Ana Castañuela
Ana Castañuela y Katya Gonzalez
La empresa coahuilense, Constructora Mayrán de San Pedro, S.A. de C.V. se ha convertido en la coahuilense favorita de la “Cuarta transformación” en el contratismo de obras de infraestructura, a pesar de las diversas anomalías e irregularidades detectadas, entre estas incumplimiento en proyectos, así como señalamientos por desvío de dinero y tráfico de influencias.
Actualmente, de acuerdo con el Registro Público del Comercio, en la lista de accionistas de la Constructora Mayrán, figuran los nombres de Salvador Sánchez Sifuentes, Gabriel Guadalupe Sánchez Garza, Jorge Alberto Sánchez Garza, Víctor Sánchez Garza, y el socio mayoritario Ricardo Humberto Sánchez Garza.
Este último posee acciones en seis empresas más, cinco de las cuales están dedicadas a la construcción:
Industrial de Asfaltos y Pavimentos S.A de C.V (IAPSA) administrada por Jesús Manuel Sánchez Garza; SUBES, S.A. de C.V.; Rosaga Construcción, S.A. de C.V.; GARUPA S.A. de C.V., Anchor Latam S.A. de C.V. y una más dedicada a la venta y fabricación de bebidas denominada como Jugos Sangar, S.A. de C.V.
La empresa ha conseguido en contratos de obras más de 5 mil millones de pesos en los últimos años en los tres órdenes de gobierno, de acuerdo con el registro de contratos de la organización Poder, “Quién es Quién. Wiki”.
Según la Proposición con punto de acuerdo presentada en 2019 por el diputado Edgar Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria “General Francisco L. Urquizo”, en Coahuila, la constructora Mayrán acumula diversas irregularidades, por lo que solicitó una investigación por presuntos actos de corrupción, desvío de dinero y tráfico de influencias en contra de la Constructora Mayran de San Pedro S.A de C.V.
Aunque el punto de acuerdo fue aprobado, hasta ahora no se han publicado conclusiones de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, ni de la Unidad de Inteligencia Financiera local, que desde su creación hasta hace unas semanas, estuvo a cargo de Jorge Luis Morán.
Las claves del éxito
En el documento presentado por el hoy ex diputado se denunció que hasta el año 2019 la empresa se vio beneficiada con más de 5 mil millones de pesos mexicanos en obras, con el apoyo de distintos legisladores, así como funcionarios municipales, federales y estatales.
Fueron varios los delegados federales que contribuyeron en el desvío de dinero público a cambio de presuntamente recibir remuneraciones económicas y favorecer a la constructora, según el legislador.
El testimonio de Edgar Sánchez, además de su exigencia de investigación, se basa en el conocimiento que dice tener de las actividades de los dueños de la constructora, quienes son sus familiares.
Según el hoy exlegislador, la clave de la constructora está en los vínculos de sus propietarios, conocidos en la Laguna como “Los Sánchez”, con el actual funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y exfuncionario de la Secretaría de Gobernación, Javier Guerrero García, quien habría utilizado sus diversas posiciones políticas e influencias para beneficiar con contratos millonarios a la empresa.
Además, según el perredista, Javier Guerrero es socio fantasma, lo que le permite tener remuneraciones económicas significativas.
“Su campaña para candidato a gobernador del estado de Coahuila en 2017 fue financiada por la Constructora Mayrán de San Pedro”, aseguró.
“Uno de los socios principales de Mayrán comentó que gracias a las influencias de Javier Guerrero la empresa ha tenido acercamientos con el diputado federal Javier Borrego y el delegado de Coahuila Reyes Flores Hurtado, a quienes ha invitado a tomarlos en cuenta en la asignación de obras federales, además de conseguirles citas con el director de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE)”.
Javier Guerrero García tiene una larga carrera política: inició en el PRI en 1982, ocupando diversos cargos técnicos y administrativos; por ese partido fue presidente municipal de San Pedro de las Colonias en los años ochenta; ha sido cuatro veces diputado federal, fue secretario de Finanzas durante el gobierno de Enrique Martínez y Martínez; subsecretario de Desarrollo Social federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto, bajo las órdenes de Rosario Robles y, finalmente, después de numerosos cargos partidistas, renunció a su militancia en el PRI para postularse a la gobernatura del estado como candidato independiente.
En 2018 se desempeñó como coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en Coahuila.
Al iniciar el sexenio, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo integró a su equipo, un período breve en el que, sin embargo, la Constructora Mayrán de San Pedro obtuvo importantes contratos con un órgano sectorizado: el Instituto Nacional de Migración (INAMI), que les asignó la construcción de los centros de detención de migrantes en todo el país.
El Coahuilense consultó a Javier Guerrero sobre los señalamientos, la relación con la empresa y con la familia Sánchez:
“No tengo ninguna relación con la empresa. Es una familia muy conocida en San Pedro. Son amigos míos desde hace muchos años, conocí a sus padres e inclusive el papá de Edgar (el perredista). Y hasta ahí”, respondió.
