Brenda Macías
Por Brenda Macías
Cada junio se llenan las calles de banderas arcoíris, las instituciones se visten de inclusión y el discurso oficial se esfuerza por demostrar que México avanza en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQA+.
Pero en medio de esta narrativa celebratoria, hay una realidad que grita desde los márgenes: los crímenes de odio, particularmente contra mujeres trans, no sólo no han disminuido, sino que van en aumento.
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Este contraste entre los logros legales y la brutalidad cotidiana no es anecdótico: es estructural. Expone la profunda desconexión entre los marcos jurídicos y la experiencia real de quienes viven en cuerpos, deseos e identidades que siguen incomodando al orden social.
De acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT –en el que participa la Fundación Arcoíris, dirigida por la destacada académica Gloria Careaga–, entre 2014 y lo que va de 2025 se han documentado al menos 739 asesinatos y desapariciones de personas de la diversidad sexual y de género en México. La cifra, alarmante por sí sola, oculta además la dimensión de la impunidad y el silencio institucional.
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Las mujeres trans encabezan las estadísticas de violencia letal. No por azar. Las causas están ancladas en un sistema que sigue negando su humanidad: falta de registros oficiales, ausencia de tipificación clara en los códigos penales estatales, indiferencia en las fiscalías, prejuicios sociales normalizados y una justicia que no se piensa con perspectiva de género ni de diversidad.
Y si a eso sumamos las violencias cotidianas –esas que no hacen titulares pero que erosionan vidas enteras– el panorama es aún más desolador. Lo ha advertido el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México: las mujeres trans enfrentan barreras sistemáticas en el acceso al trabajo, la salud y la educación.
La Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021 es contundente: 18.8 % de las mujeres trans ha sido discriminado en el acceso al empleo, frente a sólo 4.3 % de las mujeres cisgénero.
Entonces, ¿de qué sirven los avances legales si no alcanzan a transformar la vida real de las personas? Celebrar el matrimonio igualitario en todo el país –vigente desde octubre de 2022– es sin duda un logro. Pero si seguimos contando asesinatos, desapariciones y exclusiones como si fueran una estadística inevitable, estamos fallando.
Como ha dicho le doctore César Torres Cruz, secretarix académicx del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, el principal desafío de la población LGBTIQA+ hoy es el combate al estigma, ese que sigue moldeando las instituciones desde el machismo, la heteronorma y el miedo a lo diferente.
La educación con enfoque de género y diversidad no es una ideología, como repite la maquinaria neoconservadora, sino una apuesta por la vida. Por la dignidad. Por el derecho a existir sin miedo.
Y sí, la UNAM está haciendo un trabajo importante para resistir los embates de quienes sueñan con un país monocorde, normado por el prejuicio. Pero el reto es colectivo. Porque el orgullo no basta si seguimos contando muertes y desapariciones.
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