para enfrentar esta violencia en un territorio determinado.
Estas defensoras condenaron los recientes casos de feminicidio ocurridos en diversas entidades del país, que reflejan «la grave crisis de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en México» y señalaron la ausencia de respuestas institucionales eficaces para prevenir y atender estas violencias.
Hay que recordar que la semana pasada, fueron asesinadas tres niñas y su madre en el estado de Sonora; Natalia, una niña del estado de México, desapareció después de acudir a un deportivo y posteriormente fue encontrada sin vida; y en Jalisco, Karla fue asesinada con un arma de alto calibre, por un conocido, estos delitos, no son casos aislados, afirmaron:
«Son parte de un patrón de violencia feminicida que se repite día con día en todo el país y es reforzado por un contexto de impunidad que arropa a los agresores».
Tan solo entre enero y mayo de 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 369 presuntos delitos de feminicidio y mil 387 homicidios dolosos de mujeres, lo que representa un promedio de más de 11 mujeres asesinadas al día. Estas cifras no sólo muestran la dimensión de la violencia, sino también el fracaso de las autoridades para proteger la vida y la integridad de las mujeres.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), observan «un preocupante desmantelamiento de instituciones y mecanismos diseñados para atender la violencia de género, como el mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)» y por eso advirtieron que esta omisión institucional «es inaceptable» y pone en riesgo la vida de miles de mujeres y niñas.
A 18 años de la creación de la AVGM, el mecanismo no cuenta con una metodología homologada de evaluación ni de seguimiento. Esta omisión impide medir su impacto y corregir fallas. Por eso advirtieron que las organizaciones peticionarias enfrentan serias resistencias institucionales para evaluar avances y ajustar las medidas decretadas, lo cual representa un retroceso inadmisible en la garantía de los derechos de las mujeres, en un contexto que requiere que el mecanismo de AVGM sea funcional para que coadyuve en la protección de las mujeres.
Asimismo, exhortaron a los 23 gobiernos estatales con AVGM activa que informen públicamente sobre las acciones que han implementado en el último año, los recursos destinados y los avances alcanzados, como lo señala la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia (LGAMVLV) en su artículo 23 incisos c, d y e.
“No podemos normalizar los casos de feminicidio ni aceptar que las instituciones encargadas de proteger a las mujeres sigan debilitándose. Exigimos respuestas inmediatas, coordinadas y con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Cada caso de feminicidio es una tragedia que pudo haberse evitado si el Estado hubiera actuado con responsabilidad y diligencia” afirma María de la Luz Estrada, directora del OCNF.
No olvidemos el contexto histórico. El 26 de noviembre de 2024, se aprobó la creación de la Secretaría de las Mujeres promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sustituyó al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), absorbiendo así sus funciones, las cuales se encontraban limitadas por acciones institucionales y presupuestarias. Oficialmente entró en funciones el pasado 1 de enero de 2025.
Antes de su extinción, la CONAVIM era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación cuya labor consistía en diseñar una política nacional para promover la cultura de respeto de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género. Fue creada en 2009 y tuvo un papel fundamental en el desarrollo de políticas públicas, así como de las Alertas por Violencia de Género contra Mujeres (AVGM) uno de los programas con mayor relevancia.
Las Alertas de Género y su operatividad
De acuerdo con el informe sombra «Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres: Ni armonización/ ni coordinación», entre 2013 y 2025 se han presentado 56 solicitudes de AVGM, de las cuales se admitieron 41 solicitudes y solo se han emitido 26 declaratorias de alerta de género, para 24 estados:
Dos en el Estado de México (una por violencia feminicida y otra por Desaparición), Nuevo León, Morelos, Nayarit, Chiapas, Michoacán, dos en Veracruz (una por violencia feminicida y otra por agravio comparado), Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, dos en Guerrero (una por violencia feminicida y otra por agravio comparado), Quintana Roo, Zacatecas, Oaxaca, Campeche, Durango, Jalisco, Puebla, Chihuahua, Sonora, Tlaxcala, Baja California Estado de México (por desaparición) y Ciudad de México (Declarada por Gobierno Local).
En contraste en 10 estados se determinó la improcedencia de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, siendo en Tabasco denegada por segunda ocasión: Guanajuato, Baja California, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Tabasco, Sonora, Yucatán, Coahuila, Ciudad de México y Tabasco.
En 5 estados se encuentran en alguna etapa del proceso de AVGM, Sonora (segunda solicitud violencia feminicida), Chihuahua (violencia feminicida), Ciudad de México (con la segunda solicitud por violencia feminicida), Tlaxcala (violencia feminicida) y Baja California (segunda solicitud violencia feminicida).
