Redacción El Coahuilense
Gerardo Vargas Landeros, alcalde desaforado de Ahome, fue vinculado a proceso penal el pasado 4 de junio por abuso de autoridad y delitos cometidos por servidores públicos, dentro de la causa penal 830/2025.
El juez de control, Carlos Alberto Herrera, determinó la vinculación del exalcalde a proceso y concedió tres meses adicionales para la investigación complementaria, ordenándole firmar periódicamente y prohibiéndole salir del país.
Durante la audiencia celebrada en la sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral en Culiacán, la fiscalía imputó a Vargas Landeros por no cumplir con la Ley de Adquisiciones, tras haber celebrado el contrato de arrendamiento de 126 patrullas por 171 millones 451 mil 932 pesos sin una licitación pública.
La investigación ha revelado que el contrato DA-Arrendamiento-018-2021, adjudicado el 9 de diciembre de 2021, fue subarrendado al día siguiente por la empresa Grinleasing SAPI de CV a Casanova Vallejo, empresa propiedad de los hermanos Carlos y Joaquín Echenique Casanova.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción presentó el esquema de triangulación en la carpeta de investigación FGE/FECC/09/2024/CI, la cual formó parte de la solicitud de desafuero de Vargas Landeros.
Según la investigación, la participación simultánea de Casanova Vallejo evidenció que Grinleasing carecía de la capacidad operativa y financiera para cumplir con el objeto del contrato, lo que obligó a la empresa a recurrir a un tercero, afectando el patrimonio municipal. Los fiscales sostienen que esta situación se habría evitado si se hubiera realizado un adecuado análisis de mercado y la debida diligencia sobre Grinleasing, una empresa de reciente creación sin historial que justificara su solvencia o experiencia.
El mismo mecanismo de arrendamiento irregular fue documentado en Culiacán, durante la gestión del exalcalde Jesús Estrada Ferreiro, quien firmó un contrato similar para el arrendamiento de 40 camiones recolectores de basura. Dicho acuerdo dio pie a otro proceso penal, que aún se encuentra en curso contra Estrada Ferreiro.
A pesar de las sanciones y controversias, los registros de Compranet indican que Casanova Vallejo ha seguido contratando con el gobierno. Entre 2022 y 2025, la empresa ha suscrito 84 contratos con dependencias federales, por un monto total superior a 519 millones de pesos.
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