Fiscalía de Coahuila ocupa 4to lugar en incumplimiento de recomendaciones de CNDH

febrero 7, 2024
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Foto: Especial

La Fiscalía General (FGE) de Coahuila está entre los órganos procuradores del estado con más pendientes en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El informe anual de resultados de la CNDH evalúa el impacto de sus acciones y el uso de herramientas como las recomendaciones con las que insta a las autoridades a abordar casos de violación de los derechos humanos.

Respecto al análisis de las recomendaciones, la CNDH identifica a nivel nacional cinco fiscalías estatales con el mayor número de recomendaciones pendientes, entre las que se encuentra la Fiscalía de Coahuila.

Estas recomendaciones se derivan de violaciones que abarcan desde dilaciones en procesos judiciales hasta abusos de fuerza y falsas acusaciones.

La Fiscalía de Veracruz encabeza la lista con 20 recomendaciones en trámite, seguida de las fiscalías de Guerrero y Chiapas con 12 cada una, Coahuila con nueve y, finalmente, la Fiscalía de Morelos con ocho.

Las recomendaciones representan una herramienta fundamental para proteger los derechos, ya que facilitan la reparación de daños y establecen medidas para prevenir futuras violaciones.

Sin embargo, su implementación a menudo enfrenta obstáculos, como evidencia el caso de las recomendaciones 68 y 69/2023 dirigidas a la FGE de Coahuila, relacionadas con maltrato a migrantes y deficiencias en investigaciones sobre un fallecimiento en el Cefereso 18, emitidas varios años después de los incidentes.

De acuerdo con la CNDH, la falta de presupuesto es uno de los principales impedimentos para el cumplimiento integral de estas recomendaciones.

“Esto se refleja en el estado que guardan las recomendaciones en trámite, estando pendiente su conclusión por la falta del pago en su mayoría, lo cual evidencia la inoperancia del modelo que tenemos actualmente, pero también la necesidad de revisar la Ley General de Víctimas y de los instrumentos y mecanismos de atención a víctimas”, concluyó el informe.

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