En 4 entidades están en proceso de determinación para la declaratoria de Alerta siendo Puebla (desaparición), Veracruz (desaparición), Sonora (AC) y Coahuila (VF). En cuanto a las solicitudes de ampliación de la AVGM, solo hay un procedimiento, que es el caso de Nuevo León y acerca de los estados que no han tenido algún proceso activo de solicitud de AVGM están Aguascalientes, Hidalgo, Tamaulipas y Baja California Sur.
Para la Ciudad de México, el 7 de junio de 2019 la SEGOB a través de la CONAVIM emitió improcedencia de la AVGM; sin embargo, la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, declaró la alerta el 21 de noviembre de 2019, siendo esta una decisión del ejecutivo de la capital.
Proceso y seguimiento de las solicitudes de alerta
De acuerdo con el informe, el proceso y seguimiento de las solicitudes de AVGM presentan avances formales, pero también graves limitaciones. La falta de claridad en los tiempos de cumplimiento, la insuficiente sistematización de datos y la débil articulación institucional ha impedido que este mecanismo opere con eficiencia en muchas entidades del país.
El proceso de solicitud de la AVGM comienza con la conformación de un Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) en el que participan diversas instituciones gubernamentales y organizaciones civiles. Este grupo se encarga de analizar los hechos expuestos en la solicitud y en un plazo de 30 días naturales, debe emitir un informe que incluyan propuestas de medidas para prevenir y erradicar la violencia.
Una vez entregado el informe al GIM, la declaratoria de AVGM debe resolverse en un plazo no mayor a 45 días naturales; sin embargo, no existe un límite normativo para la implementación o cumplimiento total de las medidas propuestas provocando una falta de certeza jurídica y seguimiento. Esta omisión en el marco legal ha generado demoras y ha dificultado la rendición de cuentas por parte de las autoridades responsables.
En varios estados donde se ha declarado improcedente la solicitud de AVGM, existe una preocupación por la ausencia de información sistematizada sobre la violencia feminicida que dificulta la identificación de patrones de violencia y limita la capacidad para exigir responsabilidades.
Las fallas en la articulación y coordinación de la AVGM
Aunque la legislación nacional establece un marco normativo que regula la AVGM para agilizar su proceso, los esfuerzos entre los niveles de gobiernos son desiguales. Uno de los principales obstáculos es la coordinación efectiva entre la federación, los estados y los municipios que fragmentan la implementación de medidas recomendadas.
Estados como Colima, Guerrero y Durango, los programas estatales y municipales no se alinean con las acciones establecidas en la declaratoria de AVGMA debido a la escasa articulación institucional como la limitada capacidad operativa de los municipios quienes no cuentan con personal capacitado, recursos o presupuesto suficiente.
A esto suma la falta de voluntad política en gobiernos locales que impide a los programas trascender más allá de lo discursivo. La alternancia política y los cambios administrativos interrumpen los esfuerzos iniciados, así como la falta de coordinación con mecanismos estatales en municipios. Como resultado, muchas acciones quedan sin ejecutar o aplicarse de manera ineficiente.
La falta de conocimiento de los decretos de AVGM por parte de las autoridades locales y la carencia de formación en perspectiva de género, refuerzan la ineficacia de las políticas diseñadas para prevenir la violencia feminicida. Algunos estados como Zacatecas han logrado avances importantes, pero se trata de logros parciales que no están acompañados por el respaldo presupuestal o estrategias de implementación.
Algunos estados que se destacaron en el informe gracias a documentación proporcionada por grupos de trabajo revelaron los siguientes panoramas:
Chihuahua: precariedad en los servicios de justicia, falta de programas municipales y violencia generalizada marcada por el crimen organizado, la impunidad y revictimización institucional hacia las mujeres.
Colima: creación de un «semáforo de cumplimiento» para dar seguimiento a las medidas recomendadas en los informes. Se busca facilitar la evaluación técnica y ciudadana del desempeño institucional.
Coahuila: identificación de problemáticas específicas como la alta maternidad infantil y adolescente y la falta de bancos de datos estatales que centralice la información sobre violencia de género.
Estado de México: ineficiencia en el sistema de justicia ante falta de diligencias en las investigaciones, uso indebido de figuras como la conciliación entre víctimas y agresores.
Veracruz: situación mixta en donde hay reapertura de expedientes y fortalecimiento de registros de violencia, sí como deficiencia en investigaciones de casos de feminicidio y homicidios dolosos.
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