Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.– Tras los recientes ataques del crimen organizado en contra de la comunidad de Cherán K’eri, ubicada en la meseta purépecha en Michoacán, sus habitantes se manifestaron para exigir acciones que frenen la violencia que padecen desde hace más de una década y este ataque no es un hecho aislado, forma parte de una violencia estructural que atraviesa el país de norte a sur, en estados como Chihuahua y Chiapas, afectando especialmente a comunidades indígenas y a mujeres defensoras de la tierra.
La comunidad indígena Cherán conformada por cerca de 22 mil habitantes, denunció que el pasado 2 de junio fueron atacados con armas de alto poder por un grupo delictivo aún no identificado. El atentado dejó un saldo de una persona muerta y otra herida. A través de un comunicado, la comunidad denunció que esto representó “un golpe directo al corazón de nuestra autonomía y de todos los pueblos que luchamos por defender la vida”.
En todos estos territorios, su entorno se ha visto afectado por intereses económicos que buscan apropiarse de los recursos naturales, lo que ha obligado a estas comunidades a vivir bajo constantes agresiones, tener que desplazase e incluso perder la vida. De acuerdo con datos de IM-Defensoras, entre 2012 y 2024 se contabilizaron 9 mil 629 agresiones contra mujeres defensoras y organizaciones que protegen el territorio en Mesoamérica, 35 de ellas fueron asesinadas.
Manifestaron que esta agresión es consecuencia de la escalada de violencia en Michoacán, donde el crimen organizado se disputa los territorios con total impunidad, ante el abandono total de las autoridades estatales y federales.
La comunidad ha reiterado que la lucha contra el crimen organizado no es reciente, sino que tiene raíces históricas. En 2011, la comunidad de Cherán expulsó a los Caballeros Templarios e instauró un sistema autónomo de gobierno. En esa resistencia, las mujeres jugaron un papel fundamental, tanto dentro como fuera del movimiento: detuvieron a talamontes, organizaron asambleas comunitarias y alentaron a su gente a defenderse, a pesar de las amenazas. “¡Cuando acabemos con el bosque, iremos por sus mujeres!”, advertían los talamontes.
Comunidad de Tzajalch’e
Un caso similar se vive en la comunidad de Tzajalch’e, Chiapas, donde la organización Las Abejas de Acteal ha denunciado desde hace años la presencia de grupos armados vinculados al crimen organizado. Uno de los ataques más recientes ocurrió hace apenas un mes, se registraron varias detonaciones de arma de fuego desde un monte cercano, ubicado a solo 400 metros de una escuela y una iglesia
Esta situación de violencia en el territorio fronterizo de Chiapas se agravó para la población civil, desde julio del 2024. Hubo bloqueos en sus calles y cortes de electricidad, hasta ataques directos y reclutamiento forzado. Pese a ello, ante el crecimiento de violencia, esta no ha sido atendida ni frenada por el gobierno en turno.
Cimacnoticias documentó en el reportaje “Soy una niña desplazada. Infancias como víctimas de conflictos armados en Chiapas” cómo, desde hace tres años, la disputa territorial en la frontera de Chiapas ha provocado enfrentamientos armados constantes en municipios de las regiones Sierra Mariscal y Frailesca, poniendo en riesgo la vida e integridad de 161 mil 570 niñas, niños y adolescentes.
Comunidad Tzajalch’en y Las Abejas de Acteal denuncian agresión armada en su contra
Coloradas de la Virgen, Chihuahua
En el norte del país, otra de las zonas afectadas por el crimen organizado es Coloradas de la Virgen, ubicada en la Sierra Tarahumara, Chihuahua. Este territorio, rico en recursos naturales, ha sido blanco del acoso de caciques locales, intereses privados y grupos narcotraficantes. Como consecuencia, muchas familias han sido desplazadas forzadamente.
Las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara,ralámuli, ódami, warijó y oichkama, enfrentan una persistente violencia por la tala ilegal, el saqueo de recursos hídricos, forestales, minerales y escénicos. Ante las constantes amenazas, varias defensoras de derechos humanos y sus familias han tenido que abandonar sus hogares para resguardar su seguridad.
La Relatora Especial sobre los derechos humanos de los Desplazados Internos, en su informe de 2023, señaló que el desplazamiento interno en México afecta desproporcionadamente a los pueblos indígenas. Aunque representan el 10% de la población total, estos pueblos constituyen el 40% de los casos de desplazamiento registrados.
Actualmente quienes viven en calidad de desplazamiento interno, lo hacen en condiciones de hacinamiento en refugios que no cumplen con los estándares mínimos para ser considerados viviendas dignas y seguras.
Indígenas raramuris, defensoras de la Sierra Tarahumara. Caso Coloradas de la Virgen
Exigencias del Cherán
Hoy, 15 años después, la lucha de las y los purépechas no ha cesado. Ante el atentado que sufrieron, se manifestaron a las afueras del Palacio Estatal con un pliego petitorio en mano para exigir el respeto a sus derechos. Además advirtieron que si sus demandas no son escuchadas, realizarán un plantón permanente en la avenida Madero de Morelia.
Una de sus principales demandas fue garantizar condiciones laborales dignas para los integrantes de las rondas comunales, incluyendo un salario justo, equipamiento adecuado, apoyo inmediato y capacitación técnica que respete su autonomía operativa. Cabe subrayar que estas rondas han sido fundamentales en la defensa del territorio, al enfrentar durante años los ataques del crimen organizado.
Asimismo solicitaron apoyo para la conservación de su territorio, el cual se ha visto afectado a causa de la tala desmedida. Pese a que esta problemática ha sido planteada al gobierno reiteradamente, no ha sido escuchada, por ello han tenido que hallar bajo sus propios recursos la solución ante esta situación que persiste.
Por otra lado, se demandó un registro completo y público de las víctimas directas e indirectas; justicia restaurativa para las familias afectadas, con un enfoque comunitario y culturalmente pertinente. Además de demandar un compromiso institucional para la búsqueda de personas desaparecidas en la región purépecha.
A su vez, se solicitó fortalecer las barricadas comunitarias y colocar mejores puntos de vigilancia a través de instalaciones de luz, cámaras de seguridad y señalización adecuada. Asimismo pidieron que las mesas de trabajo con el Gobierno Federal, se queden instauradas de forma permanente y sean llevadas a cabo dentro de su territorio con la finalidad de crear políticas públicas en materia de seguridad, justicia y autonomía
Integrantes de la comunidad advirtieron que si sus demandas no son escuchadas, realizarán un plantón permanente en la avenida Madero de Morelia. Además se solicitó que la administración actual, ofrezca una disculpa, pues el día que transcurrió el ataque, las declaraciones que se emitieron revictimizaron a la comunidad.
En conjunto con estas exigencias, expusieron que ya previamente grupos políticos han tratado de echar abajo los autogobiernos comunales porque afectan los intereses partidistas, pues desde el acontecimiento del 2011, no solo se expulsaron a los criminales sino también al gobierno municipal porque estaba coludido con criminales.
Pese a que se señaló que, durante la manifestación, una comitiva ya había ingresado al palacio del gobierno estatal para reunirse con algún funcionario de gobierno, aún no se ha declarado si se lograron establecer acuerdos que beneficien a la comunidad de Cherán y contengan la violencia ejercida por el crimen organizado para restablecer la seguridad y la paz en la comunidad purépecha.
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