Respecto a los dichos de Edgar Sánchez, agregó:
“Niego absolutamente (tener vínculo con los contratos). Quien acusa tiene que probar siempre. Es una irresponsabilidad que diga cosas que no puede probar. Si dice algo que lo pruebe. Mi relación con ellos es de muchos años”, puntualizó.
San Pedro de Los Sánchez
La Constructora Mayrán de San Pedro y otras empresas de “Los Sánchez” se han visto beneficiadas con diversas obras cuyos montos ascienden a cantidades millonarias aunque existen señalamientos de que no se llevaron a cabo.
En su oportunidad negaron haber financiado la candidatura de la anterior alcaldesa de San Pedro de las Colonias, Ana Isabel Durán Piña, aunque las auditorías en ese municipio siguen su curso por obras pagadas y presuntamente no realizadas.
Edgar Sánchez afirma que las otras empresas de los Sánchez Garza operan con prestanombres, y que se utilizan para cometer actos de corrupción y desvío de dinero a la empresa RICMAN, con el propósito de evadir el pago de impuestos y no dar de alta a sus empleados, a quienes no les pagan lo correspondiente.
Durante el período del hoy ex alcalde de San Pedro, Juan González González, la empresa tuvo ingresos por más de 100 millones de pesos por supuestas obras de pavimentación, mismas que no fueron realizadas, dijo.
Los contratos guinda
A partir del año 2018, la constructora mostró un importante incremento en contratos nacionales adjudicados por Capufe y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, si bien es cierto, por licitación pública, son sumas que rebasan los 70 millones de pesos.
Entre los contratos destacan dos del Instituto Nacional de Migración, para el mantenimiento o remodelación de 74 instalaciones migratorias en todos los estados de la República que se le asignaron por adjudicación directa, es decir, sin concurso.
El primero de los contratos fue por un monto cercano a los 513 millones de pesos en febrero de 2020, y el segundo, en mayo de 2021, por 119 millones 879 mil pesos para servicios que estaban contemplados dentro del primer contrato. Ante esto, el INAMI se acogió a la clausula de excepción por riesgo para la seguridad nacional y/o seguridad pública, para no hacerlos públicos.
Dentro de los contratos más grandes que figuran en los registros del sistema electrónico de información pública gubernamental en materia de contrataciones públicas, COMPRANET, se encuentra:
Un contrato para modernización y ampliación mediante la construcción de terracerías, drenaje y subdrenaje, pavimentos y señalamiento, en la carretera San Buenaventura – Estación Hermanas, en el estado de Coahuila en el año 2018 por un monto de 68 millones 569 mil 355.97 pesos; figura también un contrato por tratamiento superficial a base a de bacheo en ambos cuerpos del tramo Plan de Ayala-El Porvenir de la autopista Saltillo–Torreón en el mismo año, por un monto de 27 millones 193 mil 360.65 pesos.
En 2019 hay registro de un contrato por trabajos de conservación y mantenimiento de entronques en la autopista México-Querétaro, por un monto de 31 millones 010 mil 104.77 pesos.
En 2020, se encuentra uno por ampliación del camino existente a 12.00 metros de corona; mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento asfáltico, obras complementarias y señalamiento del tramo Acatlán – Crucero a Tapalpa, en la carretera Acatlán – Ciudad Guzmán, en el estado de Jalisco por un monto de 28 millones 005 mil 407.51 pesos.
En 2021, se le otorgó el contrato por conservación periódica del Libramiento de la autopista Cabo San Lucas – San José del Cabo, incluyendo los tramos entronque San José- Entronque Corral de Piedra y del Corral de Piedra a la plaza de cobro El Mangle por un monto de 73 millones 961 mil 691.03 pesos.
Y en 2022 destaca el contrato por conservación periódica mediante trabajos de recuperación en frío de pavimentos asfálticos y carpeta con mezcla asfáltica densa de alto desempeño nivel II, con una meta de 7.0 km. En el límite de los estados de Zacatecas y Durango. – Cuencamé, carretera: Zacatecas – Torreón, en el Estado de Durango por un monto de 38 millones 072 mil 076.96 pesos.
Las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación encontraron que la Constructora Mayrán de San Pedro es incumplida, sucia y malhecha.
Entre las irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador, por ejemplo, sobresalen las obras de mantenimiento Cautrocienegas/ San Pedro entre 2017 y 2018, entre las que figuran: trabajos fuera de plazo del contrato, presencia de material de desecho en el tramo, falta de limpieza en obras de drenaje y trabajos fuera de plazo.
Por la obra de rehabilitación en la autopista Monterrey- Nuevo Laredo, se muestran irregularidades por pagos injustificados e incumplimiento de las especificaciones del contrato, así como obras agrietadas, material de desecho acumulado en camellones y defensa metálica colocada indebidamente sin atornillar.
A pesar de todo, la constructora no ha sido inhabilitada en ninguno de los órdenes de gobierno a los que sigue sirviendo como contratista.
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